Las evidencias presentadas por la Fiscalía fueron suficientes para que el juez avalara la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jhon Fredi Sotelo y Karol Jaquelin Sabi Barrera, a quienes se les señala de integrar dicha organización, dedicada a la extorsión en Pitalito, Huila.
Sus víctimas eran principalmente los dueños de establecimientos comerciales y campesinos de la zona rural del valle de laboyos, a quienes intimidaban a través de mensajes de texto, en los cuales los citaban para cumplir con reuniones en las que eran obligados a pagar grandes exigencias económicas.
Durante las audiencias, los implicados fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir, tentativa de extorsión y extorsión; ambas conductas agravadas; además de receptación; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos; y utilización ilícita de redes de comunicaciones.
“Esta pareja, desde diciembre de 2024, vendría exigiendo entre 10 y 20 millones de pesos a sus víctimas, principalmente agricultores y empresarios de las veredas Ingali, San Francisco y Criollos de Pitalito. Se evidenció que Sotelo y Sabi Barrera, a través de mensajes de texto, habrían citado a varias personas en zonas rurales del sector para supuestas reuniones. Al llegar al lugar, eran obligadas a pagar las exigencias, a cambio de no atentar contra su vida y abandonar sus fincas”, expuso el fiscal en la diligencia judicial.
Es de recordar que estas personas fueron privadas de la libertad a finales de enero por uniformados del Gaula Huila, en el municipio de Pitalito. Según el reporte de las autoridades, ellos habían viajado desde el Putumayo, de donde son oriundos, con el objetivo de recaudar grandes sumas de dinero sembrando terror en la población.
En aquel procedimiento, fue recuperada una motocicleta reportada como robada en el departamento del Putumayo e incautaron una segunda motocicleta que habría sido utilizada en actividades delictivas. Asimismo, aseguraron elementos de alta peligrosidad, entre ellos un proveedor de fusil con munición calibre 5.56, una granada IM 26 y dos teléfonos celulares, que son pieza clave para las investigaciones.