De una enorme gravedad son las denuncias realizadas por la campaña presidencial de Gustavo Petro relacionadas con un supuesto plan para asesinar al candidato del Pacto Histórico.
La denuncia de la campaña no es de poca monta: “La campaña Petro Presidente tuvo acceso a fuentes de alta credibilidad y a algunos miembros de la institución policial, los cuales manifestaron que un integrante de la Sijin que habría participado en el asesinato del líder juvenil Lucas Villa también sería parte del plan criminal”. Por esta razón, el candidato Petro canceló su gira de visitas a ciudades del eje cafetero programada por estos días.
A esta denuncia se sumó la del alcalde de Medellín, Daniel Quintero: “No dudo de que hay un plan para asesinar a Gustavo Petro. Esta mañana recibí información sobre un finquero antioqueño que está impulsando la misma idea”.
Sobre esta grave advertencia, las principales autoridades del país han respondido que “no tienen ninguna información de inteligencia, ni vinculada a procesos judiciales, que permita inferir la existencia de un plan criminal contra el candidato del Pacto Histórico”. Ayer, el presidente Iván Duque expresó su rechazo a la supuesta amenaza contra Petro y confirmó que “es quizá una de las personas más protegidas que tiene el país”.
En un país con antecedentes de crímenes de candidatos presidenciales, el Estado está en la obligación de proteger a todos los aspirantes y tomar como cierta cualquier amenaza de seguridad. En el caso concreto de Petro, es importante que esa campaña comparta con las autoridades la información que manejan sobre el supuesto atentado para que tanto la Policía como la Fiscalía lleven a cabo las investigaciones e identifiquen a los responsables. Mientras tanto, se deben adoptar las medidas que sean necesarias para proteger la vida de Gustavo Petro y la de su núcleo familiar.
