Los miembros de la junta administradora de la vereda Potrerillos en Gigante (Huila) fueron sancionados con una cuantiosa multa por impedir la terminación de las obras de ampliación del acueducto veredal y desatender una orden judicial para compartir el servicio de agua con otras dos veredas.
RICARDO AREIZA
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Aunque parezca insólito, después de seis años, la primera guerra por el agua declarada en la región de Potrerillos en Gigante (Huila) sigue más viva que nunca.
Un pacto de cumplimiento logrado en el trámite de una acción popular promovida por la Personería para compartir el precioso líquido no logró frenar los enfrentamientos entre las tres veredas de Potrerillos, Los Altares y La Guandinosa.
Tampoco permitió la terminación de las obras de ampliación y rehabilitación del acueducto veredal que debieron entregarse en junio de 2019.
A pesar del acuerdo logrado en el trámite de una acción popular, promovida por la personera Pilar Quimbaya Velandia, la junta administradora del acueducto veredal se apartó del pacto. Argumentan que el acueducto se abastece de la quebrada ‘Las Vueltas’, afectada por los bajos caudales que se vuelven dramáticos en épocas de sequía.
“Nuestra preocupación reside en que el volumen de agua es insuficiente para las tres veredas (especialmente en épocas de sequía); por ese motivo, todos podemos vernos seriamente afectados”, afirmó Joselito Montealegre, presidente de la Junta Administradora.
En su criterio, la quebrada Las Vueltas que surte el acueducto veredal, está siendo impactada por numerosas concesiones de agua, otorgada a particulares para cultivos, para ganadería y para alimentar lagos antes de la bocatoma, sin ningún control. Esta situación, sumada a las épocas de verano, reduce considerablemente el caudal, aseguraron los opositores.
“La CAM certificó que ese caudal es suficiente para 1.500 usuarios y en este momento entre todos sumamos unos 560 personas en las tres veredas”, apuntó Misael Navia, vocero de La Guandinosa.
Compromisos
El alcalde de Gigante se comprometió a realizar, previo un estudio técnico, las acciones para optimizar el acueducto, ampliar el tanque de almacenamiento e iniciar los trámites para contratación antes de diciembre de 2018.
El pacto de cumplimiento fue aprobado por el Tribunal Administrativo del Huila el 10 de septiembre de 2018.
La Junta Administradora, propietaria del acueducto se marginó del acuerdo e interpuso el recurso de apelación, rechazado por extemporáneo el 3 de octubre de 2018. El 21 de noviembre de 2018 la Personera de Gigante, promovió incidente de desacato contra la Junta Administradora del Acueducto de Potrerillos por desatender el acuerdo.
El 14 de diciembre el magistrado Ramiro Aponte inició el trámite del incidente.
Lo pactado
Según el acuerdo, la Alcaldía debía contratar los estudios y diseños para optimizar y reformar el actual acueducto de Potrerillos. En el evento de que los estudios lo recomienden, reconstruirá o ampliará el actual tanque de almacenamiento.
También contempló la ampliación del acueducto hacia La Guandinosa y Los Altares siguiendo el trazado antiguo (con el fin de no romper las vías del centro poblado de Potrerillos.
Adicionalmente, se convino la actualización de los precios pactados en el contrato 011 de 2013 y la firma del contrato para optimizar el acueducto de Potrerillos.
Las contrataciones se realizarán durante la vigencia fiscal 2018 pero las obras debían ejecutarse antes de terminar el primer semestre de 2019.
La Junta Administradora del Acueducto de Potrerillos se comprometió a facilitar el desarrollo de las obras, pero finalmente desconoció el acuerdo y se radicalizó.
Vías de hecho
La oposición sistemática terminó en vías de hecho y en duros enfrentamientos que degeneraron en acciones judiciales y denuncias penales. El alcalde Iván Luna denunció penalmente a los miembros de la junta administradora, lo que generó un mayor distanciamiento. Incluso provocó la intervención de la Policía para evitar la destrucción del sistema.
En septiembre de 2018, la Personera y el director de justicia y 12 unidades del escuadrón “Cobras” (personal motorizado de la Policía Huila), llegaron al lugar para facilitar la continuación de las obras. Pero no pudieron. Unas 40 personeras enfrentaron a la fuerza pública. La tubería fue instalada pero no permitieron que se conectara al tanque principal. La intervención de las autoridades ambientales, de los organismos de control y del concejo resultó infructuosa.
Dirigentes de Potrerillos afirmaron que “el acueducto es privado y merced a dicha circunstancia la administración no puede disponer de él de manera unilateral”.
“Por esa razón decidimos ejercer el derecho a la protesta social. El alcalde quiere pasar por encima de la comunidad y eso no lo vamos a permitir. Además, nunca socializó el proyecto”, anotó Joselito Montealegre, presidente de la Junta Administradora.
Controversia
Los dirigentes comunales de Potrerillos afirmaron que el Municipio desatendió la orden judicial, en su criterio, porque no contrató los estudios y diseños actualizados para optimizar y reformar el actual acueducto veredal. Además, afirmaron que la administración municipal pudo incurrir en un detrimento patrimonial, al suscribir en abril del año pasado un contrato para el mejoramiento del desarenador y aducción de la planta de tratamiento del sistema.
El alcalde Josué Manrique Murcia aseguró que la optimización y ampliación del acueducto se comenzó a ejecutar tal como se comprometió, de acuerdo con los estudios técnicos. Sin embargo, advirtió que la junta administradora, ha interferido en su construcción, desatendiendo la orden judicial.
