La Nación
INVESTIGACIÓN

Imputan cargos por anomalías en Colegio de Oporapa

Imputan cargos por anomalías en Colegio de Oporapa 1 10 abril, 2020

Por la pérdida de los recursos públicos destinados para la ampliación de la sede San José, la Contraloría llamó a responder a los ex alcaldes Yamid Sterling y Jaime Calderón Losada. También responderá la polémica fundación Edificar (Funecol) con múltiples enredos.

 

RICARDO AREIZA

unidadinvestigativa@lanación.com.co

 

La  abortada ampliación del colegio San José de Oporapa tendrá responsables. Aunque la inversión total se perdió por negligencia de alcaldes y contratistas, por lo menos, los dineros del anticipo, podrán recuperarse.

La Contraloría General de la República dio un nuevo paso en esta dirección al imputarles responsabilidad fiscal a los dos alcaldes directamente involucrados, a los dos interventores y por supuesto, a la cuestionada Fundación Edificar de Colombia (Funecol), beneficiara del contrato que nunca pudo terminar.

Las graves anomalías en serie detectadas en los estudios previos, en el diseño, en la adjudicación y ejecución, generaron la parálisis  total del proyecto que beneficiaría a unos 600 estudiantes urbanos y rurales y la pérdida de los recursos provenientes de regalías petroleras.

Según el cronograma la ampliación de la sede educativa debía entregarse en funcionamiento a más tardar en junio de 2012.  La ampliación contemplaba la construcción de 14 aulas, dos baterías de baño, un aula polivalente y un restaurante escolar en un  área a construir de 3.264 metros cuadrados. El avance de la obra fue del 28.65% y las obras construidas no son funcionales y presentan un deterioro progresivo por humedad. Hoy está en total abandono.

El proyecto gestionado por el ex alcalde Jaime Calderón Losada, tenía un costo de 2.188 millones de pesos, de los cuales 2.100 millones los aportaba el Fondo Nacional de Regalías (FNR) y 50 millones los aportaba como contrapartida la Alcaldía de Oporapa. El FNR giró los primeros 630,20 millones de pesos, correspondiente al 30% del valor total.

Sin embargo, las grandes inconsistencias técnicas y financieras del diseño, lo obligaron a un aborto prematuro.

 

En obra negra

La ampliación del colegio quedó en obra negra con un avance del 28% La construcción fue suspendida desde el 30 de agosto de 2014.

La obra como lo denunciaron en LA NACIÓN estudiantes y padres de familia, registró desde el principio, graves deficiencias en la planeación y ejecución, reflejadas en  los estudios previos.  En los estudios aparecen obras que no fueron previstas, contempló una menor cantidad de obras, no tenía estudio de suelos y los planos presentaban serias inconsistencias.

Estas deficiencias estructurales originaron considerables retrasos en la ejecución de las actividades programadas y finalmente provocó la suspensión de las obras. A juicio de los supervisores, no existió una adecuada planeación

Según la Contraloría, la obra quedó con un avance del 36%  (última evaluación) y actualmente  “está abandonada y lo construido no es funcional, lo que  determina un daño al patrimonio por obra inconclusa de 608, 68 millones de pesos.

“Actualmente la obra presenta deterioro y abandono total. Lo construido no es funcional y debe ser demolida”, anotó.

Solo quedaron como testigos del desmangurre dos módulos, uno de ellos, a nivel de cimentación y elevación de columnas, totalmente enmontado, a la intemperie sin ningún avance de obra distinto a la cimentación. El otro módulo está compuesto por dos niveles, en el primero con cuatro aulas casi terminadas, convertidas en bodegas con inservibles.

El segundo nivel no tiene divisiones de mampostería, ni tiene cubierta, anegado, lo que ha ocasionado daños en lo construido por la humedad.

 

Polémico convenio

El contrato fue adjudicado por el alcalde Jaime Calderón Losada faltando dos semanas para terminar el mandato.

El convenio de asociación fue adjudicado a dedo en tiempo récord  a través de una convocatoria pública que se inició el 22 de diciembre y terminó con la adjudicación el 28 de diciembre de 2011  tres días antes de terminar el mandato.

El proyecto fue tramitado en dos días. La aprobación por parte del FNR fue el 14 de diciembre de 2011 y el 16 de diciembre ya estaban elaborados los estudios de conveniencia, hechos a la carrera, con graves falencias que repercutieron en su fallida ejecución.

