RICARDO AREIZA
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El nuevo hospital del Perpetuo Socorro de Villavieja no puso salir del quirófano. El centro médico, planeado para atender las sentidas necesidades en materia de asistencia pública se quedó en estado de coma y agoniza lentamente en medio de la maleza y el abandono total.
La obra fue recibida sin objeciones después del primer plazo acordado pero nunca pudo darse al servicio. Insólitamente, no se construyó el acueducto y peor aún, no tenía servicio de energía eléctrica, que en un hospital, resulta traumático. Una locura.
El proyecto fue formulado en el año 2011, su ejecución inició en el año 2012 y la terminación de la obra en el año 2013. Desde entonces entró en cuidados intensivos y permanece con pronóstico reservado.
La meta era terminarlo en cuatro meses. Cinco años después, el centro hospitalario es hoy otro elefante blanco erigido con recursos de regalías.
No obstante la obra sigue paralizada. El último reporte fue confirmado el 31 de agosto pasado por la Contraloría General de la República. El organismo de control ordenó la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal (PRF-2018-00759) por el posible daño patrimonial público causado.
La gerencia colegiada, mediante Auto No.447 vinculó al proceso a la ex gerente Mónica Villany Rodríguez, quien ocupó el cargo durante el periodo comprendido entre el primero de abril de 2012 y el 31 de marzo de 2016. Villany Rodríguez, formuló el proyecto de inversión, suscribió los estudios previos y firmó los contratos de obra e interventoría.
También vinculó a la actual gerente Diana Patricia Moreno Preciado, encargada de realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación del proyecto de inversión.
Además, vinculó a la compañía de seguros en calidad de tercero civilmente responsable. La Previsora deberá responder por el daño causado a los intereses patrimoniales del Estado hasta el monto del valor asegurado.
“La obra se construyó sobre las cenizas de un centro escolar. “Hoy no tenemos ni lo uno ni lo otro y la inversión se perdió. No tiene energía eléctrica ni servicio de acueducto. Los recursos se perdieron”, denunció el veedor Orlando Sánchez Díaz durante la jornada anticorrupción realizada por la Fiscalía General de la Nación.
El caso fue priorizado por la vicefiscal María Paulina Riveros y fue asignado a la Unidad Nacional Anticorrupción.
Los costos
La construcción de la primera fase arrancó durante la administración del alcalde Raúl Arturo Ramírez Olaya. El presupuesto inicial ascendió a 585 millones de pesos.
En convenio con la Gobernación, la ESE local contrató la obra a todo costo con el ingeniero William René Ariza Mateus (Contrato de obra No. 001 de 2012) por valor de 493,16 millones de pesos.
La interventoría fue contratada el 29 de marzo de con la Empresa Cooperativa Serviasociados La Unión por valor de 29, 45 millones de pesos.
El acta de inicio fue suscrita el primero de agosto de 2012 con un plazo de ejecución de cuatro meses. La obra debió entregarse en diciembre de 2012. Pero no se pudo.
Como ya es costumbre, el contrato fue objeto de una modificación por mayores cantidades de obra y creación de nuevos ítems. Y como suele ocurrir, se firmó un contrato adicional el 14 de diciembre de 2012. También se prorrogó por dos meses el plazo para la entrega total de la obra. El plazo de entrega sería en febrero de 2013.
El 12 de junio de 2013 se suscribió el acta de justificación. Después de seis años el centro asistencial no se ha colocado en funcionamiento.
La primera etapa comprendía la ejecución del área de urgencias y de la zona de residuos hospitalarios, efectivamente construidas. La estructura en concreto, mampostería, cubierta y acabados se terminó. Lo curioso: la obra no tiene servicios de energía eléctrica, tampoco acueducto ni quedó conectado a la red de alcantarillado.
“Actualmente la infraestructura construida se encuentra en estado de abandono y en deterioro progresivo, presentando agrietamientos y fisuras en forma diagonal en los muros internos de las edificación”, reportó el ingeniero civil Horacio Muñoz Rodríguez, quien estuvo a cargo del informe técnico.
“Como consecuencia-dijo- el edificio no se encuentra en funcionamiento, por lo tanto no se está cumpliendo a cabalidad lo planteado en el objetivo general del proyecto: Mejorar la calidad de la prestación del servicio de salud del Municipio y brindar las condiciones necesarias para que se cumpla esta función del Estado después de realizar una inversión significativa”.
