Marcos Silva Martínez
La mediocridad, la irresponsabilidad y perversidad del poder, los defensores del régimen y dueños de la riqueza, engendraron y cultivan el caos y la anarquía en que zozobra Colombia, protegidos por la concupiscencia de la institucionalidad, la politiquería, la corrupción y coadyuvados por la indiferencia cómplice de la sociedad en general. Es la dramática realidad que amenaza la vida y el futuro de la nación.
La inseguridad general de la integridad de la vida, honra y bienes de la ciudadanía y los sistemáticos desconocimientos y atropellos de derechos sociales, con asentimiento tácito o abierto de la institucionalidad y del poder político de turno, son innegables y crecientes. Da la impresión que los gobiernos procuran ignorarla o que prefieren los dividendos que les pueda generar.
La institucionalidad y el marco legal que la regula, tiene la impronta de la conciencia, la mentalidad, la avaricia e irresponsabilidad política y social de los detentadores exclusivos del poder político y legal.
Son causas fundamentales para que a cualquier jefe de gobierno, le resulte imposible lograr resultados en la defensa de los derechos socioeconómicos básicos de la comunidad descaecida económicamente, que es la mayoría de los nacionales colombianos. Esa también la razón de la impunidad, frente a hechos antisociales de los que son responsables los dueños de la riqueza nacional y usufructuarios del poder político e institucional, que cohonestan con la mediocridad y perversidad del poder.
Eso explica y demuestra porqué no opera la justicia cuando se trata de investigaciones en las son o pueden ser responsables, incrustados en el las estructuras del poder económico y político. Hay pruebas a montones. Entre otras: las masacres del Aro, la de la Rochela, los más de 6.402 falsos positivos, las carnicerías contra líderes y reclamantes de derechos sociales, etc., las autoridades responsables de la seguridad ciudadana, han prometido resultados y especulado durante años y el resultado es más impunidad a favor de los responsables intelectuales y ordenadores de las ejecuciones.
Hay seguridad de que a los delincuentes de cuello blanco los protege la impunidad institucional. Si son condenados las penas son irrisorias y el delincuente puede gozarse el botín del delito.
El dantesco panorama de inseguridad ciudadana que azota a Colombia, puede controlarse y erradicarse, si hay voluntad política y responsabilidad ética, social y moral de los gobernantes. Es posible, decretando la emergencia nacional por inseguridad ciudadana. Esta debe decretarse por el máximo periodo permitido legalmente y debe consistir, mínimo en el siguiente ordenamiento:
1.-Prohibir el porte de todo tipo de armas blancas y de fuego en todo el territorio nacional, aún si tiene salvoconducto. ¿Por qué no se puede?
2.-El desacato del porte de armas, sin excepción, debe sancionarse con 3 años mínimo, de detención inconmutable en recinto carcelario, si no tiene antecedentes delincuenciales o más, si tiene antecedentes.
3.-Toda acción realizada por terceros contra la integridad física del ciudadano o de sus bienes, tiene que ser respondida, por parte de los jueces, con solo la versión de los hechos, por parte de la víctima, de la autoridad correspondiente o de terceros testigos, con detención intramural, mínimo por cuatro años, si no tiene antecedentes judiciales y más, según la gravedad del daño ocasionado y la reincidencia en el delito.
4.-Los organismos de seguridad; ejército, policía, armada y fuerza aérea, deben hacer requisas en toda las vías de la geografía nacional y lugares donde puede acampar el delincuente, las 24 horas de los 365 días del año, para hacer cumplir lo ordenado en la declaración de la Emergencia Nacional por Inseguridad Ciudadana.
5.-El gobierno debe ordenar y financiar la construcción de centros de reclusión, en cantidad que cuadruplique la capacidad de reclusión carcelaria presente, en cada capital de departamento, con infraestructura con costo no superior a $800.000 por metro cuadrado construido. Ese costo es posible, para garantizar máxima seguridad y servicios básico, higiénicos y de salubridad. ¿La corrupción no lo permite?
6.-Daecretar específicas y concretas medidas legales para para controlar y sancionar a jueces y abogados litigantes, que pretendan ponerle conejo al ordenamiento legal vigente, para garantizar aplicación honesta de las normas jurídica y garantizar seguridad al ciudadano. En estos casos, las sanciones a jueces y litigantes deben consistir en: la destitución del cargo e inhabilidad para ejercer cargo público. En el caso de los jueces y del ejercicio de la profesión de abogado litigante, inhabilidad para ejercer la profesión, por el resto de sus vidas. Son entre otros, planteamientos e interpretación de la problemática de inseguridad nacional.
Esas decisiones deben crearse y aplicarse como políticas de estado, hasta que se pueda verificar que se superaron las causas que las originaron.
Superar las causas que originaron la problemática de inseguridad ciudadana, demanda toda una revolución jurídico-legal, socioeconómica e institucional y darle un vuelco de 180 grados al modelo económico-político vigente, que los gobiernos y el poder económico-político, han auspiciado y tolerado durante más de doscientos años de vida independiente.
Debe comenzar por dinamizar la economía con aplicación de conocimientos, ciencia y tecnología de punta y definir políticas y metas de sustitución de importaciones por producción nacional, esos mismos que se producían antes de la desafortunada e irresponsable Apertura Económica, impuesta por el poder económico mundial y los secuaces gobernantes colombianos.
Demanda redefinir la formación académica, de manera que se articule con los adelantos del conocimiento y las tecnologías y las pertinencias específicas de la nación y el entorno global.la solución de la inseguridad, demanda equidad socioeconómica y esta, debe corresponder con generación de empleo racionalmente pagado, con lo que se estimula el consumo y la economía en general.
De esos temas deberían ocuparse los candidatos a la presidencia de la república. No lo hacen. La lectura correcta que se debe hacer, es que tienen el propósito de continuar engañando al pueblo colombiano.
Es lo que el elector debe saber, entender y reconocer, sobre la inseguridad ciudadana y sobre decisiones para resolver las amenazas contra los derechos fundamentales de los ciudadanos, para desarrollar integralmente a la nación y para decidir por quién votar. Acabar con la inequidad socioeconómica, la injusticia social y la impunidad, son imperativos imprescindibles para crear condiciones de desarrollo integral y equidad socioeconómica.
Se requieren gobernantes con programas de gobierno específicos para superar el desastre socioeconómico, judicial e institucional y sentido de responsabilidad política y social, para que asuman la reconstrucción integral de la nación. Ellos solo se gozan el festín electoral, con sus bajezas y mezquindades.
Para poder superar la fatalidad socioeconómica, institucional y de precario desarrollo nacional integral, se tiene que elegir a un ciudadano, que con honestidad sepa interpretar las causas, efectos, y amenazas que acechan el futuro nacional y que este dispuesto a recurrir al Constituyente Primario, cuantas veces se requiera, si el congreso se opone a tomar decisiones para mejorar las condiciones de vida de los colombianos.
Bajo la acción y dirección de gobernantes mediocres, perversos, politiqueros y corruptos, es imposible superar el desastre social, económico, jurídico, cultural y de justicia social. Colombia lleva doscientos años padeciendo esa tragedia humana y política.
Los ciudadanos colombianos, tienen derecho a exigir al gobernante y a elegir gobernantes capaces, honestos y responsables y a disfrutar de mejores condiciones de vida, permanentes.