De acuerdo con la Constitución Política Colombiana, la Paz es un Derecho y un Deber de obligatorio cumplimiento, luego no le puede extrañar a nadie que quienes representen la majestad del Estado, deben buscar ese bien superior como un imperativo legal. Además, en una sociedad civilizada que busca una salida negociada a un conflicto armado, ese camino hay que allanarlo, como es el caso nuestro, donde recientemente se pactó un Acuerdo de Paz, el cual hay que cumplirlo a cabalidad. Con defectos y vicisitudes se está implementando. Ya observamos a la insurgencia iniciar la dejación de armas para dar el paso de reintegración a la sociedad, acatando el Estado Social de Derecho, sus instituciones y autoridades.
Para lograr este objetivo y dentro de los compromisos del acuerdo, está prevista la implementación de la Justicia Especial de Paz “JEP”, que hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, y deberá cumplir con el deber de investigar, esclarecer, juzgar y sancionar las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario que tuvieron lugar en el contexto y en razón del conflicto armado. Las sanciones que impongan los tribunales de esta jurisdicción tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz.
La oposición con frecuencia combate la JEP, hablando de que es un esperpento de impunidad, desconociendo raceros fundamentales del delito político. La justicia transicional no es un invento fruto de la imaginación del Gobierno de Santos, ni de los colombianos, es una creación de la comunidad internacional, establecida para resolver los conflictos armados en muchos países del planeta. No nos dejemos confundir y tengamos claro que esta jurisdicción no es comparable con la justicia ordinaria. Es política. Hasta los “puristas” tienen claro que la justicia transicional tiene una dosis de impunidad y una dosis de justicia.
La JEP opera exclusivamente para los actores del conflicto armado colombiano (guerrilleros, agentes del Estado o fuerzas armadas y los terceros que hayan cometido delitos con ocasión del conflicto interno). Tiene por supuesto unas condiciones favorables frente a la justicia ordinaria.
Estén seguros que los tribunales de la JEP, en trámite en el Congreso, estarán integrados por jueces probos, seleccionados por organismos del más alto nivel.
En un conflicto que nos generó más de 200 mil muertos y 8 millones de víctimas, encontrarán en la JEP la oportunidad de oro para saber la verdad de lo que les sucedió, como la oportunidad de la reparación. También las victimas tendrán la oportunidad de descargar esa amargura interior con el perdón y crear un entorno favorable de reconciliación. Como dijera Gandhi: “El perdón no cambia el pasado, pero si puede cambiar el futuro”.
