La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó a declarar a la exministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), Karen Abudinen, para que declare en el polémico caso del contrato suscrito entre la unión temporal Centros Poblados y Mintic. Así mismo, el alto tribunal escuchará en versión libre del senador Antonio Sabaraín. Además, citó a otros tres senadores señalados en el caso.
En la diligencia, que se llevará a cabo en el despacho del magistrado Misael Rodríguez, la exministra dará su versión de la adjudicación del polémico contrato entre el ministerio de las TIC y la unión temporal. Esta declaración se hará el próximo 3 de noviembre, antes de que la Corte Suprema decida si iniciar o no la investigación contra los senadores Armando Benedetti, Dayra Galvis, Mauricio Gómez Amín y Antonio Sabaraín, denunciados por, supuestamente, haber ejercido presiones durante la adjudicación del contrato.
A pesar de la citación ante el alto tribunal, esta decisión no vincula formalmente a Karen Abudinen a la investigación. A su vez, la Corte Suprema estudia la denuncia que pide investigar a los congresistas por su supuesto rol en el caso del billonario contrato para llevar internet a escuelas de zonas rurales del país. La denuncia, presentada por la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común, dice que los senadores habrían llamado a la exministra Abudinen para sugerirle qué acciones tomar ante el incumplimiento del contratista Centros Poblados.
De la misma manera, la exministra aseguró que Armando Benedetti la había llamado para convencerla de tomar otro camino ante el supuesto incumplimiento del contrato por parte de la unión temporal Centros Poblados.
En su cuenta de Twitter, Abudinen publicó: “Senador: Le refresco la memoria. Usted si me llamo, como hicieron otras personas. Su propósito fue el de sugerirme la cesión del contrato a una firma norteamericana. Mi respuesta fue tajante: Caducar el contrato”. El congresista de La U negó haber llamado a la alta funcionaria, dijo no conocer a ninguna de las personas involucradas en el contrato y dijo que se trataba de una persecución en su contra.
Tras el escándalo que desató la acusación, Benedetti aseguró que jamás hizo llamada alguna a Karen Abudinen para hablar bien sea de Centros Poblados o de la empresa norteamericana a la que supuestamente le habrían sugerido ceder el contrato. Además de eso, también juró que no conoce a Emilio Tapia, ni a ninguna persona del consorcio Centros Poblados.
En diálogo con El Espectador, el senador reconoció que sí ha hablado por teléfono con la exministra, pero sobre otros temas. Por ejemplo sobre el código electoral del año pasado pues, según Benedetti, desde el Mintic se intentó incluir un artículo para que los bancos pudieran autenticar, a pesar de que la única institución que puede hacerlo es la Registraduría.
“Si la llamé a hacer algo corrupto, ¿por qué no me denunció antes? Es hasta que a Jaime Lombana se le ocurre meterme en eso. Si una ministra va a acusar a un senador a través de un tweet, sin una denuncia, sin pruebas, lo único que está tratando es de desviar la atención a otro lado. Yo soy de oposición y ahora resulta que el contrato más jugoso en toda la historia de Mintic se lo iban a dar a un alfil de Petro”, dijo Benedetti en esa ocasión.
El rol de la Corte Suprema en este caso sería una arista distinta, pues Fiscalía y Procuraduría se han centrado en cómo, con documentos aparentemente falsos, el contrato término adjudicado a la Unión Temporal Centros Poblados. En concreto, una garantía bancaria con los sellos del Itaú que este conglomerado de empresas presentó para acreditar un requisito de asegurar la seriedad de su oferta, pero que según la propia entidad no fue emitida por el banco.
Cuando el Ministerio que dirigía Abudinen decidió caducar el billonario contrato, citaron a una audiencia a todas las partes y fue allí donde se descubrió que esta garantía habría sido falsificada con un posible conocimiento de los contratistas. Por estos hechos ya fueron vinculados a un proceso penal el contratista Emilio Tapia, señalado de manejar en la sombra al menos tres de la empresas que hacían parte de Centros Poblados; el representante legal de la unión temporal, Luis Fernando Duque, y el agente de seguros Juan José Laverde.
Con información de El Espectador.com