Una tercera jornada de protestas se vivió ayer en varias ciudades del país tras confirmarse que el abogado Javier Ordoñez murió a causa de una brutal golpiza en custodia policial. La alcaldesa de Bogotá entregó un balance de la violencia que ha vivido la ciudad en los últimos días y llamó a la reconciliación.
Lucía Sánchez
Se atiza la indignación por el mortal caso de abuso policial contra el abogado Javier Ordoñez. Luego de confirmarse que el hombre de 44 años murió como consecuencia de una brutal golpiza ocurrida cuando permanecía en custodia de la Policía, la ola de protestas persiste en varias ciudades del país.
Tras conocerse el informe de Medicina Legal, la defensa de la víctima aseguró que los uniformados “masacraron” a golpes a Ordóñez en el CAI adonde lo condujeron luego de someterlo a repetidas descargas con un arma eléctrica, dosis que provocó el fatal desenlace.
El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, pidió perdón por los abusos cometidos por los policías implicados en la muerte del abogado. “La Policía Nacional pide perdón por cualquier violación a la ley o desconocimiento de los reglamentos en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución”, dijo el alto funcionario al tiempo que anunció la suspensión de los dos agentes implicados directamente en la muerte del abogado y de otros cinco vinculados al caso.
El director encargado de la Policía, el general Gustavo Moreno, se sumó a las palabras del jefe de la Cartera de la Defensa. Señaló que las imágenes que se vieron en varios videos no corresponden al accionar de la institución. “Los policías de Colombia estamos para proteger la vida y honra de los ciudadanos”, puntualizó.
Para hacerle frente a la oleada de violentas protestas que se han registrado en el país en los últimos días y que dejan como saldo 13 muertos y más de 200 heridos, Holmes Trujillo participó en la mañana de ayer de un Puesto de Mando Unificado (PMU) con el presidente Iván Duque, en el cual realizaron el plan de alistamiento de la fuerza pública para los próximos días, con el que se busca controlar el orden público en varias ciudades.
En horas de la tarde mandatario de los colombianos se reunió con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, desde la Casa de Nariño para evaluar la situación de orden público tras los hechos recientes que se han presentado en la capital del país.
El encuentro se dio después de duras críticas de la alcaldesa por el accionar de la Policía Metropolitana de la ciudad, en medio de las protestas y manifestaciones que se han registrado desde el pasado miércoles.
“Han sido días difíciles”
En la noche de ayer Claudia López hizo un pronunciamiento oficial sobre la situación de Bogotá en los últimos días. “Han sido días difíciles para nuestra ciudad, dolorosos para decenas de familias, en estos días hubo 72 ciudadanos heridos por arma de fuego y 10 personas perdieron la vida en presuntos hechos de abuso policial”, lamentó la mandataria.
La Alcaldesa lamentó que Duque descartara la reforma estructural a la Policía que ella le propuso durante la reunión. “El señor presidente me dijo que él no consideraba que se debiera hacer una reforma legal y constitucional a la policía. Cuando yo hablo de reforma estructural me refiero a que se reconozca de una vez por todas que la Policía debe ser un organismo civil que no tenga ni formación de operación, ni fuero militar”, aseguró la mandataria.
Tras la intensa oleada de protestas, aseguró López, la Alcaldía Mayor ha logrado documentar 256 quejas sobre presuntos excesos de uniformados de las cuales 119 corresponden a hechos de las últimas horas.
La mandataria informó, además, sobre el reporte que le entregó al Gobierno Nacional. “Les entregué la cerca de hora y medio de vídeo que tenemos en donde se muestra con claridad a miembros de la fuerza pública disparando indiscriminadamente a miembros de la sociedad”, indicó.
A su vez la Procuraduría General de la Nación anunció que investigará los presuntos abusos cometidos por miembros de la Policía Nacional el 9 y 10 de septiembre, durante las jornadas realizadas en el país en protesta por la muerte del ciudadano Javier Humberto Ordóñez Bermúdez, luego de ser retenido por uniformados que lo inmovilizaron con descargas de pistola taser y lo condujeron a un CAI, en el noroccidente de Bogotá.
