Increíble. Por quinta vez, la acusación contra los concejales y particulares implicados en la escandalosa elección de Contralor y Personera, volvió a quedar en suspenso, bordeando los linderos de la prescripción.
RICARDO AREIZA
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El juicio oral contra los concejales, servidores públicos y particulares, comprometidos en la ‘torcida’ elección de Personera y Contralor de Neiva, por la inexplicable mora judicial, comenzará a bordear los límites de la prescripción.
La terminación de la acusación contra los 15 implicados. Iniciada en diciembre pasado, volvió a suspenderse y solo podrá reanudarse en unos cinco o seis meses, ante la congestionada agenda de los jueces de conocimiento.
Después de múltiples aplazamientos, la acusación se programó para los días 12 y 13 de diciembre. Sin embargo, ese día tuvo que suspenderse.
Adicionalmente, el juez de conocimiento, Jorge Enrique Luna, fue designado Juez de Ejecución de Penas y tuvo que entregar el proceso. La audiencia se fijó para el viernes pasado y tampoco pudo desarrollarse como se había programado.
Horas antes de la diligencia, la juez Tercero Penal del Circuito de Neiva, Elvira Inés Zamora Gnecco, quien reemplazó a Luna, se declaró impedida.
La funcionaria, antes de asumir el conocimiento del ‘enredado’ proceso, concurrió como juez de garantías en las diligencias concentradas luego de la captura de los 15 implicados. Por esa razón se declaró incompetente y anunció su separación del conocimiento.
En sala de espera
Al declararse impedida, la juez pondrá los hechos en conocimiento del que le sigue en turno, en este caso el Juez Cuarto Penal del Circuito.
Mientras se surte el proceso y se ajusta el calendario de audiencias en la congestionada agenda de los despachos judiciales, el inicio de la audiencia preparatoria entrará en “sala de espera”.
La bancada de la defensa, estima que la citación a nueva audiencia, en condiciones normales, tardará de cinco a seis meses. Esto es, agosto o septiembre próximos. Y se requerirán por lo menos cinco audiencias para el descubrimiento probatorio, antes de comenzar el juicio.
Esto significa que la acusación, por la complejidad de las pruebas y el número de implicados, se surtirá en por lo menos otras cuatro audiencias, que tendrán que programarse, ajustadas a la agenda del despacho.
“Si logramos concluirla en esas jornadas, la audiencia preparatoria, por la misma complejidad, puede durar tres años”, anotó el abogado Luis Alberto Osa, apoderado de varios de los acusados.
“En esta lógica, el juicio oral, siendo realistas, puede tardar otros cuatro años”, acotó, lo que les garantizará a los implicados su participación en la próxima campaña electoral.
Prescripción
De hecho, la demora en la iniciación del juicio oral, podría generar la prescripción contra algunos de los implicados, entre ellos el financiador, René Cantillo, quien aportó los dineros para el soborno y sirvió de puente para la aterradora compra-venta de los servidores públicos comprometidos.
El empresario, acusado como coautor del delito de cohecho por dar u ofrecer en concurso homogéneo y sucesivo, como otros particulares involucrados, podrán salir judicialmente indemnes.
Es más, algunos de los elegidos podrán volver y repetir curul en la próxima campaña sin que su situación jurídica haya sido definitivamente resuelta por los sobornos entregados para escoger a la personera Heidy Lorena Sánchez y al contralor de Neiva, José Hildebrand Perdomo.
Cantillo, el ‘hombre del maletín’, quedó en libertad en septiembre del año pasado por vencimiento de términos.
Acusación tardía
Aunque parezca insólito, la acusación contra los 15 personajes involucrados en la fraudulenta selección de los dos voceros de los organismos de control, lleva diez meses sin que se haya podido concluir.
