Marcos Silva
Corrupción e Impunidad crecen incontenibles en Colombia. Hasta la pandemia la utilizan al máximo, para apoderarse de los recursos públicos. Son consecuencias del caos ético, moral y social y la anarquía institucional en que convirtieron el ejercicio del poder público, coadyuvada por el modelo capitalista y de consumo.
El caos; institucional, ético y moral, se magnifica y evidencia a diario, en los órganos del poder público y garantiza la impunidad evidente.
Altas Cortes, Rama Judicial, congreso, órganos de control, etc., fueron permeados de venalidad, intereses rastreros, mediocridad, politiquería y corrupción. La corrupción es evidente en lo nacional, regional, local y en entes descentralizados.
El régimen vigente pretende engañar al público con supuestas decisiones contra la anticorrupción, entre otras: Reforma de la Ley 80/83, ley 1150/2007, estatuto anticorrupción, Pliego Único, creación de entidades para la contratación pública y garantía de transparencia como Fonade, Compra Eficiente -SECOOP, Patrimonio Autónomo (Mineducación), zar anticorrupción, adicionales a los históricos Entes de Control. Pero la corrupción crece incontenible de la mano de la impunidad, el clientelismo y la politiquería.
La contratación pública es el filón excepcional para delincuentes de cuello blanco. Desde ahí se reparten el botín presupuestal. El gobierno, se niega a poner orden, siendo posible hacerlo. El motivo: es la fuente que abastece a politiqueros, populistas y clientelistas.
El congresista, el diputado, el concejal, el gerente, el director y jefes de entidades descentralizadas, no requieren untarse de la negociación. Escuchan ofertas y reciben lo acordado, a través de terceros. En contados casos dejan huellas que los comprometan. Los coequiperos y testaferros hacen su oficio con maestría. La impunidad, hace el resto. Los contratistas navegan bajo los efectos de la cultura mafiosa dominante.
Si no se robaran los recursos públicos, los gobiernos podrían atender oportuna y satisfactoriamente las necesidades de la comunidad e impulsar el desarrollo integral. Salud, educación, infraestructura, PAE, transporte escolar, recreación, efectos de fenómenos naturales, servicios públicos, etc.
¿Cuánto pierde el erario público por corrupción en contratación pública?
Procuraduría, Contraloría, Oeneges, han precisado que Colombia pierde anualmente más de $50 billones por corrupción corrupta. ¿Cuánto podría desarrollarse la nación con ese dinero que se roban?
Desafortunadamente la comunidad en general, se habituó a convivir con la corrupción y la impunidad. Hay silencio cómplice e impunidad social generalizados.
Por eso toda la nación es rehén de las mafias de todas las calañas, que saquean el presupuesto público, imponen burócratas y los sostienen, mientras crece la criminalidad, la inseguridad y la pobreza.
La impunidad supera el 97%, con más de 2.8 millones de procesos represados o engavetados. ¿Cuántos jueces y abogados litigantes, coadyuvan o explotan ese putrefacto caldo de cultivo? De la formación profesional desaparecieron los valores.
Revertir y cambiar este estado caótico es prácticamente imposible, mientras dominen la politiquería, los intereses personales y la cultura mafiosa y los electores continúen, por conveniencia o irresponsabilidad, ciegos y sordos.
Con facilidad los electores, reeligen a los mismos o a sus pupilos, sin importar que su hoja de vida sea un prontuario delictivo, en muchos casos.
La jungla jurídica, en la que se parapetan ciertos jueces, litigantes, burócratas y violadores de la ley, debe ser depurada y actualizada, de acuerdo con la gravedad de los hechos. El contagio se posesionó en las altas esferas del poder. Esa es la causa de los sesgos de las ponencias e incoherencias de leyes y sentencias, en muchos casos. Preteles, Escobar Giles, Robertos prietos, Ricaurtes, Bustos, Malos, ñeñenarcopolítica, Memo Fantasma, compra y negociadores de votos, de testigos, chuzadas, defensa de buenos muchachos, cúpula militar, etc.
Los llamados choques de trenes, entre las altas cortes, generalmente obedecen a choques de intereses, compromisos e inmoralidad.
En toda Latinoamérica la corrupción es evidente, pero en algunas naciones, algo opera la justicia y hay expresidentes y ex -altos dignatarios condenados o judicializados o prófugos. En Colombia, ¿cuántos delincuentes de cuello blanco disfrutan la impunidad y acosan y atacan y pisotean la institucionalidad y la ley?
Bastan recordar algunos casos relevantes: Odebrecht y los escasos resultados de los procesos. Reficar, Concesiones Viales y sus costos exorbitantes, Hidroituango, derrumbes de edificios particulares (Curadurías), carteles y cartelitos de la salud, de las compras oficiales, etc. La mayoría de las investigaciones quedan en aspavientos, pantallazos, desvirtuadas o manipuladas por la impunidad o engavetadas, en espera de vencimientos de términos.
Bajo el imperio de la delincuencia de cuello blanco, la corrupción y la impunidad, es imposible lograr un futuro próspero y civilizado para Colombia.
La solución del caos y la anarquía del poder institucional, la corrupción e inmoralidad, exige instituciones fuertes, Organos de poder y dirigentes honestos, capaces y responsables social y políticamente y un marco legal integral, acorde con la degradación ética, jurídica y social.
Es el gran desafío para los gobernantes responsables política y socialmente. Tienen la obligación de explorar y definir soluciones concretas. Y para el elector, evitar elegir individuos taimados, mediocres, deshonestos e irresponsables. La integridad moral del congreso es determinante.
El desafío para el elector es: Si vota por deshonestos, mediocres e irresponsables, en próximas elecciones, convierte el voto en condena para sí mismo, sus semejantes presentes y las generaciones futuras. Pensemos y decidamos. Colombia es un Estado Fallido, aunque muchos o algunos, movidos por mezquinos interés, nieguen la gravedad de la situación colombiana.