Los pliegos de condiciones se conocieron el 22 de diciembre de 2011. La invitación pública se abrió en la misma fecha estableciendo para la presentación de propuestas concluyendo como era lo esperado, con un solo proponente. La propuesta fue presentada a las 11:30 a.m. y a las 5:10 p.m. ya había sido aprobada por el comité evaluador.

El convenio de asociación No. 014 fue firmado con  la Fundación privada Edificar de Colombia (Funecol) el 28 de diciembre de 2011 (Día de los Inocentes) por valor de 2.028 millones. El plazo seis meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio. Calderón Losada explicó que nunca firmó el acta de inició y que su labor fue la consecución de los recursos y la adjudicación del contrato.

La entidad foránea, con sede en Floridablanca (Santander) recibió el anticipo sabiendo de antemano que había cláusulas pactadas que no podía cumplir.  Tampoco cumplió con los compromisos adicionales de dotación que anunció a cambio del contrato.

“La adjudicación de la Obra se hizo a través de un convenio de asociación porque eso nos permitía adicionar unos recursos de la ONG que ganara la convocatoria para el tema de dotación, en el convenio se colocó como requisito el aporte de unos dineros por parte del ejecutor para dotación de la obra que se iba a realizar”, explicó Calderón Losada.

Aunque el convenio se suscribió en diciembre de 2011 fue objeto de un otrosí el 26 de junio de 2012, modificando la cláusula de imputación presupuestal. La ejecución inició el 24 de septiembre de 2012, sin que existiera una debida justificación. Así quedó.

Imputan cargos por anomalías en Colegio de Oporapa 2 10 abril, 2020
El proyecto quedó con un avance del 36% según la última evaluación y lo poco construido debe demolerse.

Sin recursos

La ampliación de la sede educativa debió terminarse a más tardar el 31 de marzo de 2017. Ante las demoras en la ejecución, el proyecto tenía que ser objeto de un nuevo ajuste administrativo y financiero para salvar los recursos y de esta manera pudiera aplicar a las normas contempladas en el Sistema General de Regalías.

Al no cumplir con los procedimientos contemplados y en virtud de la liquidación del Fondo Nacional de Regalías que culminó el 31 de diciembre de 2017, la entidad realizó el cierre unilateral del proyecto, perdiendo los convenios fuerza ejecutoria al incumplirse el objeto de la inversión dentro de los plazos estipulados. Lo mismo ocurrió con el Caimi de Neiva.

Ante el incumplimiento, la directora nacional de Regalías Amparo García Montaña ordenó el cierre unilateral del proyecto, le quitó la fuente de financiación, suspendió los giros pendientes y como castigo condenó a  la administración local a reintegrar los recursos desembolsados.

En consecuencia, la sede educativa se quedó sin el aval financiero y el Fondo de Regalías (ya liquidado) no pudo girar el saldo de los recursos pendientes de desembolso (1.470 millones de pesos aproximadamente).  Adicionalmente, le ordenó que el municipio, como entidad ejecutora, debe devolver 630,20 millones de pesos que recibió como anticipo, incluyendo los intereses y rendimientos financieros.

El ex alcalde, Pablo John Trujillo, cuyo periodo terminó en diciembre pasado, intentó recuperar los dineros pero no pudo.

 

A responder

La Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República le imputó responsabilidad a dos alcaldes, al contratista y a los dos interventores.

A Jaime Calderón Losada, en su calidad de alcalde de Oporapa (2008-2011) quien formuló el proyecto de ampliación y adelantó el proceso de adjudicación del convenio 014 de 2011 a una firma foránea, privada, inhabilitada para firmar el convenio.

En la etapa precontractual del convenio, que le correspondió adelantar al final de su mandato se identificaron las falencias en los diseños y las cantidades de obra necesarias para su ejecución que se constituyó en la principal dificultad para la realización de la obra.

Además de la premura de la realización del proceso de contratación directa, sin justificación, lo que eventualmente impidió una mayor participación de oferentes al igual que el reconocimiento de AIU a una sociedad sin ánimo de lucro.

“La administración municipal de Oporapa, en cabeza del señor Jaime Calderón Losada, adelantó todo el proceso de adjudicación del convenio de asociación 014 del 28 de diciembre de 2011, en 9 días hábiles, que fue muy apresurado y evitó que no existiera pluralidad de ofertas, que otros participantes pudieran estudiar el proyecto, acompañar al municipio determinando existencia de posibles falencias del mismo, blindando el proceso contractual lo que lógicamente conllevaba a que se cumpliera el fin social pretendido”, concluyó la Contraloría.

