La Comisión de la Verdad presentó ayer su Informe Final acerca del conflicto interno armado en Colombia, fruto de un trabajo investigativo de cuatro años. El documento expone hechos puntales y dolorosos en Huila, explica quiénes los perpetraron y por qué.
CATERIN MANCHOLA
huila@lanacion.com.co
La presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad se llevó a cabo ayer en el teatro Jorge Eliécer Gaitán, en Bogotá, desde las 11 de la mañana hasta pasadas la 1 de la tarde. El lugar estaba a reventar. El acto fue transmitido por varios medios de comunicación y retransmitido en horas de la tarde en las plazas públicas de las ciudades capitales, en Neiva se hizo a las 6:00 p.m.
El presidente Iván Duque no estuvo presente en el acto en Bogotá, por el contrario sí lo hizo el presidente electo Gustavo Petro, quien además dio un discurso.
El documento es el fruto de cuatro años de trabajo de la institución, creada en el marco de la implementación del Acuedo Final entre las Farc-EP y el Gobierno de Colombia, y da cuentas del conflicto interno armado entre 1958 y el año 2016.
Está compuesto por 10 capítulos y una de declaración de Francisco de Roux, presidente de la Comisión. Uno de esos es el de Hallazgos y recomendaciones.
Insurgencia y política
El capítulo Hallazgos y recomendaciones en su apartado sobre ‘las insurgencias y las disputas por el poder político regional y sus afectaciones a la democracia’, trae a colación específicamente hechos acontecidos en Huila, lo pone de muestra, explicando de esta manera lo que ha sucedido en el país en este aspecto.
Recuerda la investigación que, a mediados de los años noventa, principalmente, tanto grupos paramilitares como grupos guerrilleros intentaron influir en los procesos políticos y electorales, y que esto lo hacían bien fuera afectando su desarrollo o estableciendo un control sobre los actores locales.
Una de las estrategias fue la intimidación para sabotear las elecciones, pero también buscaron incidir en la gestión de las administraciones municipales bien fuera por medio de presión o “actuando al interior del aparato municipal mediante el uso de instrumentos de diversa índole como la realización de pactos y alianzas, la intermediación a través de funcionarios”, señala.
Asegura que el declarar como objetivo militar a funcionarios o políticos de las campañas electorales, al igual que perpetrar asesinatos selectivos, secuestros y masacres, “fueron algunas de las acciones que las guerrillas realizaron para amedrentar a los políticos locales”.
También efectuaron desplazamientos masivos para impedir votaciones, violaciones a la libertad de prensa y afectaciones entre grupos ilegales o contra la fuerza pública.
En suma, provocaron la reducción de apoyos sociales y el aumento de las tensiones con los pobladores y los políticos locales. Para los pobladores, era más efectiva la presencia de los insurgentes, que la del Estado.
“Un caso que ilustra con claridad el ataque a la política tradicional es el ocurrido al liberalismo hegemónico de la familia Turbay en Huila y Caquetá”, afirma.
Explica que “las Farc-EP emplearon un amplio abanico de formas de violencia contra miembros de esa familia y de sus partidarios entre 1988 y 2001 por distintas motivaciones: la retaliación por la muerte de miembros de la UP, la acusación de llevar el paramilitarismo a la región, la competencia por la simpatía de los pobladores y la intención de la insurgencia de intervenir en política como árbitro de la contienda local”.
Y detalla que “dentro de los ataques se cuenta el secuestro de Rodrigo Turbay el 16 de junio de 1995, la masacre de varios miembros de su familia el 29 de diciembre de 2000 y el secuestro de Jorge Eduardo Gechem Turbay el 20 de febrero de 2002”.
No obstante, anota el documento que en Huila y Caquetá, como en otras regiones del sur del país, la posición de las Farc-EP frente al proceso electoral fue contrastante:
“Mientras en 1997 sabotearon de forma violenta las elecciones de alcaldes y gobernadores, para 1998, por ejemplo, en la región del Caguán de manera abierta o soterrada, hubo constreñimiento a los electores a votar por Andrés Pastrana para presidente en la segunda vuelta”.
En Huila, en el año 2004 “arreciaron los homicidios a líderes políticos en el departamento”, resalta. Y pone como casos puntuales que el 1 de mayo fue asesinado Federico Hermosa, tres meses después el alcalde de Rivera, Humberto Trujillo, del partido de la UP. Aquí la investigación muestra parte de una entrevista, la fuente asegura que «prácticamente ese periodo arrasó con todo, porque antes de asesinar a los concejales ya habían masacrado a otros dos concejales, y pues al alcalde de la época también ».
Todo eso según subraya el documento, netamente por parte de las Farc-EP en “su intento de controlar a sangre y fuego la política local en sus zonas de influencia”.
