A pesar de la orden de cierre impartida por el Invima las Empresas Públicas de Acevedo (Huila) decidieron construir la PTAR que nunca pudo estrenarse. La obra sin uso está en avanzado deterioro. La Contraloría le puso la lupa.
RICARDO AREIZA
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Aunque parezca increíble, las Empresas Públicas de Acevedo, contrataron la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales para un matadero cerrado.
Absurdo pero cierto. A pesar de la medida nacional que ordenaba el cierre de los mataderos locales, la administración municipal decidió invertir cuantiosos recursos en esta obra civil, que nunca pudo estrenarse.
Los contratos fueron ejecutados conforme lo estipulado, terminados y liquidados según la normatividad sobre contratación estatal.
A pesar de haberse invertido significativos recursos públicos en la construcción e interventoría, la planta de tratamiento no funciona, no presta ningún servicio, está inutilizada y en proceso de deterioro y el matadero sigue clausurado de manera definitiva.
Ante semejante fiasco, la Contraloría Departamental decidió abrir un proceso de responsabilidad fiscal, porque los dineros invertidos en la obra se perdieron y la obra no pudo cumplir la función para la cual fue construida.
Insólito contrato
La planta de tratamiento de aguas residuales para el matadero fue contratada por la gerente de Empresas Públicas de Acevedo, Liza Adriana Carvajal Franco quien firmó el contrato de obra 012 de 2014 con la ingeniera Diana Alexandra Bermeo Tierradentro de Bogotá.
La obra tuvo un costo de 75,06 millones de pesos y la interventoría 5,25 millones adjudicada a Jaime Andrés Celis Floriano.
Los dos contratos fueron ejecutados en los términos y plazos pactados. Solo que la inversión ejecutada se perdió y la obra de nada sirvió.
La planta de tratamiento no pudo funcionar, no está operando y no presta ningún servicio porque sencillamente el matadero fue cerrado por las autoridades sanitarias.
El cierre fue ordenado por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) siguiendo una política nacional liderada por el Ministerio de Agricultura.
Mataderos cerrados
La planta de sacrificio no cumplía los requisitos establecidos en la normativa. Como ocurría con la mayoría de mataderos locales la de Acevedo no contaba con las áreas y equipos básicos para su funcionamiento. Tampoco con las normas de ordenamiento territorial y usos del suelo y carecía de los sistemas adecuados de disposición de residuos sólidos.
Tampoco tenía horno crematorio, corral de observación, estaciones de limpieza y desinfección, depósito para decomisos, ni permisos de vertimientos y, por lo tanto esta planta de beneficio animal registraba un alto riesgo ambiental y sanitario, que afectaba las condiciones de sanidad e inocuidad de la cadena cárnica bovina.
Aun así, conociendo las medidas que generaron polémica desde antes de su expedición, la administración decidió apostarle a la planta de tratamiento de aguas residuales.
La obra se contrató a pesar de la orden de cierre contemplada en el Decreto 1500 de 2007 que era de obligatorio cumplimiento.
Por esa razón, la Contraloría, consideró que los dineros invertidos en la construcción de la planta, así como los dineros pagados en la interventoría constituirían un presunto detrimento patrimonial.
En el caso del Huila las únicas plantas de beneficio animal de categoría nacional que podían seguir operando según requisitos de esa norma eran las de Pitalito, Garzón, La Plata y Ceagrodex en Neiva. También estaban autorizadas las plantas clasificadas en la categoría de autoconsumo en los municipios de Suaza e Íquira y Algeciras.
Las demás, entre ellas el matadero de Acevedo, estaban por fuera del ordenamiento legal y no podían seguir operando.
Aunque hubo licencias temporales para la operación transitoria de los mataderos locales, la orden de cierre seguía vigente porque las plantas no lograron conjurar las graves deficiencias ni la aplicación de las medidas para garantizar la calidad del producto destinado al consumo doméstico.
El plan de salvamento, contenido en el Decreto 1282 de 2016 frenó el cierre gradual de estas plantas de beneficio animal que no cumplían con los requisitos ambientales y sanitarios, pero no desmontó los cierres.
Las prórrogas sucesivas otorgadas por el Invima solamente postergaron la implementación de las medidas adoptadas hace 13 años (Decreto 1.500 de 2007).
