El exrepresentante está obligado a aportar verdad plena distinta a la conocida en la justicia ordinaria, reparar integralmente a sus víctimas y garantizar la no repetición de los hechos. Dará su versión voluntaria el 1 de septiembre.
Luego de realizar un estudio de fondo de la solicitud, de revisar su expediente en la justicia ordinaria, y luego de escuchar y analizar la ampliación de la versión colectiva del Bloque Sur de las extintas Farc, la Sala de Reconocimiento estableció que el excongresista Luis Fernando Almario cumple con los requisitos generales para ser aceptado en la JEP. El exrepresentante a la Cámara por el departamento de Caquetá rendirá versión el próximo 1 de septiembre a las 9:00 a.m. dentro del caso 001, conocido como el de secuestro.
Almario, es procesado en la justicia ordinaria por sus presuntos vínculos con las Farc y por su presunta participación en el asesinato, a manos de la Columna Móvil Teófilo Forero, del excongresista Diego Turbay Cote (presidente de la Comisión de Paz cuando ocurrieron los hechos); su madre, Inés Cote de Turbay, y de Jaime Peña Cabrera, Edwin Amir Alarcón Angarita, Hamil Bejarano Martínez, Dagoberto Samboní Uni y Rafael Ocasiones Llano, en el año 2000.
La Sala de Reconocimiento aceptó a Almario Rojas como agente de Estado no miembro de la fuerza pública, luego del envío de su expediente por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que lo juzgaba por esos hechos y que determinó que los mismos están directamente relacionados con el desarrollo del conflicto armado.
Además, Almario Rojas hizo llegar un segundo escrito de sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz, esta vez por los delitos de concierto para promover grupos armados al margen de la ley y constreñimiento al sufragante por los acuerdos que hizo con el Bloque Central Bolívar- Frente Sur de los Andaquíes, por los que fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 10 años de prisión. La misma sentencia obliga a Almario Rojas al pago de una multa de 11.000 salarios mínimos y lo inhabilita para ejercer sus derechos y funciones públicas por el mismo periodo.
La resolución de la Sala de Reconocimiento indica que solamente se acepta el sometimiento de Almario Rojas por sus presuntos vínculos con la extinta guerrilla de las Farc y el asesinato de Turbay Cote, su madre y los demás acompañantes. Frente a los delitos de concierto para promover grupos armados al margen de la ley y constreñimiento al sufragante, la Sala de Reconocimiento remitió a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP esta solicitud para que estudie si lo acepta o no por esos hechos.
Luis Fernando Almario, al ser admitido por la Jurisdicción, está obligado a cumplir con el régimen de condicionalidad. Esto implica aportar verdad plena distinta a la conocida en la justicia ordinaria, reparar integralmente a sus víctimas y garantizar la no repetición de los hechos.