Julio César Estrada, dirigente indígena amazónico y ex presidente de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (Opiac), fijó su posición con respecto a la reforma al Código Minero que adelanta el Gobierno Nacional. Para el líder indígena, las zonas de reserva forestal temporal no buscan tanto la protección sino más bien la entrega de vastos y ricos territorios para la explotación minera de gran escala. El dirigente habló con LA NACIÓN en el marco del ‘Foro Minero Energético’ desarrollado en Florencia por el Ministerio de Minas y Energía y la Opiac, a partir del cual el Gobierno comienza a recoger las percepciones de los pueblos indígenas para ser incluidas en la reforma al Código Minero.
La Opiac representa 56 pueblos indígenas de esta región del país, una zona selvática donde también habitan algunos pueblos en aislamiento voluntario. Aunque existen varios pueblos indígenas con posiciones diferentes, de alguna manera lo expresado por Estrada se constituye como la percepción general de los pueblos de la Amazonia con respecto al tema minero.
¿Qué importancia tiene este ‘Foro Minero Energético’ que congrega a los pueblos indígenas de Caquetá alrededor de un tema tan álgido?
Es el resultado de unos acuerdos que tiene la Opiac con el Gobierno Nacional, en especial con el Ministerio de Minas, que consiste primero en hacer unos foros mineros para escuchar las posiciones y las realidades que hay en este sector, que es para el Estado colombiano muy importante y para los pueblos indígenas es como a la inversa, muy problemático. La idea es aclarar cosas, si hay puntos en común, puntos en desacuerdo, para avanzar en un segundo espacio, que es una consulta que se va a hacer para el nuevo código que el Gobierno está preparando.
¿Cuál es el aporte de los pueblos indígenas de la Amazonia colombiana con respecto a la discusión del tema de la reforma al Código Minero?
La primera es la minería que llaman ilegal, la cual habría que clarificar. Nosotros no estamos de acuerdo en que el Gobierno diga que la minería que no está legalizada es la ilegal, eso es abusar, es ir en contra del derecho que tiene la gente a vivir, a defenderse y a buscar su sustento diario. Es grave que el Presidente diga que es minería ilegal. Eso tiene que definirse. Una cosa es lo que hagan las mafias, las Farc, los paramilitares o cualquier otro actor ilegal, y otra la gente que vive de eso.
¿Y qué opinan ustedes con relación al tema de las reservas?
Esa es la segunda consideración, que es que el Gobierno ha dicho que reservó en primera instancia 12 millones de hectáreas, subió a 17 millones y medio entre la Costa Pacífica y la Amazonia, y han dejado 10 millones de hectáreas que uno creería que es reserva para proteger a la Amazonia, pero lo es para entregarla a los postores internacionales. Eso es un problema para nosotros porque no ha sido consultado. En esas reservas hay pueblos indígenas y resguardos que han sido dueños ancestrales. El otro problema sigue siendo en que no hay control del Gobierno Nacional hacia muchos actores ilegales que utilizan la minería para sus actividades ilícitas.
¿Cuál es la posición de los pueblos indígenas de la Amazonia con relación a este tema complejo de la explotación minero-energética en esta región del país?
Esta es una problemática global. Los países industrializados tienen su mira en los recursos naturales que tenemos en la Amazonia colombiana. Aquí hay unas reservas grandes de minerales que están dentro de los territorios indígenas y lo que queremos es confrontar ese modelo extractivista que va a acabar con muchos pueblos indígenas, después de la arremetida que hubo cuando la invasión por la explotación cauchera.