Según el acta de liquidación la obra quedó ejecutada en su totalidad y los pagos se realizaron en tres contados (actas de recibo parcial) por la suma total del contrato.
“El contrato fue liquidado, pero la obra no en funcionamiento. Falta, además, conexión de la red eléctrica al igual que la dotación en baños y puertas”, reportó la contralora departamental, Adriana Escobar, en una evaluación de las obras inconclusas.
“La edificación no tiene acceso vehicular, se accede de forma peatonal y la zona aledaña se encuentra llena de maleza y sin ningún tipo de mantenimiento”, precisó la funcionaria.
Juicio fiscal
La gerencia colegiada advirtió que el abandono y deterioro de la obra inconclusa, “evidencian una pérdida de los recursos públicos invertidos en la construcción de las obras objeto de éste contrato, según acta de liquidación de fecha 2 de octubre de 2013, ocasionando un detrimento patrimonial al Estado”.
En estas condiciones le imputó una responsabilidad administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $493.168.409, el valor total ejecutado.
“Las obras construidas al no estar en uso entran en un proceso de deterioro natural progresivo, de abandono y deficiencia de una buena atención en el sistema de salud municipal”, afirmó el gerente departamental Omar Castro.
Después de más de cuatro años de terminada la obra se encuentra sin uso. Además, después de más de dos años la actual administración no ha tomado acciones concretas para colocar esta infraestructura al servicio de la comunidad para el cumplimiento del objetivo general del proyecto, lo que agrava el detrimento.
“Amanera de conclusión, el daño patrimonial está representando en el pago total que hizo la ESE por la construcción de la obra”, precisó.
Además, advirtió que la entidad tampoco cumplió con el Convenio Interadministrativo No.0203 de 2011 suscrito con la Gobernación del Huila para cofinanciar la ejecución de la primera fase lo que conllevó a incumplir su misión institucional, lo que acentuó la administración. Además, precisó que en estos casos, muchas veces por distintas razones, las obras iniciadas en anteriores administraciones no son terminadas por los sucesores.
En este caso, la gerencia colegiada decidió vincular a la anterior gerente y a su sucesora. Las dos tendrán que presentar su versión libre en la agencia fiscalizadora.
Plan de choque
El alcalde Yordan Aris Pacheco admitió las dificultades del proyecto pero se comprometió con los organismos de control a gestionar su terminación.
La obra quedó ejecutada en un 95% de su avance total, según la administración municipal. Los recursos asignados no alcanzaron para su terminación.
“La actual administración realizó un diagnóstico para su reactivación. En este orden se formuló y radicó en el plan bienal 2016-2017 los proyectos de adecuación de la área de urgencias y la construcción de las obras faltantes para la terminación de la infraestructura”, afirmó el mandatario.
En su criterio, el equipo técnico viene ajustando diseños iniciales ya que no cumplen con las normas actuales sanitarias y hospitalarias, con la norma de sismo resistencia ni con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (Retie).
“En estas condiciones se priorizó la asignación de recursos para la pavimentación y habilitación del ingreso de la actual infraestructura”, explicó.
La administración argumentó que ya formuló un plan de choque que consiste en la asignación de recursos departamentales y municipales, para trasladar el área administrativa y el mayor número de servicios a la nueva infraestructura, plan que se encuentra en proceso de evaluación presupuestal para su implementación.
“Finalmente nuestra administración manifiesta firmemente la voluntad de puesta en funcionamiento y operación de esta infraestructura antes de finalizar el mandato”, explicó.
Crítico panorama
La situación financiera del centro asistencial no es la mejor. La entidad registraba deudas por 580 millones de vigencias anteriores (2011- 2015) por acreencias laborales, prestaciones sociales a empleados de planta y deudas a proveedores. Este panorama la colocó en alto riesgo.
La entidad evitar la quiebra suscribió un plan de saneamiento fiscal y financiero, modificado el año pasado. La Gobernación del Huila cofinanció $250 millones, el Ministerio de Salud aportó $142 millones, y la Alcaldía se comprometió con $120 millones de los cuales 60 millones de pesos los aportaría antes de terminar el año y el resto será desembolsado en el 2019.
El plan de salvamento, por lo menos, la sacó de la quiebra y bajó las alarmas. El compromiso pactado era mejorar la prestación de los servicios, la recuperación de la cartera y la terminación y dotación de la infraestructura.
Sin embargo, a pesar del compromiso la obra sigue en acelerado deterioro, sin ningún uso.