Grave emergencia

Increíble. Cuatro días después de registrada la emergencia en el corregimiento de San Luis, apenas conocemos la magnitud de la tragedia que se extendió además a otras zonas campesinas altamente productivas como Aipecito y Chapinero. Increíble. Cuatro días después de registrada la emergencia en el corregimiento de San Luis, apenas conocemos la magnitud de la tragedia que se extendió además a otras zonas campesinas altamente productivas como Aipecito y Chapinero. Las avalanchas provocadas por crecientes súbitas, según los propios campesinos damnificados, son cuantiosos en unas 30 veredas, aisladas por 300 derrumbes. Además, se suman los estragos causados en numerosas viviendas, en los acueductos rurales, incluso sin estrenar, en las escuelas, puenteas y cultivos. Y por supuesto deja por lo menos 300 damnificados, un muerto y tres desaparecidos, lo que representa la cara social de la tragedia que sigue sin atenderse. Lo que más sorprende es la lentitud del Consejo Departamental de Gestión del Riego para manejar a control remoto desde sus cómodos escritorios una emergencia con un gran impacto. No es posible, que sean los propios campesinos los que hayan tenido que desplazarse, en medio de una odisea para reportar la tragedia que padecen. Y más sorprendente: ninguno de los damnificados han recibido atención humanitaria. Cuatro días después de la tragedia no se tienen censos  completos ni  registros de damnificados; no se dispone de un plan integral para la recuperación y reconstrucción de las regiones afectadas. La improvisación en la atención social de la emergencia ha sido evidente. Aunque la estrategia de apoyo debe enfocarse en primer lugar en el componente humanitario para aliviar temporalmente los efectos de la emergencia,  la solución definitiva es garantizar la reconstrucción de las zonas impactadas. La magnitud de los daños demuestra la alta vulnerabilidad del Huila, el desequilibrio ambiental, la ausencia de una gestión integral para identificar la mitigabilidad y enfrentar oportunamente los efectos sociales y evitar la prolongación de la tragedia. No existen planes de contingencia que defina líneas de acción inmediata. Tampoco análisis de riesgos. El Huila sigue siendo vulnerable y la gestión integral del riesgo deja mucho que desear. Si bien, se solicitó la declaratoria de calamidad pública para poder acometer inversiones, las acciones siguen siendo tardías, mientras decenas de familias campesinas, sumidas en el abandono, sigan implorando el apoyo oficial para superar la emergencia. ¿Dónde están las entidades oficiales? ¿Dónde la acción coordinada para atender a los campesinos afectados? ¿Dónde están los organismos de control? La gravedad lo que está pasando, amerita una intervención inmediata. “No es posible, que sean los propios campesinos los que hayan tenido que desplazarse, en medio de una odisea para reportar la tragedia que padecen”. Editorialito Adjudicado el contrato de restaurantes escolares a Comfamiliar, el único proponente, con una cuantiosa inversión, el camino es asegurar que se ejecute con las exigencias técnicas que los menores requieren. El contratista tiene la obligación de garantizar que sea de la mejor calidad.