Un juez precluyó el proceso penal contra los contratistas, el equipo interventor y los técnicos encargados de ejecutar la adecuación y remodelación del estadio de fútbol ‘Guillermo Plazas Alcid’ de Neiva. El grupo era procesado por lesiones personales culposas por las heridas que sufrieron obreros al colapsar la obra que realizaban. Los abogados defensores manifestaron que ya había transcurrido más de tres años desde la imputación de cargos.
Rafael Rodríguez C.
Sin justicia y reparación quedaron los nueve obreros, que terminaron heridos en el colapso de una de losa en los trabajos de fundición de una de las graderías del estadio de fútbol ‘Guillermo Plazas Alcid’ de Neiva, el 19 de agosto del 2016.
La razón: el proceso penal que se adelantaba contra los contratistas, el equipo interventor y los técnicos del Consorcio Estadio 2014, encargados de ejecutar la adecuación y remodelación del estadio, precluyó porque han pasado más de tres años desde que la Fiscalía Quinta Seccional de la Unidad de Vida les imputó el cargo de lesiones personales culposas, el 14 de marzo de 2018.
La decisión favoreció a Oscar Alfonso Triana Rojas, Carlos Alfonso Oviedo Vera, Miguel Alejandro Lozano Castañeda, Oscar Mauricio Montoya Marín, Jarlinson Hurtado Salas, Jaime Andrés Arévalo y Angelica María Rojas Gómez, quienes eran procesados por las lesiones que sufrieron los obreros Alfonso Arias Rubiano, Luis Enrique Arismendi Muñoz, Héctor Orlando Casallas, Jhon Jaiber Guaraca, José Libardo Paz Medina, Omar Leonel Forero, Carlos Guaraca Gómez, Pedro Pablo Arteaga Guacari y Queduin Estiben Vargas Barreiro
La decisión de precluir el proceso fue adoptada por la Juez Primera Penal del Circuito de Neiva con Funciones de Conocimiento, luego de analizar los argumentos de los abogados defensores y el fiscal del caso.
Los defensores solicitaron la preclusión por prescripción de la acción penal por extinción del paso del tiempo en que no se dictó la sentencia. “A la fecha estamos ante evento de prescripción de la acción penal una vez vencido el lapso de la interrupción de la prescripción, en la cual se cumplió”, dijo el abogado Luis Alberto Ossa.
La petición fu apoyada por el defensor Héctor Andrés Gutiérrez, quien señaló que se cumple la causal de preclusión por prescripción, “es objetiva y se ha cumplido el tiempo para el ejercicio de la acción penal”.
El fiscal del caso señaló también que no se puede continuar con la acción penal. “Se resalta la labor maratónica que se realizó en esta diligencia y el esfuerzo frente al cumplimiento de las audiencias, pero operó objetivamente la prescripción”.
Agregó que, si bien presentó imputación por el delito de homicidio culposo y lesiones personales culposas, los familiares de los obreros que murieron fueron indemnizados integralmente “por lo tanto, se realizó la prescripción de los delitos de homicidio culposo por favorabilidad y por eso por el devenir procesal, se quedaron solamente las lesiones personales”.
No se contó con los tres años completos
La togada señaló que al momento de la Fiscalía formular la imputación de cargos contra los investigados, aún no se encontraban prescritas las lesiones personales culposas. “La calificación jurídica respecto de cada uno de los lesionados fue reiterada por la Fiscalía en la audiencia de acusación realizada ante este Despacho el 11 de septiembre de 2018”.
Sostuvo que, según el ejercicio aritmético, respecto de las lesiones personales culposas de cada una de las víctimas vigentes y frente a los procesados, las penas máximas para cada uno no supera los 3 años, por lo que se debe dar aplicación a la prescripción. “Ya estamos en la etapa posterior a la imputación”.
Reiteró que la acción penal frente a cada una de las lesiones personales culposas prescribió “pues habían transcurrido desde el día de la imputación 1 de marzo de 2018 los 3 años que corresponde al termino fijado por la ley.
Según las cuentas, el juzgado no contó con los tres años para adelantar el proceso, teniendo en cuenta las vacaciones de semana santa y las de fin de año de los años 2018, 2019 y 2020. “El Despacho no contó con los 3 años completos para llevar a cabo la judicialización de un asunto complejo itérese -como el presente pues los temas a abordar son técnicos con gran cantidad de elementos de prueba que fueron discutidos por los sujetos procesales, desde antes del descubrimiento – con teras de información trasladada”, explicó la togada.
Agregó que la cantidad de procesados, abogados y víctimas, originó audiencias extensas y tiempo adicional. “Además de un expediente contra 7 personas con similar número de abogados defensores, en el que se tenían 4 víctimas fatales y 9 lesionados con apoderados de parte…lo que hacía que las actuaciones fueran más extensas, requiriendo tiempo adicional del que comúnmente un proceso normal abarcaría”.
Como si fuera poco llegó la pandemia que paralizó el sistema judicial en el 2020. “Adicionalmente se ha de tener en cuenta que las audiencias que estaban programadas para 17 de marzo y 3 de abril de 2020 no se realizaron ante la sorpresiva Pandemia por Covid-19 que afectó el país y que por tanto imposibilitó la realización de las diligencias”.
A la reducción del tiempo se sumaron las cuatro apelaciones que fueron resueltas por el Tribunal Superior de Neiva. “Se advierte que esta actuación fue remitida al Tribunal Superior en 4 ocasiones antes los recursos de apelación presentados y la declaratoria de falta de competencia, que hizo de igual forma disminuir el tiempo desde la imputación para el desarrollo del juzgamiento”, manifestó la juez.
Precisó que se realizaron 20 sesiones de juicio oral en las que se logró escuchar a los testigos de la Fiscalía, obligando a la modificación de la agenda del juzgado, la cancelación y posponer procesos con presos y también con términos de prescripción. “A pesar de realizar el mayor el esfuerzo humano, institucional y de los colaboradores del Juzgado, para culminar en el término de 3 años la judicialización de esta actuación, no pudo ser ello posible”.