La Contraloría General de la República ha instado esta semana una vez más al Gobierno Nacional a tomar las medidas necesarias para evitar un racionamiento de energía en el país. Así las cosas, el ente de control fiscal ha mostrado preocupación por el retraso en el cumplimiento de las obligaciones en lo que corresponde al giro de los recursos a las empresas prestadoras de servicios públicos de energía y gas por parte de entidades públicas que no han pagado por el servicio prestado. Esto, a juicio de la Contraloría, puede generar no solo riesgos para el patrimonio del Estado, sino que además afectaría a muchas de las empresas de servicios públicos que son propiedad o tienen participación estatal.
Se ha indicado también por parte de la Contraloría sobre el riesgo de que los usuarios con menos recursos en estratos 1, 2 y 3, puedan ver incrementados los costos de las facturas sino se giran los recursos y pagos por parte del gobierno correspondientes a subsidios y opción tarifaria.
Según datos del Comité Intergremial de Energía y Gas y citados por la propia Contraloría, las deudas acumuladas por subsidios, que el Gobierno Nacional debía girar a través del Presupuesto General de la Nación (PGN), suman $2,7 billones para energía eléctrica, $3.3 billones por opción tarifaria y un billón por deuda de usuarios oficiales y en lo que compete a gas $628 mil millones para gas natural al cierre de 2024, es decir más de $7 billones, lo que preocupa aún más si se incluyen los costos de las intervenciones a empresas realizadas recientemente. Este monto representa anualmente el 60% de los recursos necesarios y sigue aumentando cada trimestre, situación que reduce la liquidez de las empresas, amenaza con el desmonte de subsidios y podría traducirse en un alza de tarifas que afectaría a los hogares más vulnerables. Y para el organismo de control, cubrir estas deudas debe ser una prioridad para garantizar el acceso al servicio de las familias de ingresos bajos.
Un incremento en los recibos de los servicios públicos podría impactar de manera directa en el costo de vida de los colombianos, por lo que cualquier decisión en esta materia es ‘jugar con candela’. Ojalá, el Gobierno Nacional atienda los llamados que está haciendo la Contraloría.