El pasado 06 de septiembre, la Superintendencia de Transporte emitió la Circular Externa No. 20245330000044 dirigida a las autoridades municipales, distritales y metropolitanas de transporte. En esta, se reitera la necesidad de hacerle frente a la informalidad en la prestación del servicio de transporte de pasajeros. Como lo podrán imaginar, este “jalón de orejas” ha llevado a que, en ciudades como Bogotá, se hayan intensificado de forma significativa, los retenes para la identificación y sanción de las personas que prestar servicios por medio de plataformas. Lo que me resulta irónico e hipócrita de la situación, es que Uber y las demás plataformas de transporte tributan en el país desde el año 2022, cuando se creó la figura de la tributación por presencia significativa. Al respecto, debemos recordar que los tributos no pueden recaer sobre actividades ilegales, entonces ¿a qué estamos jugando?
Más allá de la hipocresía tributaria y la forma como Colombia pierde su credibilidad frente a inversionistas extranjeros, lo cierto es que el país sigue aferrado a proteger el gremio transportador, mientras que en otros países ya están probando los servicios de transporte autónomo (sin piloto). Entiendo las dinámicas políticas y el peso que tiene el gremio. También entiendo los costos que se tienen que asumir para operar un taxi, sin embargo, barreras como el “cupo” llevan a que el mercado de transporte pierda dinamismo y competencia, traduciéndose en la prestación mediocre e ineficiente del servicio. Lo anterior lleva a que los usuarios sigan prefiriendo “arriesgarse” a utilizar los servicios de transporte de plataformas, en los cuales: (i). Existen tarifas que varían dependiendo de la demanda; (ii). Se conoce de forma previa la información del conductor; y (iii). Se cuenta con gran variedad de medios de pago.
Ojalá no lleguemos a la mitad de este siglo discutiendo sobre la informalidad de las plataformas, mientras que en otros países ya se tenga transporte urbano aéreo. Ojalá acudamos a modernas técnicas de regulación como el Sandbox Regulatorio, con el fin de construir marcos regulatorios ajustados a las medidas del servicio y de sus agentes. ¿La preocupación es la seguridad e indemnidad del pasajero? Exijamos pólizas especiales, seamos exigentes con la edad y el estado mecánico de los vehículos, así como con la formación y aptitud física de los conductores, pero dejemos de hacerle “cacería de brujas” a los agentes que dinamizan y modernizan el mercado. No podemos cerrarle la puerta al cambio.