Impunidad y futuro nacional. Por Marcos Silva Martínez

Durante el período del gobierno anterior, se catapultó la práctica de la corrupción. Día tras día, develan más actos de corrupción, de complicidad e impunidad. Durante el período  del gobierno anterior, se catapultó la práctica de  la corrupción.  Día tras día, develan más actos de corrupción,  de complicidad e impunidad. Son muchos los hechos delictuosos denunciados. Las  investigaciones permanecen estancadas, en espera de preclusión o prescripción. La reforma a la justicia le apuntaba ciega y premeditadamente a profundizar la impunidad. Si  investigaran  todas las entidades,  aparecería cualquier cantidad de actos criminales, contra el patrimonio público. Casi en todos los hechos investigados,  resultan involucrados  políticos o contratistas, estrechamente relacionados con el gobierno anterior. El ejemplo cunde. No hay que perder el cuarto de hora, dicen. Por eso, muy pocos alcaldes, gobernadores y jefes de entidades descentralizadas, terminan sin enredos judiciales, relacionados directamente con el manejo de los recursos públicos.  Desgraciadamente,  los descomunales niveles de impunidad, les asegura quedarse con el botín sustraído y continuar con el vínculo burocrático. La estructura de poder y gobierno, dispone de instituciones para vigilar, investigar y sancionar,  a los funcionarios  y a sus cómplices contratistas. Eso es simple predicado engañoso. Los  Jefes de esas instituciones, en la mayoría de casos, son cuota política   y dependen de la orientación del gobierno de turno (Excepción la Contralora General). Es el nudo gordiano para el gobierno, cuando  habla de derrotar la corrupción.  La  meritocracia es un embuste distractor. Se  impone la politiquería y la corrupción. El marco legal de la función pública, es aprobado por el legislativo. El mismo  que en los últimos 8-10 años, más de 120 de sus miembros, han sido condenados o tienen  investigaciones,  por graves  delitos. Además, el contenido de las leyes y decretos, dejan resquicios de escape y condiciones para la manipulación. Da  la sensación  fueran diseñados, para darle el manejo que las conveniencias requieran. Ahí la explicación de los precarios resultados, en las investigaciones de Contralorías, Fiscalías y Procuradurías. Los procesos abiertos, dan bandazos.  Los procedimientos investigativos, parecen cosmética para la preclusión, engavetado o  la prescripción. De vez en cuando cae algún delincuente, por apadrinamiento débil o por exceso de evidencia. Los órganos judiciales, fiscales, disciplinarios y penales, están sometidos al asedio de los corruptos. La impunidad supera el 97%.   ¿Cuántos jueces y abogados litigantes, coadyuvan o explotan ese caldo de cultivo? Revertir y cambiar este estado de cosas, es prácticamente imposible. Con  gran facilidad los electores, eligen a los mismos, sin importar que su hoja de vida sea un prontuario delictivo, en muchos casos. La jungla jurídica, en la que se parapetan ciertos jueces, litigantes y delincuentes, debe ser depurada y actualizada, de acuerdo con la gravedad de los hechos. El elector debe ser consciente. La iniciativa popular debe imponerse. No hay otra salida, hacia  futuro.