En su criterio, el responsable de esta premura fue el alcalde pues era el competente para dirigir las licitaciones y celebrar los contratos estatales del ente territorial acorde con los principios de transparencia, economía y responsabilidad.

“Como gestor fiscal, tenía la potestad de invertir correctamente los recursos públicos en procura de lograr un bienestar general y no lo hizo, por ello considera la Colegiada que su actuar fue a título de culpa grave”, precisó.

En el caso de su sucesor, Yamid Sterling Sánchez, actualmente detenido por otros casos de indebida contratación, lo vinculó porque no realizó acciones concretas para hacer las correcciones pertinentes y ajustar el proyecto de acuerdo con los requerimientos del Fondo Nacional de Regalías, lo que en últimas generó la liquidación unilateral y la suspensión de los giros.

“Por este motivo –dijo- su actuar es a título de culpa grave, como alcalde y como ejecutor del proyecto tenía la custodia y responsabilidad de la inversión de los recursos de regalías que le fueran asignados al municipio de Oporapa, era el único competente para tomar las decisiones a que hubiera lugar para dar continuidad al proyecto o aplicar las clausulas excepcionales pactadas para dar por terminado unilateralmente el contrato y omitió este deber legal permitiendo que la obra quedara inconclusa y sin cumplir el fin social que se pretendía satisfacer”.

 

El contratista

Igualmente le imputó responsabilidad fiscal a la Fundación Edificar de Colombia (Funecol), representada legalmente por el señor Javier Alberto Sánchez Díaz, encargada de la ejecución de la obra.

En su calidad de oferente se le imponía la obligación de conocer y estudiar las condiciones de la obra a ejecutar que le permitieran calcular el valor de la propuesta a presentar, por tanto su oferta no podía limitarse a lo establecido por la entidad en el presupuesto oficial de obra, por el contrario debía realizar sus propios cálculos para garantizar su normal ejecución. “Solo una vez iniciada la ejecución del convenio de asociación 014 de 2011 fue que manifestó la inconsistencia del diseño y la imposibilidad de realizarlo conforme a lo pactado”, precisó. Desde el principio sabía que había cláusulas que no podía cumplir.

Tampoco buscó mecanismos efectivos y conciliadores para solucionar las diferencias con la administración municipal.

Adicionalmente, durante la ejecución del convenio hubo incumplimientos frente al personal que debía permanecer en la obra, no llevaba bitácora ni instaló la valla informativa, entre otras. “El actuar de los representantes de la fundación no contribuyó a la correcta ejecución del proyecto”, remarcó el ente de control. Por lo tanto la conducta omisiva del contratista se adecua a los preceptos establecidos para la culpa grave.

Imputan cargos por anomalías en Colegio de Oporapa 3 10 abril, 2020
El proyecto no tenía estudio de suelos y registraba fallas estructurales.

Interventores

En el caso del primer interventor, Alex Alberto Calvache Mena, al igual que el contratista, tenía que conocer la real situación del terreno y la estructura a construir y las deficiencias en los diseños comunicarlas antes de proceder a la demolición de lo existente.

“Con sus informes avaló un porcentaje de avance de obra que no estaba acorde con la realidad, además de autorizar modificaciones o creación de ítems de obra sin contar con el visto bueno de la administración municipal, incumpliendo su deber legal y contractual”, explicó.

Finalmente le imputó responsabilidad fiscal al segundo interventor Cesar Mauricio Figueroa Parra

“Con su omisión ayudó que el proyecto no se ejecutara, perjudicando a la comunidad estudiantil. Es inexplicable e injustificable que no actuara conforme a su deber y encontrara métodos de comunicación para dar viabilidad a una solución en que las partes concordaran, y alcanzar el porcentaje que se necesitaba para lograr el segundo desembolso de regalías y con ello la satisfacción de la necesidad planteada por la administración municipal de Oporapa”, precisó.

“Alex Calvache y Cesar Mauricio Figueroa, actuaron a título de culpa grave, puesto que la inobservancia de su deber contribuyó a que la obra no se ejecutara y se perdieran los recursos invertidos para dar solución a la necesidad de la comunidad estudiantil, generando el daño patrimonial calculado en cuantía de  630,20 millones de pesos por el cual deberán responder de manera solidaria”, concluyó la CGR.

Comenta!

Zona de Suscriptores