“Aunque se comprometieron a colaborar y a no interferir en la culminación de las obras, no lo hicieron. Por esa razón, no fue posible ejecutar la conexión de la tubería con la planta de tratamiento de agua potable”, aseguró el funcionario, quien dejó el cargo el 31 de diciembre pasado.
Las obras fueron iniciadas en el 2013, según Contrato No. 11 de ese año) y el resto desde el 4 de junio de 2019 (Contrato 149 de 2019), de acuerdo con los estudios técnicos realizados con anterioridad según contrato interadministrativo No. 221 del 24 de octubre de 2016.
Ante la renuencia de la comunidad, la administración declaró la utilidad pública de un lote de propiedad de uno de los miembros de dicha Junta, donde se ubica la planta de tratamiento. (Decreto 023 del 4 de febrero de 2019).
El acto administrativo fue expedido, previamente facultado por el Concejo para proceder con la enajenación voluntaria o en su defecto, con el trámite administrativo de expropiación del predio.
“Sin embargo, añadió, no ha sido posible culminar la ejecución del contrato 011 de 2013, porque se han presentado dificultades con los habitantes y con la junta administradora del acueducto”.
Curiosamente, la Procuraduría Provincial de Garzón, garante del acuerdo, tampoco realizó el debido seguimiento y se limitó a solicitar a las entidades la respectiva información. Por el contrario, cuestionó a la administración por insistir en la ejecución de las cobras “de manera arbitraria y a la fuerza”.
Vandalismo
Una vez se reiniciaron las obras, algunos miembros de la comunidad, sin autorización, modificaron los diseños y alteraron sin permiso la tubería.
Las anomalías están soportadas en un documento preparado por la personera, Entre otras, detectaron cambios en el encofrado de la tubería, modificación de las cámaras de quiebre cerca de la planta de tratamiento, reduciendo el caudal del agua y reducción de la tubería de 6 a 3 pulgadas en una de las cámaras de quiebre. Estos cambios confirmados por los operarios afectarían el normal funcionamiento del sistema.
“No se pudo cumplir el cometido, porque ni siquiera la Policía Nacional pudo controlar los actos vandálicos y las amenazas de algunos miembros de la comunidad”, aseguró Guillermo Hernández Rubiano, el maestro encargado de ejecutar la obra.
Los hechos ocurridos originaron un consejo extraordinario de seguridad, en donde se planteó la posibilidad de iniciar varias capturas para facilitar la culminación de las obras.
“A manera de solución se contempló la posibilidad de realizar capturas, y resolvieron que el maestro de obra debía informar a las autoridades de policía cualquier irregularidad que se presentara; y se comprometieron a brindarle acompañamiento diurno durante 20 días, desplegando al sector un grupo que oscilaría entre 10 y 18 policías”, reseña el acta de la reunión.
“Los miembros de la junta administradora del acueducto han obstaculizado la ejecución de las obras, y que se han realizado más de 15 reuniones sin poder concitar algún acuerdo”, afirmó el secretario de Planeación Francisco Javier Cubillos, supervisor del contrato de obra.
“Se realizaron varios consejos de seguridad para adoptar medidas de protección del maestro de la obra y la ejecución de la misma. Sin embargo, los miembros de la junta continuaron instigando a los moradores y ejerciendo oposición a través de mujeres embarazadas, niños y ancianos”, reseñó el director de Justicia, Juan Carlos Prieto.
“Ni siquiera con la presencia de la Policía se logró la terminación de las obras, reveló el subcomandante de la Estación de Policía de Gigante, Luis Fernando Salazar.
El desacato
“Así las cosas, no se infiere que la administración local haya soslayado el cumplimiento de sus obligaciones, al contrario, está probado que ha realizado múltiples gestiones para culminar la obra”, anotó el magistrado Ramiro Aponte Pino.
“Está debidamente acreditado que los miembros de la Junta Directiva de la Junta Administradora del Acueducto de Potrerillos desatendió los diferentes requerimientos que en su momento le formuló la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”, afirmó.
“También lo está, que ha indispuesto a varios miembros de la comunidad, quienes bajo su liderazgo desplegaron una conducta hostil y han obstaculizado el desarrollo y la culminación de la obra. Incluso, desafiaron la autoridad pública y realizaron acciones perturbadoras que hoy son objeto de investigación por la Fiscalía General de la Nación”, concluyó.
“Dicho proceder, amén de desconocer una decisión judicial, vulnera el derecho que tienen los habitantes de las veredas La Guandinosa y Los Altares a acceder al servicio público de agua potable”, afirmó el magistrado al resolver el incidente de desacato.
En su calidad de miembros de la Junta Directiva de la Junta Administradora del Acueducto de Potrerillos, incurrieron en desacato de la providencia proferida por el 10 de septiembre de 2018.
En ese orden de ideas, concluyó, los señores Joselito Montealegre Nañez, Olver Trujillo Ramírez, Adalver Ortiz Lavao, Deicy Quintero Rendón, José Antonio Narváez y Alberced Quintero Rivera obraron con culpa grave, demostrando un inexplicable desinterés para allanarse a acatar la orden impartida en la sentencia proferida por ésta Corporación el 10 de septiembre de 2018, limitando sin justificación alguna el acceso de las comunidades a un servicio vital.
Al no encontrar ninguna justificación técnica o jurídica para oponerse a compartir el servicio de agua, cada uno de los directivos incidentados se hicieron acreedores a una sanción equivalente a diez salarios mínimos legales mensuales vigentes ($8.281.160).
El valor de la sanción pecuniaria debe ser consignada a favor del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses colectivos de la Defensoría del Pueblo dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria de esa providencia. En caso de incumplir podrían ser sancionados con arresto.