Con el testimonio clave de Karol Becerra, testigo de la Fiscalía, la juez Cuarta Penal del Circuito inició ayer el juicio por el robo en la universidad Corhuila.
RICARDO AREIZA
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Confirmado. Como estaba previsto el auxiliar contable Karol Jovanny Becerra Hernández, condenado anticipadamente por la millonaria defraudación a la Corporación Universitaria del Huila (Corhuila) abrió ayer, como testigo estrella, el juicio oral contra los otros implicados.
El ex funcionario, de 40 años, inició la primera ronda, como testigo estrella de la Fiscalía en el proceso que se surte contra Claudia Liliana Espitia Garrido, quien tiene una orden de captura internacional.
La antigua asistente contable es procesada por el presunto delito de hurto agravado y falsedad en documento privado. La misma conducta se les imputó a otras cinco personas, aparentemente comprometidos en el fraude financiero.
En el proceso también estan vinculados el exdirector financiero, Ignacio Gamboa Manosalva; la contadora María Nidia Martínez Muñoz, la tesorera Sandra Liliana Flórez Tique (ya imputada) y el ex rector Virgilio Barrera.
Becerra, condenado el 12 de agosto pasado, devolvió 120 millones de pesos a la institución, lo que le permitió un preacuerdo con la Fiscalía.
El ex funcionario, quién había sido capturado el 28 de febrero de 2017, fue sentenciado a 33 meses de prisión, pero se encuentra en libertad bajo caución.
Con su confesión voluntaria que le permitió una sentencia anticipada y demás evidencia recaudada, la Fiscalía abrió el debate probatorio, en una sesión virtual realizada ante la Juez Cuarto Penal del Circuito, Patricia Cruz Peña.
Testimonio clave
Tal como había sido pactado en el preacuerdo, Becerra Hernández aceptó su participación en la confabulación Pero no actuó solo.
El testigo admitió su participación en el fraude consentido con otros miembros del equipo; contó la forma en que se realizó la defraudación, el papel que jugó la principal implicada Claudia Liliana Espitia Garrido y la participación de otras personas, especialmente la tesorera Sandra Liliana Flórez Tique.
El exfuncionario fue el encargado de ingresar manualmente al sistema contable los títulos falsos, usando las claves personales y el usuario del software de gestión que le habían asignado.
Los demás miembros de la red se encargaban de realizar los movimientos contables fraudulentos, se inventaban los beneficiarios, armaban las cuentas de cobro ficticias, expedían los cheques utilizando indebidamente las diversas cuentas de la institución y, le colocaban sellos que no eran los oficiales y simulaban la firma del ordenador del gasto.
¿Fallas inducidas?
Aprovechando las fallas en la digitalización de la información contable, aparentemente planeada, los funcionarios de la parte contable iniciaron la defraudación en serie. Las irregularidades ocurrieron en el primer semestre de 2013.
Sin embargo, quedó demostrado que los registros contables correspondientes a 2012, presentaban una inexplicable morosidad, al parecer, inducida por el mismo equipo, según un informe de auditoría interna realizado por la revisora fiscal Esperanza Ramos Botello.
La digitación manual de los registros al software contable realizada entre septiembre de 2012 y abril de 2013, facilitaron el robo.
La revisora fiscal, formuló el 24 de junio de 2013 la respectiva denuncia penal en averiguación de responsables por otros giros, al parecer, irregulares realizados entre el 2011 y el 2012.
El escándalo ocasionó el retiro del rector Virgilio Barrera y de varios miembros del Consejo Superior, entre ellos varios fundadores.
El rector entrante, Roque González Garzón, descubrió la defraudación perpetrada por el equipo contable y formuló la denuncia penal.
Becerra confirmó el ‘modus operandi’ utilizado para apropiarse ilícitamente de los dineros de la institución.
Según su extenso testimonio, Espitia Garrido, quien se desempeñaba como auxiliar contable fue la encargada de suplantar la firma del rector Virgilio Barrera, representante legal de la institución, les colocaba el sello, también apócrifo y luego los hacía efectivos.
Fraude planeado
La defraudación, de acuerdo con la investigación del fiscal Alirio Cordero, no fue aislada, sino calculadamente planeada, aprovechando las fallas que venía registrando el sistema contable.
Los cheques expedidos en forma fraudulenta eran cobrados por la señora Espitia Garrido o endosados a terceras personas utilizadas como emisarios para lograr el retiro de los dineros de la institución.
Según el arqueo en poder de la Fiscalía, el robo ascendió a 1.889,48 millones de pesos. En total fueron girados y cobrados 391 cheques. De éstos 332 corresponden a una cuenta corriente del Banco Caja Social, y 59 a otra cuenta corriente de Bancolombia.
Los cheques espurios se giraron con cargo a los rubros de pago de honorarios, seguros, arrendamientos y construcciones, afiliaciones y sostenimiento y finalmente, otros gastos, el principal canal para la defraudación financiera.
De acuerdo con la investigación, “las firmas estampadas en la totalidad de los cheques girados y cancelados fraudulentamente, eran falsas, pues no correspondían al señor Virgilio Barrera Castro, quien era para la época de los hechos era el representante legal de la referida institución universitaria. En igual sentido, se adujo respecto de los sellos de Rectoría”, aseguró la juez Quinta Penal del Circuito, Olga Lucía Becerra, quien profirió la primera sentencia.
También quedó demostrado que otros cheques fueron girados fraudulentamente a nombre de la investigada Claudia Liliana Espitia Garrido, la principal acusada.
Pronto fallo
La declaración rendida en la primera sesión del juicio oral es una de las piezas claves contra los otros seis implicados, entre ellos Claudia Liliana Espitia Garrido, procesada en contumacia. La ex funcionaria, una vez destapado el escándalo salió fuera del país y desde entonces se ha negado a concurrir a las diligencias judiciales. Según la Fiscalía, estaría radicada en Estados Unidos.
No obstante, ayer asistió en su representación su abogado de oficio Diego Henao.
En el proceso aparecen igualmente las declaraciones juramentadas del rector Roque González Garzón, de la contadora Esperanza Ramos Botello (revisora fiscal) y de algunos gerentes que aparecían como supuestos beneficiarios.
En el expediente aparecen también las declaraciones rendidos testigos y peritos, entre otros José Alfredo Moreno Cuéllar, Fabián Vargas Polanía, José Jader Quiroga Salazar, Juan Carlos Delgado, René Antonio Dussán, Jaime David Rodríguez, Diego Omar Rodríguez, Henry Mauricio Villa Ramírez y Carlos Alberto Suarez Gasca, entre otros, que servirán como soporte contra los ex funcionarios imputados. Además, la defensa aportará otros testigos.
Igualmente figuran los informes técnicos de grafología y el estudio a los sellos plasmados en los 391 cheques, los reportes de las dos entidades bancarias, entre otros.
Con estos testimonios y abundante evidencia recaudada, la jueza de conocimiento, aspira a dictar una nueva sentencia en pocas semanas.
Circular roja
Ante la renuencia de la procesada en concurrir a las diligencias judiciales, la Fiscalía solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores la solicitud de circular roja a Interpol para la localización y eventual captura de la señora Espitia Garrido.
Una vez se destapó el escándalo, la implicada huyó a España y luego se radicó en Estados Unidos, donde permanece.
Las autoridades confirmaron que Espitia Garrido, está radicada en la localidad de Medley, en el condado de Miami-Dade en el estado de la Florida.