La Nación
Imputan cargos fiscales por anomalías en la Liga de Natación del Huila 2 19 septiembre, 2021
INVESTIGACIÓN

Imputan cargos fiscales por anomalías en la Liga de Natación del Huila

Dos directivos del Inderhuila y el presidente de la Liga de Actividades Subacuáticas, presuntos responsables de pérdida de recursos para apoyar a deportistas.

 

RICARDO AREIZA

Unidadinvestigativa@lanacion.com.co

 

El ex director del Inderhuila, Luis Eduer Valenzuela Hoyos; su sucesor, Carlos Eduardo García Cruz y el presidente de la Liga de Actividades Subacuáticos del Huila, Juan Carlos Nieto Ardila, tendrán que responder por las supuestas anomalías en la financiación de viajes nacionales e internacionales de los deportistas opitas.

Las irregularidades, denunciadas en el 2010 por los mismos nadadores y dirigentes deportivos, quedaron evidenciadas en una auditoría exprés realizada  por la Contraloría General de la República.

El organismo abrió indagación preliminar el 20 de agosto de 2015 (Auto 511 de 2015) y la cerró en junio de 2016. Ahora, les imputó responsabilidad fiscal por la presumible pérdida de los recursos destinados para apoyar a los deportistas pero cuya ejecución no se demostró. Los recursos, provenientes de regalías petroleras se destinaron a través de dos contratos.

El Convenio Interadministrativo No. 005 de 2010 fue  suscrito el 6 de julio de 2010 entre la Liga de Actividades Subacuáticas y el Inderhuila, por 90 millones de pesos para garantizar la participación de los deportistas en seis torneos nacionales e internacionales.  Entre ellos el Campeonato Mundial Juvenil; Campeonato Nacional Interclubes en Pereira; Campeonato Nacional Interclubes de Velocidad en Girardot y el Campeonato Nacional Interclubes de Aguas Abiertas en San Andrés, entre otros.

La Liga no cumplió con los requisitos para su respectiva legalización y registró todos los soportes sobre la ejecución de los recursos.

Adicionalmente, la Gobernación del Huila suscribió con el Inderhuila el contrato de cofinanciación y apoyo 011 de 2009 con el Inderhuila por la suma de 103,50 millones de pesos provenientes de regalías petroleras para financiar los desplazamientos y dotación al equipo de nadadores. Los recursos se ejecutaron, pero el contrato nunca se liquidó, ni demostró la inversión.

“Se observa que la Liga no cumplió con el plan de inversión presentado toda vez que el contratista, no anexó la evidencia de la asistencia de los viajes realizados por los deportistas en la participación en los campeonatos a nivel nacional e internacional”, precisó la Contraloría.

 

Las denuncias

El dirigente deportivo Iván Perdomo, representante legal de la Liga de Actividades Subacuáticas del Huila desde el 2014, reportó las anomalías que detectó. Entre otras, explicó que la entidad desconoce la ejecución de los convenios investigados y que su antecesor no entregó archivos, ni soportes, ni correspondencia que permitieran corroborar la ejecución de los recursos.

Gerardo Pinzón Zúñiga, funcionario del Inder, delegado como supervisor, confirmó que firmó el primer estudio previo, pero luego fueron modificados.

“Recuerdo que tiempo después de firmarse el contrato me llevaron los estudios previos para que los firmara debido a que se había hecho unas modificaciones y yo los firmé”, explicó.

“A los días siguientes me llevaron el acta de inicio, con el mismo argumento. En este caso me la llevaron hecha y me di cuenta que no me habían comunicado que yo era el supervisor, motivo por el cual no la firmé”, relató García Cruz.

El funcionario solicitó la información, pero nunca tuvo respuesta.

“Pese a los oficios enviados, la Liga hizo caso omiso a los requerimientos y no soportó su ejecución”, reseñó.

“Los informes financieros se presentaron sin la firma del revisor fiscal y todas las notas que envié a la Liga iban con copia al director del instituto, inclusive oficié a la almacenista, Elizabeth Leal, para que informara si había recibido los implementos adquiridos mediante el Contrato 011 de 2009, 26 bialetas, 6 monoaletas y un traje ‘Speedo’ que debieron ser entregados al instituto, sin obtener respuesta”, explicó García Cruz.

No obstante, denunció que esos documentos y habían sido utilizados para legalizar otros contratos.

“Algunos de los documentos enviados como soportes para legalizar el Contrato 011 de 2009 ya habían servido de soporte para liquidar otros contratos, fotos, facturas y así se señaló en el informe que presenté,”, declaró García, vinculado en las diligencias preliminares.

Sin reparos

Por su parte, Joaquín Emilio García, ex, representante legal de la Liga, vinculado inicialmente a la investigación, precisó que en esa época solamente suscribió el acta de inicio.

“Durante su periodo no recibí oficio, queja o reclamo por parte del supervisor. Por lo tanto, no tengo responsabilidad en la rendición de cuentas y liquidación del convenio”, afirmó.

“Los recursos se ejecutaron de acuerdo con el plan de inversión a través del señor Juan Carlos Nieto, presidente del club Las Nutrias, encargado de llevar los deportistas a los eventos, comprar la implementación deportiva y efectuar las participaciones en eventos nacionales e internacionales a quien de manera verbal le solicito la entrega de soportes para legalizar la cuenta del convenio y hasta la fecha de su retiro no lo hizo”.

Sin embargo, Nieto lo desmintió. En su criterio, a Joaquín García se le entregó toda la documentación pertinente a ese contrato.

“Cuando recibí la Liga el contrato 011 de 2009 ya estaba totalmente ejecutado”, aclaró.

