Que hoy las disidencias de las Farc tengan alrededor de 5.200 miembros en sus filas representa una amenaza para la seguridad de los colombianos. Una región con la presencia de grupos ilegalmente armados está condenada a la intranquilidad, a convivir bajo el régimen del terror y al atraso económico.
Por eso, es preocupante la radiografía que reveló el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, a través del informe “Los focos del conflicto en Colombia”: existen en el país 30 estructuras ilegalmente armadas post-Farc configuradas en 3 grandes grupos; 2 estructuras post-Farc con tendencia a cooptación por otros grupos armados; y 2 estructuras post-Farc en confirmación de alianzas o confirmación. Por ejemplo, la ‘Segunda Marquetalia’ o ‘Narcotalia’, liderada por ‘Iván Márquez’ y ‘El Paisa’, estaría compuesta hoy por 2.000 hombres diseminados por varias regiones del país, entre ellas Algeciras, Huila.
A estas estructuras de la muerte se suma el Eln, que tendría alrededor de 2.450 combatientes bajo ocho frentes de guerra y el comando central. Este grupo ilegal tendría influencia en 211 municipios y 23 departamentos durante 2020.
Por su parte, los grupos narcoparamilitares también habrían aumentado su influencia, pues según Indepaz, habría 22 estructuras bajo esta categoría: “son 27 bandas delincuenciales emergentes con acciones por tercerización de grandes grupos”. Su presencia se habría expandido a 291 municipios en 27 departamentos del país.
Aunque el mismo informe de Indepaz advierte que la presencia de todos estos grupos ilegalmente armados no es comparable con lo que vivió el país cuando existían las Farc-Ep, el fenómeno, visto por el impacto que genera en un pueblo o región, sí constituye un escenario de guerra que no se puede mirar de soslayo.
Si la acción del Estado no concentra sus esfuerzos en derrotar estas amenazas, el problema puede desbocarse.