Marcos Silva Martínez
La decisión de unos exguerrilleros de las ex-FARC, de retomar las armas y enfrentar al Estado, obedeció a causas específicas y decisiones coyunturales y personales. Aunque puedan ser justificables en algún sentido, debieron ser racionalizadas y analizadas, respecto a la viabilidad y conveniencia frente al contexto histórico económico-social y político Colombiano. En particular, de las condiciones objetivas presentes y del poder político, de los enemigos de la implementación de los acuerdos, firmados entre excombatientes de las FARC y el gobierno. En el fondo, correspondieron a las trapisondas del poder institucional.
Los enemigos de la paz, de la equidad socioeconómica y de la construcción de democracia real, celebran la actitud perversa del gobierno, sobre los acuerdos y aspiran aún, que tal posición genere condiciones y justificación para acabar con los contenidos y alcances de los acuerdos y de esa manera asegurar la continuación del usufructo del poder económico y político.
El Presidente Iván Duque, durante todo su gobierno, se ha manifestado tal y como cabía esperarse. Lo evidenció nuevamente, la semana pasada con su cínico y engañoso pronunciamiento ante el Consejo de Seguridad de la ONU, los nuevos falsos positivos en Puerto Leguízamo y permanentemente, sobre la carnicería contra líderes sociales.
Ante la incertidumbre por los efectos impredecibles, por el hipercrecimiento de la inseguridad y la pobreza, en el presente y mediano plazo, ha enviado mensajes a los más de 10.000 guerrilleros que abandonaron la lucha armada, reiterándoles el compromiso del Gobierno con su reinserción a la vida civil, pero debe entenderse que, obedece al temor de mayores deserciones y formación de nuevas organizaciones guerrilleras y a la desaprobación de su gestión de gobierno.
Pero contrasta con su refinado, sesgado he hipócrita discurso belicista, cada vez que tiene oportunidad. Esa posición y actitud no es coherente ni responsable, política y socialmente, ni aceptable para los sanos intereses nacionales ni para la comunidad internacional, como frecuentemente se comprueba.
La irresponsabilidad política y social de la extrema derecha y los usufructuarios del poder, propician y estimulan los incumplimientos gubernamentales, sobre los acuerdos de reconciliación con las FARC. Entre otros: la restitución de tierras. De los millones de hectáreas a restituir, solo se han hecho efectivas 1.500 hás. El 0.001%, mientras crece la carnicería contra reinsertados.
Los usufructuarios tradicionales del poder político y económico, han saboteado la posibilidad de construir condiciones de paz, convivencia y equidad socioeconómica, con el objetivo de mantener el régimen de impunidad que los beneficia y el poder económico y político que explotan.
Un hecho demostrativo que pasará a la historia, fue el liderado por Álvaro Uribe, opositor al Gobierno en 2016, cuando promovió el ‘no’ en el Plebiscito del 2 de octubre de 2016, con base en típicos engaños y falacias al elector. El resultado, provocó varias modificaciones en el nuevo acuerdo pactado y firmado, conocido como Acuerdo Final del Teatro Colón de 26 de noviembre de 2016, que aceptó el mismo uribismo traidor, pero que el uribismo fascista, usa todas las formas de socavación de dichos acuerdos.
Por otro lado, el gobierno liderado por Uribe y Duque, con sus actitudes, posiciones y decisiones ha evidenciado reiteradamente el propósito de hacer trizas los acuerdos y en su defecto, introducirle correcciones de fondo.
Mientras los guerrilleros cumplían con lo pactado y el 26 de junio de 2017 entregaron todas las armas con la verificación de la ONU, el Gobierno colombiano ya había incumplido varias condiciones, entre otros con los proyectos que podrían ayudar a la reincorporación a la vida civil de los exguerrilleros y el Congreso había impedido el cumplimiento del Acuerdo Finalmente aprobado, al modificar una vez más la Jurisdicción Especial de Paz sobre exclusión de los civiles.
Además, desde la firma de los acuerdos, más de 200 exguerrilleros y más de 500 líderes sociales han sido asesinados. Son hechos inocultables.
Ante los sistemáticos sabotajes y más de seiscientos crímenes y las promesas incumplidas, muchos dirigentes políticos y empresarios, no se inmutan y pretenden y esperan sumisión de los afectados y aceptación de la comunidad nacional.
No obstante, todo colombiano debería entender que la lucha armada, en el contexto nacional e internacional actual, ya no constituye solución viable, para remover y solucionar las causas del conflicto. Este, en Colombia, no se concreta solo a la confrontación armada entre Estado y organizaciones en armas.
La solución debe remover y superar todas las causas que lo generaron y mantienen, entre otras, la inequidad socioeconómica, redistribución del ingreso, respuestas al colapso de la ética y la moral burocrática-institucional y social colectiva y a la política nacional sobre desarrollo económico incluyente.
Lo sucedido en Colombia en estos casi siete años desde la firma del acuerdo de paz, es un ejemplo concreto de la posición del establecimiento, para sabotear la posibilidad de construcción de paz y equidad socioeconómica y para mantener la impunidad y el poder, pero eso no significa que sea un acierto volver a las armas.
La lucha armada no augura perspectivas de solución socioeconómicas y políticas en el siglo XXI. Los resultados de los conflictos negociados e implementados en los últimos lustros, en el planeta, son referentes válidos que deben tenerse en cuenta en el caso colombiano.
El gobierno, los órganos de poder, los empresarios y la sociedad, deben comprender y dimensionar la conveniencia de acelerar los procesos de reinserción y de superación de la inequidad socioeconómica integralmente, única alternativa cierta para superar las causas del conflicto y construir equidad socioeconómica y justica social. Para ello se requieren políticas de estado y un gobierno responsable.
Son temas, que en la presente contienda electoral, el ciudadano, el elector responsable, debe analizar y lograr conclusiones para no equivocarse al decidir por quién votar.
Deben entender que es una irresponsabilidad social, política y moral, votar por candidato representante de la derecha y extrema derecha. Es necesario tener en cuenta lo que le ocurrió a Colombia, con los desastrosos gobiernos de Uribe y Duque, en su condición de representante incondicional del uribismo.