Dados de baja

“Como yo era el entrenador de la Selección Huila de actividades subacuáticas recibí recursos para compra de tiquetes, hospedaje y alimentación y todo lo que tenía que ver con los trámites pertinentes para la ejecución tanto a nivel nacional como internacional al igual que para la compra de implementos como bialetas, aletas, tajes, tanques y reguladores”, afirmó.

“Algunos de estos implementos fueron entregados a estos deportistas ya que se necesitaban para que participaran en los eventos, en el caso de mono aletas, bialetas, tanques y reguladores no eran de larga duración y con el paso de tiempo se deterioraron y se dieron de baja”, declaró Nieto.

 

Sin evidencias

La Contraloría determinó como irregularidad con connotación fiscal el incumplimiento por parte de la Liga de actividades subacuáticas del plan de inversión, por cuanto “no anexó la evidencia de la asistencia de los viajes realizados por los deportistas en la participación de los campeonatos a nivel nacional e internacional.

Además, los tiquetes aéreos allegados por la Liga al Inderhuila, tienen fecha del mes de septiembre del 2010, a Barcelona (España) y no a Francia, conforme se presenta en la propuesta presentada por el contratista”. En el transcurso de la investigación se aclararon las dudas.

“En cuanto a las capacitaciones con expositor internacional de realización de eventos de carácter mundial, no obra en el proceso evidencia que permita tener la certeza de su realización, por tanto, los recursos asignados para este fin a través del contrato 011 de 2009, deben ser tenidos como un faltante correspondiente a $48 millones de pesos”, concluyó la Contraloría.

En la ejecución del contrato 011 de 2009, se presentó otro daño al patrimonio estatal estimado en 67,12 millones de pesos para un total de 114, 32 millones.

 

Descartado

La Contraloría descartó definitivamente los malos manejos en los tiquetes internacionales.

“La documentación obrante en el proceso permite tener certeza sobre la participación de la Liga de Actividades Subacuáticas del Huila en los eventos internacionales a como el Mundial Juvenil de Natación con aletas en Palma de Mallorca España y la Copa del mundo natación con aletas celebrada en Aix de Provence (Francia)”, concluyó.

Sin embargo, las irregularidades se registraron en el transporte terrestre, en competiciones nacionales con faltantes cuantificados en 61,76 millones de pesos.

En los desplazamientos a Popayán y Medellín no se encontraron soportes, como tampoco sobre la ejecución de las capacitaciones o la logística del campeonato departamental infantil de natación programado en octubre de 2010. Tampoco se evidenció la prestación de este servicio de transporte presuntamente contratado ni la compra de tanques o sudaderas.

“No existe un solo soporte sobre la realización de las capacitaciones pactadas contractualmente, solo recibos de cobró y pago de los presuntos capacitadores, sin listados de asistencia, registro fotográfico o cualquiera de los requisitos exigidos para dar fe de su ocurrencia”, reporta el informe técnico sobre la ejecución de estos contratos.

“Por tanto, la CGR determinó la existencia de un presunto detrimento al patrimonio público de $47.200.000 en el convenio 005 de 2010 para un total de 114,32 millones de pesos”, explicó.

La imputación

Los gerentes colegiados Wilson Díaz Sterling y Yaneth Rocío Urrea, les imputó responsabilidad fiscal de forma solidaria, a título de culpa grave.

El primero fue Luis Eduer Valenzuela Hoyos, ex director del Inderhuila, quien firmó los contratos. Como ordenador del gasto no tomó las medidas necesarias para corregir o poner fin a esta situación, su periodo como Director concluyó el 21 de junio de 2010 por una sanción de destitución que le impuso la Procuraduría General de la Nación.

Valenzuela, por ser el ordenador del gasto y por ello responsable de verificar la utilización de los recursos públicos entregados al organismo deportivo, acorde con el documento contractual estaba obligado a exigir el cumplimiento de lo pactado, la presentación de informes con sus respectivos soportes y tomar las decisiones necesarias acorde con las cláusulas contractuales para lograr la realización del contrato, gestión que no efectuó permitiendo con su omisión que se generara el daño al patrimonio estatal.

“Por ello el señor Luis Eduer Valenzuela es responsable fiscalmente de la ocurrencia del daño patrimonial al Estado en cuantía de 61,78 millones de pesos”, precisó el organismo de control.

Además, le imputó responsabilidad a Carlos Eduardo García Cruz, en calidad de director encargado del Inderhuila, quien suscribió el convenio 005 de 2010 con la Liga de actividades subacuáticas del Huila y actuó como interventor. García Cruz, reemplazó a Valenzuela luego de su retiro por la sanción de la Procuraduría y ocupó el cargo hasta el 24 de octubre de 2010.

Pese al reiterado incumplimiento de la Liga desde el año 2009 García celebró un nuevo convenio, también incumplido y tampoco tomó las medidas necesarias para corregir o poner fin a esta situación.

Finalmente le imputó responsabilidad fiscal a Juan Carlos Nieto Ardila, en calidad de presidente y representante legal de la Liga de Actividades Subacuáticas del Huila quien manejó y comprometió los recursos de regalías entregados a la Liga a través del convenio de cofinanciación 005 de 2010, sin entregar los comprobantes necesarios para demonstrar fehacientemente que los recursos se manejaron de acuerdo con los objetos contractuales y los planes de inversión aprobados.

En cambio archivó al ex presidente Joaquín Emilio García; al supervisor Gerardo Pinzón Zúñiga y al ex director del Inderhuila, Edwin Cante, quien fue designado luego del retiro de Valenzuela.

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