Según la Secretaría de Salud durante el primer semestre de este año, se registraron en el Huila 5.860 accidentes un poco menos a los ocurridos durante el año pasado. Neiva aporta en los primeros seis meses con 2.300 eventos. Una cifra alarmante, estimando que con los niveles, que no descienden, podría duplicarse al terminar el año.
A nivel nacional fueron reportados 50.574 casos. Las lesiones fatales corresponden a 6.402 personas fallecidas (12,66%) y las lesiones no fatales ascienden a 44.172 personas lesionadas (87,34%).
El registro nacional es el más alto en los últimos diez años, con tendencia en aumento, lo que muestra un retroceso en la lucha contra el flagelo de la inseguridad vial en la última década.
Los actores viales más afectados por accidentes de transporte son los usuarios de motocicleta, concentrando el 45,52% de las muertes y el 51,04% de los heridos. Del total de conductores, los motociclistas representan el 72,59% de las muertes y el 74,02% de los heridos; de igual forma, en pasajeros, la motocicleta participa en el 47,72% de las muertes y en el 46,66% de los heridos.
En términos de tasas por 100.000 habitantes, la de Colombia para el año 2014 es de 13,4 muertes. En el Huila es superior al promedio nacional 18,24. En Neiva es de 16,76 mientras que en Aipe es del 50,91. Le siguen Altamira, Campoalegre, Hobo y Garzón.
Las estadísticas reflejan un problema estructural que requiere soluciones integrales. Los accidentes de tránsito constituyen un creciente problema de salud pública y una grave amenaza. Las lesiones, discapacidades y muertes por lesiones en accidentes de tránsito tienen graves efectos familiares, sociales, laborales, elevados gastos en salud y mayor demanda de servicio.
Un tema puntual para los candidatos a la gobernación, alcaldías y corporaciones públicas. En los planes de desarrollo de mediano plazo, sólo Pitalito, logró incorporar la movilidad como uno de los ejes estratégicos.
El enfoque tradicional de culpables y víctimas no soluciona la totalidad del riesgo latente en la alta accidentalidad. Tampoco no genera políticas de fondo para la disminución de las fatalidades o heridos causados por la violencia vial.
La problemática hay que afrontarla integralmente desde las perspectivas de gestión de la seguridad vial. El gobierno nacional y los entes territoriales, pero también las empresas comercializadoras, ensambladoras tienen la obligación de contribuir. La inseguridad vial refleja un grave problema y otro factor que amenaza la competitividad.
“Los accidentes de tránsito constituyen un creciente problema de salud pública y una grave amenaza”.
El consumo de estupefacciones en las instituciones educativas del Huila no es ajeno al país. Otro grave flagelo que deben atender padres de familia, docentes y autoridades locales.