Luis Fernando Pacheco G.
Me sumo a las voces de tantos que desde sus columnas de opinión, sociales, entrevistas y espacios comunicativos hacen un llamado a considerar la extensión de medidas de confinamiento para la población de la tercera edad en tantos países a lo largo y ancho del globo.
La polémica restricción otorga una vigencia al debate entre los Estados con medidas totalitarias y los Estados de Derecho. La escritora y periodista argentina Beatriz Sarlo (78 años), la feminista y académica colombo-francesa Florence Thomas (77 años) o el historiador y periodista, Delimiro Moreno (88 años) son tres voces que ejemplifican el cuestionamiento ¿Puede el Estado de manera indefinida restringir la libertad de movilidad de sus adultos mayores de 70 años con el objetivo de protegerles del COVID-19, so pena de afectar su salud mental y condenarlos al silencio y al encierro? Me temo que la respuesta es NO.
Si bien la evidencia estadística de mayor afectación para esta población está comprobada, no así su carácter de transmisor; me explico: si bien los mayores de 70 pueden tener mayor riesgo de muerte, no tienen más probabilidades de transmitir la enfermedad que uno de 30. Ahora bien, la analogía es sencilla: si el trabajador que va a “sostener la economía” puede contagiar a su familia y podemos “asumir” ese sacrificio, ¿por qué no un adulto mayor? El adulto que conoce los riesgos de exponerse al virus y asume dicho riesgo (evidentemente, con los mismos protocolos de seguridad que rigen para los demás), sencillamente porque prefiere pasar sus días en libertad y no confinado a una protección extendida en periodos de dos meses hasta su muerte, tiene el derecho de hacerlo. ¿No es el mismo derecho que confió la Corte Constitucional al ciudadano al permitirle que juzgue él –bajo unos parámetros- el derecho a una muerte digna?
Prescindir de los sabios de la tribu para condenarlos al olvido dentro de cuatro paredes (sin hablar de aquellos en condición de vulnerabilidad manifiesta) es otro error de gobierno al que países como Alemania se han resistido con una contundencia envidiable. ¡Basta del Estado niñero y protector que decide por todos, prorroga emergencias pero delega las decisiones a las autoridades territoriales!
Antes de cerrar. La muerte del P. Rubén Darío Castro, Párroco de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y Ex Canciller de la Diócesis de Neiva, nos genera profundo pesar a quienes lo conocimos. Fue uno de esos trabajadores de la viña del señor que en estos tiempos son escasos.
@luisferpacheco