Por: Juan David Huertas Ramos
Globalmente se ha convenido en la importancia de la justicia para el orden social. En Colombia, la justicia se ha tornado en un concepto vacío que ridiculiza la realidad del país y a sí misma. Infortunadamente, los efectos del debilitamiento institucional son económicos.
Para evidencia, tan solo dos hechos recientes, pues podría enumerar muchos más, sin embargo, este espacio no es infinito.
Primero, el 13 de mayo de 2021, la Honorable Corte Suprema de Justicia profirió un concepto favorable a la extradición de ‘Santrich’ a los EE. UU. por los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir. Delitos que han querido negar todas sus plañideras.
Tal providencia gozaría de seriedad si hubiese sido proferida cuando se dio su captura en 2018 y no en días previos al anuncio de su supuesta muerte (Quizás, nos enteremos en un unos años que no andaba muerto sino de parranda y todas sus viudas le habrán llorado en vano).
Segundo, el pasado 30 de abril de 2021, la Justicia Especial para la Paz-JEP celebró que los senadores nombrados (no elegidos) de las FARC aceptaran la comisión del delito de secuestro.
La diligencia adelantada por el para-tribunal fue celebrado con total espectáculo por un sector del país que consideró remarcable ese “acto de verdad de la extinta guerrilla de las FARC”, publicitándolo así en varios medios de comunicación. Sin embargo, resulta ridículo que el país deba esperar a que las FARC reconozcan tal delito cuando fue testigo de los campos de concentración donde mantenían a los secuestrados.
Por demás, hay que aclarar que las FARC no están extintas, o de ser así, ¿Qué son las disidencias?
Concretemos entonces que una aproximación a la importancia económica de la justicia es ofrecida por el Informe Nacional de Competitividad 2020-2021, que refiere que “Colombia ocupa la posición 77 entre 128 países en el Índice de Estado de Derecho 2020” corroborando que alrededor del “79% de los colombianos tiene una imagen desfavorable” del sistema de justicia.
De hecho, “menos del 30% de las víctimas de delitos acude a la justicia para denunciar” por considerarlo inútil y peligroso.
En términos de eficiencia, a la justicia colombiana no le va mejor. Para 2019, el 84% de los procesos iniciados fueron evacuados. Dicho informe reveló también que “el 57% de departamentos se clasifica en un nivel alto o muy alto de impunidad, y solo el 9% se encuentra en un nivel bajo”. Cifras que hablan por sí solas.
Entonces, la ilegitimidad de la justicia colombiana es un asunto ya consumado. Desde la Rama, no se ha hecho lo propio para evitar esa debacle, todo lo contrario.
Socialmente, se exige justicia mientras se irrespeta la institucionalidad y se solapa la impunidad. Por si fuera poco, se exige una economía socialmente justa cuando la impunidad y la ilegalidad imperan por doquier.
En síntesis, la justicia en Colombia pareciera un producto más de esa “lógica” de <parar para avanzar>.