La PGN requirió al director (e) de la Policía, general Gustavo Alberto Moreno Maldonado, un inventario detallado, que incluya las actas oficiales, de la munición, tipo de arma de fuego y aquellas no letales, y explosivos utilizados por la fuerza pública los días miércoles 9 y jueves 10 de septiembre.
“El reporte debe identificar o individualizar a cada uniformado que reportó el uso de munición, así como el lugar donde prestaba sus servicios. Asimismo, copia de los reportes de los hechos en los que resultaron heridos o muertos civiles, la relación de las actuaciones ordenadas y el estado en el que se encuentran”, indicó el órgano en un comunicado.
Continúa la investigación
La Fiscalía General de la Nación continúa con la competencia para investigar la muerte de Javier Ordóñez.
El caso asignado a un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos, seguirá con la recolección de pruebas de este lamente hecho que ha conmocionado a Colombia. Las autoridades indicador que pruebas de ADN y un detallado análisis del lugar, que adelantan peritos expertos del CTI, serán claves en la investigación que adelanta el ente por la muerte del abogado.
El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró en la mañana de ayer que ya fueron citados a imputación de cargos por homicidio y abuso de autoridad, los policías que mataron a Javier Ordoñez.
Hasta el momento, las investigaciones de las autoridades indican, que los golpes, un estado de fibrilación cardíaca producto de la aplicación repetida de descargas eléctricas y el estado de alicoramiento de la víctima, habrían provocado la muerte.
Reformas a la Policía
La muerte de Javier Ordóñez, minutos después de que dos policías lo sometieran con descargas eléctricas y presuntamente lo golpearan, ha puesto nuevamente sobre la mesa el debate, respecto a los límites de la Fuerza Pública frente a la población civil y el uso de las armas catalogadas como “no letales” por parte de uniformados.
Para muchos dirigentes y expertos el tema debe ir mucho más allá de los anuncios hechos por las autoridades y se debe escuchar la voz de la ciudadanía que exige desde las calles que estos hechos no vuelvan a ocurrir.
Aseguran que se necesita una reforma de fondo alrededor de la potestad que tienen los miembros de la Fuerza Pública para actuar en contra de los ciudadanos. Proponen que sea más limitado el uso de herramientas como el taser, que fue la que utilizaron los dos uniformados involucrados en el caso de abuso policial contra el abogado.
En medio de la oleada de indignación que se han visto en las manifestaciones de los tres últimos días y anuncio de reforma a la Policía por casos de abuso de la fuerza y uso de armas de fuego, se conoció un proyecto de ley que ha causado discusión en el Congreso.
La iniciativa, de autoría de la representante Katherine Miranda y varios miembros de Alianza Verde, fue radicada en julio de este año, pero solo a raíz de lo sucedido en los últimos días ha tenido trascendencia en la opinión pública.
Entre tanto, el representante a la Cámara de la Alianza Verde, Inti Asprilla, aseguró que con el caso de Ordóñez llegó la hora de enfrentar el abuso policial en el país y que por esta razón radicará en el Congreso un proyecto de ley que permita luchar contra este flagelo. “¡A Javier Ordóñez lo llenaron de taser hasta matarlo!”, añadió.
Compromisos de La Policía
Luego de reunirse con el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo y el director encargado de la Policía, General Gustavo Moreno; el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, anunció que la institución asumió unos compromisos en los cuales desde el Ministerio Público se hará acompañamiento, se destacan los siguientes:
-Acompañamiento en el proceso de formación en derechos humanos para todas las unidades policiales.
-Modernización y transformación de la Policía Nacional donde se implementarán acciones para el fortalecimiento del servicio.
-Revisión y evaluación de los protocolos y procedimientos de los distintos operativos policiales a la luz de los derechos internacionales.