Agotados los plazos el Invima ordenó en el 2017 el cierre definitivo de cinco plantas de beneficio en los municipios Palermo, Gigante, San Agustín, Timaná y Acevedo.
Como estaba cantado, la planta de nada sirvió. Desde el febrero del 2017 el matadero está fuera de servicio y la planta de tratamiento quedó sin estrenarse.
Reparos
“Al planificar la ejecución de la obra debió precisarse si el inmueble donde se realizaría cumplía o no con los requisitos legales para su funcionamiento y al corroborar que no los cumplía la entidad territorial no debió invertir recursos públicos en unas instalaciones que para la fecha de la terminación de las obras diciembre de 2014 se encontraba ‘ad portas’ de ser cerrada precisamente por no cumplir con disposiciones legales que imponían obligaciones que a la postre resultaron infranqueables”, precisó el equipo auditor que realizó la inspección.
“Actualmente la planta de beneficio animal se encuentra cerrada y los recursos públicos enterrados en una obra que no presta ningún servicio a la población de Acevedo”, confirmó.
El contrato de obra 012 de 2014 fue terminado el 3 de diciembre de ese año de conformidad con el acta de entrega y recibo final del objeto contractual.
Ese mismo día se firmó el acta de liquidación. El último pago por 32,27 millones se realizó el 12 de febrero de 2015. La obra fue recibida pero se quedó sin estrenar porque el cierre no tuvo ni tendrá reversa.
Aunque actualmente se tramita una acción popular reclamando su reapertura, la medida nacional sigue vigente y el matadero está sellado.
A responder
Como presuntos responsables fueron llamados a responder la gerente de Empresas Públicas de la época, Liza Adriana Carvajal, quien firmó los contratos; el jefe administrativo Carlos Fernando Rojas, quien realizó los estudios de conveniencia y los dos contratistas Diana Alexandra Bermeo y el interventor Jaime Andrés Celis.
El detrimento fue estimado en 80,56 millones de pesos, el valor de la obra civil más el costo de la interventoría.
“Los dineros invertidos en la construcción de la planta por una posible falta de planificación, constituyen un presunto detrimento patrimonial. Pese a que los dineros públicos fueron invertidos de conformidad con lo establecido en el objeto del contrato y la obra fue ejecutada dentro de los términos, la obra no fue efectiva para satisfacer la necesidad que se buscaba suplir, ya que no presta ninguna utilidad porque la planta de beneficio animal fue cerrada”, aseguraron voceros de la Contraloría.
“La planta no cumplía con los requisitos ni hubo una gestión administrativa idónea para asegurar su funcionamiento, lo que puede configurar un detrimento patrimonial que la entidad no tiene la obligación de soportar”, acotó.
Serios indicios
“Por esta mala planeación se dejaron de invertir esos recursos en otras necesidades básicas insatisfechas”, aseguró el ente de control.
“Existen indicios serios que nos llevan a inferir la posible responsabilidad de la gerente Liza Adriana Carvajal Franco, quien suscribió los estudios de necesidad y contrató la obra. Estaba obligada a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación y vigilar el buen destino de los recursos públicos”, afirmó.
Igualmente vinculó a los contratistas Alexandra Bermeo Tierradentro, porque debía determinar si la obra se podía realizar en bien que cuenta con las garantías mínimas para que la inversión realizara cumpliera con los fines para los cuales fue contratada.
También vinculó al interventor Jaime Andrés Celis, quien debía ejercer el control para evitar que los recursos se invirtieran en una obra que no cumplía los requisitos para su operación.
Finalmente al jefe administrativo Carlos Fernando Rojas, quien realizó los estudios previos.
Un grave error
“Si bien es cierto podría existir la necesidad de construir e instalar la planta de tratamiento no es menos cierto que los estudios previos debieron verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos legales ambientales y jurídicos a fin de minimizar los riesgos de la obra”, argumentó el equipo auditor.
“Los riesgos de la inversión de recursos públicos en unas instalaciones que se encontraban sin cumplir con los requisitos legales para su funcionamiento y en proceso de cierre como efectivamente ocurrió dejando los recursos públicos siempre están ninguna utilidad pero invertidos en una obra que se encuentra cerrada lo que en principio podría eventualmente constituir un grave error en la planeación del proyecto”.
Aunque la prescripción les toca los talones, la Contraloría abrió el proceso de responsabilidad.
