Germán Alfonso López Daza*
Según el último reporte de Escalas de impunidad en el mundo realizado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ), se constata casos de retroceso en el índice global de impunidad-2020 en países como Honduras, Colombia, Myanmar, Filipinas, Guatemala, Venezuela y Rusia.
En el contexto colombiano existen varios elementos que inciden en este diagnóstico, como la violencia en las zonas desmovilizadas por las FARC y el incremento de las bandas criminales locales. Según el informe, el 57% de los departamentos se ubica en un grado alto o muy alto de impunidad. El ítem peor calificado fue el del sistema de justicia estructural que obtuvo un puntaje de 88.91. Estos registros se deben analizar en concordancia con las altas tasas de desempleo, pobreza y desigualdad social.
Estos datos confirman lo que todo el país sabe y es que en Colombia la justicia es muy deficiente, debido a problemas estructurales como la falta de jueces, la congestión judicial y la defectuosa configuración normativa, que permite que delitos de alto impacto en la ciudadanía como los hurtos callejeros, los atracos armados, las estafas, etc., no sean eficientemente judicializados y se proteja más al victimario que a la víctima, lo que ha minado la confianza de la sociedad en la justicia.
En el otro lado de la moneda se evidencian sentencias mediáticas que son resueltas en tiempo record o con penas bastante altas como lo ocurrido con los casos de la influencer “Epa Colombia”, que fue investigada y condenada en un año y 9 meses, a una pena de prisión de 5 años por dañar una estación de Transmilenio; o la condena a 9 años de cárcel al exmagistrado de la Corte Suprema Gustavo Malo, por su participación en el denominado “Cartel de la toga”.
Estas duras y mediáticas decisiones de casos penales muy sonados, contrastan con la verdadera realidad del país, en donde los hechos criminales que afectan al ciudadano del común, nunca son resueltos por un aparato de justicia paquidérmico e ineficiente, que no responde a las necesidades de una sociedad desbordada de actos delincuenciales. (*Dir. Grupo Nuevas Visiones del Derecho – USCO).