¿Justicia real?

El reciente caso de una menor de edad salvajemente golpeada por su ex novio celoso en Neiva, la decisión de la Justicia de dejarlo en libertad plena y la reacción de un sector de la sociedad rechazando esta brutal agresión pone sobre el tapete, una vez más, la capacidad del sistema judicial colombiano de enfrentar con todo rigor el maltrato no sólo contra las mujeres sino en general contra las personas en situación de indefensión, incluyendo a los niños y ancianos, y de conservar un equilibrio y una racionalidad que ajuste los castigos a la gravedad del delito. El reciente caso de una menor de edad salvajemente golpeada por su ex novio celoso en Neiva, la decisión de la Justicia de dejarlo en libertad plena y la reacción de un sector de la sociedad rechazando esta brutal agresión pone sobre el tapete, una vez más, la capacidad del sistema judicial colombiano de enfrentar con todo rigor el maltrato no sólo contra las mujeres sino en general contra las personas en situación de indefensión, incluyendo a los niños y ancianos, y de conservar un equilibrio y una racionalidad que ajuste los castigos a la gravedad del delito. Y justamente cuando nos preguntamos si las autoridades serán capaces de sancionar en su medida al violento agresor, en la ciudad de Cali va a juicio un muchacho desempleado y con secuelas de una mina antipersona quien, en medio de sus penurias, robó un cubo de caldo de gallina en un supermercado. Fue detenido y podría pagar, óigase bien, seis años de prisión por ese asunto ridículo. Estos y muchos otros procesos, más y menos graves, suceden a diario por miles en el país, la inmensa mayoría en el absoluto anonimato y por lo tanto sin ninguna discusión pública ni despliegue de los medios ni escándalo ni marchas. Por lo menos en el caso de la menor neivana ha habido una notable reacción de la comunidad que debe obligar a la Justicia a actuar con mayor severidad. Pero el grueso de los casos judiciales van desde el insólita dureza contra el ladrón del cubo de caldo de gallina hasta las flexibles y bondadosas penas contra los protagonistas de multimillonarios y sonados casos de corrupción, o las elásticas condenas, indultos y amnistías que reciben los autores de los más execrables delitos de lesa humanidad. Y todo ocurre mientras el legislativo discute los alcances de una promocionada reforma a la justicia cuyos más importantes artículos se dedican a aumentar el período de los magistrados y a modificar, sólo de nombre, la inepta e inútil Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes. Tal contexto obliga a reflexionar acerca de cuán “aterrizados” son nuestros legisladores, investigadores judiciales y jueces en cuanto al escenario real en el que se mueven el país y sus conflictos, y el texto legal que se aplica. Se presume que la ley es resultado del tipo de sociedad que tenemos, de los comportamientos humanos y del ideal de Justicia que se busca, todo en armonía con los principios básicos de los Derechos Humanos, y una tabla de equilibrio entre la transgresión de esa ley y la correspondiente sanción o pena. Sin embargo, lo que tenemos a la vista es un entramado jurídico repleto de inconsistencias, inequidades, estratificación y desigualdades, que muy poco parece consultar la vida real y la cotidiana conflictividad. Los avances constitucionales de Colombia evidentemente contienen un alto porcentaje de derechos, pero en ninguna parte se han excluido las obligaciones y el necesario papel represor del Estado para aplicar la justa medida frente a los diversos fenómenos sociales. DESTACADO “Lo que tenemos a la vista es un entramado jurídico repleto de inconsistencias, inequidades, estratificación y desigualdades, que muy poco parece consultar la vida real y la cotidiana conflictividad”. EDITORIALITO El Huila abrió anoche la fiesta sampedrina, una de las más auténticas celebraciones folclóricas del Huila. La campaña para gozar las fiestas sanamente es una convocatoria para disfrutar las fiestas sin agresiones, ni intolerancia.