“Llevaron a cabo masacres como las del 18 de octubre de 2002 y el 10 de julio de 2005 por la Columna Móvil Teófilo Forero del Bloque Sur, ambas en el municipio de Campoalegre, Huila, contra los concejales de la época”, complementa.
Controlar la política
En ese mismo sentido, señala que el 27 de febrero de 2006, a veinte días de las elecciones al Congreso, los concejales del municipio de Rivera fueron asesinados por la Columna Móvil Teófilo Forero del Bloque Sur de las FARC-EP, al mando de Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, conocido como el Paisa, entre otros.
Por eso asevera el informe que Las Farc-EP “no solo persiguieron a diputados departamentales a través del secuestro, con esta masacre mostraron el desprecio por la vida. Un ataque a un grupo de políticos locales que se encontraba reunido e indefenso, que, como relatan los familiares de los concejales, estaba dirigido supuestamente a golpear al Gobierno nacional”.
Nuevamente la Comisión pone uno de los apartados de las entrevistas que indica: «Ese guerrillero… ellos siempre han manifestado que la masacre fue, según ellos, por hacerle ver al presidente que la política de seguridad democrática no servía para nada. Y nosotros siempre hemos preguntado que por qué existiendo tantas corporaciones en el país, decidieron que fuera Rivera. Lo que ellos manifiestan como respuesta es que Rivera era un pueblo muy vulnerable, primero que todo porque había una cantidad de policías mínima y lo segundo porque no había seguridad de nada».
«Y la otra situación que ellos manifiestan que tuvieron en cuenta fue las vías de acceso, podían entrar y salir por cualquier parte, fuera por la montaña, por lo pavimentado, por La Ulloa, por el lado del Salado de la montaña, por cualquier parte».
Ratifica la Comisión que este ataque “es un ejemplo de los niveles de deshumanización a los que llegó esta organización insurgente”.
Dicha guerrilla también recurrió a la influencia interna dentro de la gestión del poder local como una vía para la consecución de recursos que pudieran financiar la lucha política que realizaban en los municipios. “Algunos funcionarios dentro de administraciones locales terminaron influyendo en decisiones municipales y manejo de recursos para el financiamiento de la guerrilla”.
Pero, curiosamente, esos dineros no llegaron completos al grupo armado “por desvío de los mismos funcionarios que tenían a su favor”.
La verdad
En general, el documento expone que más allá de la destrucción física, “esta larga guerra dejó una herida que sigue abierta en el alma colectiva. El miedo, el odio, la venganza, la rabia, el resentimiento, el dolor, la impunidad, el señalamiento y la deshumanización han lesionado la vida comunitaria y la confianza entre prójimos”. Y agrega que: “miles de familias y comunidades viven aún en duelo por sus seres queridos”.
Esos hallazgos fundamentales son claves para entender el conflicto de la confrontación armada más en profundidad.
Los hallazgos son los puntos centrales que explican el conflicto armado interno y surgieron como producto de todo el trabajo investigativo adelantado durante los cuatro años. La invitación para el país, es a apropiarse de estos tomos.
Aspectos a tener en cuenta
El Informe Final está compuesto por 10 capítulos más una declaración de Francisco de Roux, presidente de la Comisión, es el resultado a cuatro años de trabajo y su objetivo es ayudar a esclarecer la verdad histórica del conflicto armado.
El periodo de análisis para construirlo fue a partir de 1958 hasta 2016, sin dejar de lado los fenómenos de persistencia del conflicto en la actualidad. En ese trabajo, fueron escuchadas cerca de 30.000 personas.
El informe no tiene carácter judicial. Es decir que no señalará a ningún responsable que no haya sido previamente juzgado por la justicia ordinaria. No revela los nombres de los causantes de los hechos, en general, se abordaron las responsabilidades colectivas, casos, patrones y entramados. En los capítulos sólo hay nombres de aquellos cuyos casos son públicos, como Hernán Darío Velásquez Saldarriaga alias ‘el paisa’, y de aquellos que ya han sido juzgados.
Además, esclareció patrones y algunos casos generales, más no situaciones particulares o específicas. En este sentido, la gran mayoría de las víctimas no encontrarán su historia dentro del Informe, pero sí podrán hallar casos representativos de experiencias vividas por otras víctimas, en los que encontrarán similitudes con los hechos que vivieron.
Algunas cifras del horror
De acuerdo con la Comisión de la Verdad el conflicto interno armado en Colombia ha dejado entre 1958 y el año 2016:
· Más de 9.000.0000 de víctimas.
· De las cuales: cerca de medio millón fueron asesinadas y más de 100.000 fueron objeto de desaparición forzada.
· Nueve de cada diez víctimas mortales eran civiles.
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