Un juez de la República ha encontrado esta semana responsable al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte Gómez, de liderar el ‘cartel de la toga’, ese entramado de corrupción al interior de la justicia colombiana que se destapó en el año 2017.
La Fiscalía está pidiendo que condenen a Ricaurte a 23 años y 8 meses de prisión, al considerar que existió una organización criminal, conformada por abogados y funcionarios judiciales que usaron información privilegiada, intentaron manipular testigos e instrumentalizaron a los medios de comunicación para desprestigiar o restar credibilidad a declarantes en casos de reconocidos políticos. A cambio recibieron ‘ríos’ de dinero.
El hecho es inmensamente escandaloso y un duro golpe a la administración de Justicia en Colombia. La condena contra Ricaurte es la confirmación de un hecho vergonzoso y repugnante: unos magistrados enriqueciéndose y unos políticos ‘bañándose’ en impunidad.
En la audiencia del martes pasado, el Juez del caso dijo que el otrora hombre más poderoso de la Justicia colombiana buscaba los clientes, definía los cobros que se les hacían y los pasos por seguir. Por estos mismos hechos, responden ante la Justicia Gustavo Malo y Leonidas Bustos, quienes eran ‘venerados’ en la Rama Judicial.
Los magistrados han sido siempre los referentes de ser los hombres más probos del país. Con el escándalo de corrupción de Ricaurte y compañía y de otros que han surgido, eso quedó en duda y para esa oportunidad, se dijo que era necesaria una reforma a la Justicia para atacar la corrupción en todos los niveles. Sin embargo, más de tres años después, nada ha pasado. Nuestros jueces y magistrados parecieran estar cómodos con semejantes hechos que han golpeado la imagen de la Rama Judicial.
“La condena contra Ricaurte es la confirmación de un hecho vergonzoso y repugnante: unos magistrados enriqueciéndose y unos políticos ‘bañándose’ en impunidad”