Los militares serán imputados por 126 asesinatos y 120 desapariciones forzadas atribuidas al Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’, ubicado en Valledupar.
Una semana después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) publicara su primera imputación del macrocaso 03, contra 10 militares y un civil que serían responsables de 120 ‘falsos positivos’ en Catatumbo, se conoció que el alto tribunal tiene lista una nueva decisión.
La JEP publicará oficialmente el auto de determinación de hechos y conductas del subcaso de la Costa Caribe, en el que imputa al coronel en retiro Publio Hernán Mejía; a su sucesor, el también coronel (r) Juan Carlos Figueroa, y a otros 13 militares por 126 asesinatos y 120 desapariciones forzadas atribuidas al batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’, ubicado en Valledupar.
Alianzas con paramilitares, estigmatización contra la población, asesinato de guerrilleros que se habían rendido, detención de personas en retenes posteriormente asesinadas, engaños a habitantes de calle para ultimarlos y presentarlos como bajas, entre otras artimañas hicieron parte del entramado ilegal organizado en el Ejército para perpetrar estos crímenes.
Cesar es el cuarto departamento del país con mayores registros de ‘falsos positivos’: 323 de las 6.402 víctimas que la JEP determinó entre 2002 y 2008 se habrían cometido allí.
Y, solo en el periodo de tres años y seis meses estudiado por la JEP, se habrían cometido el 37 % de esos 323 casos: es decir que, en promedio, cada diez días los militares presentaron a un civil como delincuente dado de baja en combate.
La versión aprobada del auto conocida por este diario identifica como máximos responsables de ‘falsos positivos’ en el batallón La Popa a 15 militares.
Los de mayor rango son los coroneles Publio Hernán Mejía Gutiérrez (comandante de esa unidad castrense entre enero de 2002 y enero de 2004), y Juan Carlos Figueroa (quien estuvo en el batallón comprendido entre enero de 2003 y julio de 2005).
También están siendo procesados los mayores José Pastor Ruiz Mahecha, Guillermo Gutiérrez Riveros y Heber Hernán Gómez Naranjo; los sargentos Efraín Andrade Perea, Manuel Valentín Padilla Espitia y José de Jesús Rueda Quintero.
Asimismo, el teniente Carlos Andrés Lora Cabrales; los subtenientes Edward Gustavo Álvarez Mejía y Elkin Leonardo Burgos Suárez; el cabo tercero Elkin Rojas; y los soldados profesionales Yeris Andrés Gómez Coronel, Alex José Mercado Sierra y Juan Carlos Soto Sepúlveda.
‘Eran bandidos y se tenían que morir’
La Sala de Reconocimiento de la JEP encontró dos patrones en las ejecuciones ocurridas en el Batallón La Popa.
“En el primero de ellos, se justificó el asesinato de personas señaladas de pertenecer o auxiliar a las guerrillas o de ser ‘bandidos’, y se efectuó, en buena parte, en colaboración con grupos paramilitares o guías provenientes de estos grupos”, se lee en el documento.
Sobre el segundo patrón, explica la JEP, que “algunos miembros de la unidad seleccionaron a ciudadanos en distintas situaciones de marginalidad económica y social para asesinarlos, desaparecerlos y presentarlos como supuestas bajas en combate”.
Dos de los militares que rindieron versiones ante la JEP, y que habrían participado en las primeras ejecuciones extrajudiciales en la zona, aseguraron que el coronel Mejía usaba varias expresiones para referirse a las víctimas.
“Según los comparecientes, Mejía Gutiérrez usaba expresiones tales como: “Hermano, no se preocupe que eso es un bandido” o “hermano, eran bandidos y se tenían que morir” , para referirse a las víctimas asesinadas por los paramilitares luego presentadas por el batallón como resultados operacionales”, relata el auto.
Con información de El Tiempo.