El escrito de acusación fue presentado el 20 de diciembre de 2018. Por la complejidad del tema y la extensión del escrito de acusación el juez de conocimiento fijó la audiencia con seis meses de anticipación para que en este tiempo adecuado y suficiente, la Fiscalía pudiera adjuntar las pruebas pendientes. Sin embargo, no se hizo. Inicialmente, la acusación fue programada para el 5 de mayo de 2019.
Un día antes de la audiencia citada seis meses antes en noviembre de 2018, el fiscal de apoyo, Óscar Ochoa Ramírez, sorpresivamente solicitó el aplazamiento de la diligencia judicial.
La petición fue radicada a las 4:02 de la tarde del 30 de abril el Juez Segundo Penal del Circuito resolvía una impugnación que formuló la Fiscalía ante la unánime negativa de los concejales a dejarse realizar una prueba de reconocimiento de voz, clave para sustentar la acusación.
La prueba pericial, inexplicablemente olvidada por la Fiscalía, fue solicitada en el 2018 ante un juez de garantías para cotejar las voces de los 15 implicados con las que aparecen en las interceptaciones telefónicas efectuadas entre enero y abril de 2016 cuando se ‘negociaba’ la elección de los servidores públicos.
La primera audiencia de revisión de legalidad fue realizada el 26 de febrero de 2019. Sin embargo, fue suspendida. La diligencia reservada fue reprogramada para el 4 de abril. Ese día los concejales y demás imputados no autorizaron el cotejo de voz.
El procurador judicial Alejandro Agudelo Parra, cuestionó la demora de la Fiscalía para realizar a destiempo la prueba judicial. “Si bien el cotejo científico de voces es el mecanismo más idóneo para la respectiva identificación, ello no excluye que esa convicción pueda lograrse por otros elementos probatorios”, afirmó. Esa tesis se mantuvo.
Esa segunda instancia, le sirvió a la Fiscalía como pretexto para solicitar el aplazamiento de la audiencia que se había programado con seis meses de anticipación, para asegurar su realización, considerando la complejidad del proceso y el número de personajes imputados.
Según la Corte Suprema de Justicia “el cotejo de voces es un medio idóneo pero no el único para identificar a los partícipes en una comunicación telefónica, de manera que cuando las circunstancias del proceso impiden llevarlo a cabo, habrá de acudirse a otros medios probatorios que hagan posible establecer quién es el que interviene en ella”.
“La dilación de este juicio no está en cabeza del juzgado o de los defensores, sino, en este caso está directoramente en cabeza de la Fiscalía”, aseguró el juez Luna Corrales, quien conocía el proceso.
La audiencia de acusación fue programada para los días 12 y 13 de diciembre, un mes y medio después de las elecciones.
Nuevo escenario
Si el Juez Cuarto Penal del Circuito, asume sin reparos la competencia, la fiscalía podrá iniciar la sustentación de la acusación, en agosto o septiembre. Si se llegase a suscitar un conflicto de competencia será el Tribunal Superior el que decida.
Con más de 33.000 interceptaciones telefónicas realizadas a través de la plataforma Esperanza, y abundante evidencia material y probatoria, la Fiscalía sustentará en esa fecha aun sin programar, los cargos imputados a los 15 vinculados al proceso penal.
La interceptación telefónica a concejales, funcionarios y particulares comprometidos en un plan de soborno masivo comenzó el 17 de noviembre de 2015 en pleno escándalo por las anomalías en el concurso para elegir Contralor y Personera de Neiva.
Desde la plataforma Zeus del sistema Esperanza de la Fiscalía se puso en marcha el gigantesco rastreo telefónico que permitió descubrir por su propia boca los detalles de la campaña masiva para sobornar a los concejales.
Con toda esa evidencia probatoria, los concejales y los demás implicados fueron capturados el 23 de agosto de 2018 en plena sesión de la corporación.
Un año y siete meses después de las capturas, la acusación por los escandalosos sobornos sigue en pañales mientras los términos corren apresurados rumbo a la prescripción.