La apertura de una investigación fiscal por el deterioro prematuro de algunas vías, encendió una dura controversia. El ex secretario de Vías, Henry Liscano, le replicó al ente de control y planteó el debate por las serias limitaciones presupuestales de alcaldes y gobernadores para recuperación de vías. Polémica.
RICARDO AREIZA
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El ex secretario de Vías, Henry Liscano Parra, le salió al paso a la Contraloría General de la República, por una investigación que le abrió por el deterioro prematuro de las vías secundarias financiadas con recursos de regalías petroleras.
“Nosotros sí hicimos los mantenimientos. A pesar de la precariedad de los recursos presupuestales, la administración adelantó esas actividades y no solo una vez, hicimos un doble barrido y además, incluimos no solo limpieza sino rehabilitación”, anotó.
“El auditor o el que hizo la inspección de la Contraloría está equivocado, porque ellos dicen que no hicimos mantenimiento. Tenemos todos los soportes de que sí hicimos dos mantenimientos en esa vía, pero además hicimos rehabilitación y logramos recuperar esa vía Garzón-Zuluaga”, acotó el funcionario.
“Lo que está diciendo la Contraloría, en la indagación preliminar es que no hicimos mantenimiento y que por no haber hecho mantenimiento a esas vías construidas en años anteriores, esas obras se dañaron”, alegó Liscano Parra.
La controversia
“Aunque es un proyecto ejecutado en años anteriores, la administración departamental adelantó estas labores como lo vamos a demostrar ante la Contraloría”, precisó el exsecretario de Vías.
En efecto, el proyecto fue formulado durante la administración de Carlos Mauricio Iriarte en el año 2013, su ejecución inició en el año 2014 y concluyó en el 2016.
El proyecto tuvo una inversión superior a los 12.735 millones de pesos, solo para el centro del Huila. En este proyecto se incluyó la rehabilitación de la vía Gigante-Silvania; el realce del estribo e instalación de barandas en el puente sobre la quebrada El Pescado; reparación de muro de acompañamiento y realce del puente sobre la quebrada La Honda.
Lo mismo ocurrió con la carretera- Garzón, Caguancito y Garzón- Puerto Alegría que se encontraba en las mismas condiciones de abandono.
Estos trayectos también fueron objeto de reproches por parte del organismo fiscalizador por la elevada inversión que se ejecutó. El contrato actualmente se encuentra liquidado, pero ya registra averías.
Por falta de mantenimiento, la Contraloría General de la República, abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra los presuntos responsables.
La investigación fue ordenada mediante Auto No. 312 por la Gerencia Colegiada con radicación PRF-801112-2020-36887, ya notificado y en trámite por procedimiento ordinario.
Fuerte réplica
“La falta de mantenimiento no es cierto. Si hubo mantenimiento, no solo uno, realizamos dos barridos y rehabilitamos”, recalcó.
“Lo primero que hicimos desde el primer año fue habilitar a las juntas de acción comunal para que se responsabilizaron con un convenio de mantenimiento rutinario en las zonas de influencia porque son obras sencillas rocería y limpieza. Esos convenios los hicimos en el 2016 en todo el departamento y una de las vías que se atendió fue la de Gigante-Zuluaga-Garzón”.
El mantenimiento fue contratado inicialmente con las propias comunidades de las zonas de influencia.
El primer convenio fue firmado el 11 de noviembre de 2016 con la Junta de Acción Comunal de a vereda Tres Esquinas de Gigante para el mantenimiento rutinario de la vía Gigante-Zuluaga
El convenio 103 de 2016 tuvo un valor de 15, 63 millones de pesos.
El documento fue suscrito entre el jefe de Contratación Juan Carlos Casallas y el presidente de la junta comunal Miguel Guluma Ramírez. El convenio fue liquidado el 14 de junio de 2017.
Según Liscano Parra, adicionalmente, fueron firmados cerca de 80 convenios similares en otros sectores del Huila, lo que resultó engorroso por las dificultades de las juntas comunales en el trámite administrativo, especialmente con los pagos de seguridad social y aportes parafiscales.
“Ante semejante desgaste administrativo, decidimos sacar a licitación el mantenimiento rutinario de las vías secundarias, pero además, la rehabilitación de otros tramos que presentaban deterioro”, explicó el ex secretario de Vías.
A licitación
“En el 2018, 2019, no recuerdo muy bien, no lo hicimos con las juntas comunales porque eso fue un desgaste administrativo muy bravo. Eran como 80 convenios y ellos no eran muy juiciosos en la entrega y legalización de los documentos, todo el tema de seguridad social, esa experiencia no fue muy buena en ese sentido”, recordó Liscano.
“Entonces lo hicimos a través de licitación. Y volvimos a realizar el mantenimiento preventivo, limpieza de cunetas, alcantarillas, rocería. Durante la administración anterior realizamos dos mantenimientos preventivos”, subrayó.
“Eso es lo que vamos a entregar a la Contraloría, tenemos toda la documentación, la trazabilidad de los contratos para demostrar que a pesar de los pocos recursos se hicieron dos mantenimientos preventivos.
“Eso es lo que vamos a entregar en la versión libre porque no es cierto, lo que reportaron los auditores. La apertura de la investigación, en nuestra opinión, no tiene sentido”, apuntó.
La evidencia
En efecto, el gobierno departamental suscribió el contrato 715 de 2019 con la empresa Proinco Ingeniería SAS.
El contrato fue suscrito el 9 de marzo de 2019 con el representante legal de la empresa Renzo Andrés Gómez por un valor de 330,96 millones de pesos para el mantenimiento rutinario de la vía Garzón – Zuluaga – Gigante, en una longitud de 43.89 kilómetros.
El contrato incluía limpieza manual de bermas limpieza de cunetas, retiro de cualquier material (basura, desechos, material de talud, raíces etc.) que impida correr el agua de la escorrentía superficial y la disposición del material en lugares lejanos de la carretera. Además, la remoción de derrumbes de menor volumen y la limpieza de las obras de drenaje como alcantarillas, box coulvert, pontones con sus respectivos encoles y descoles y acarreo de sobrantes.
El tercer componente contemplaba la poda, corte y retiro de árboles que interrumpan el normal flujo vehicular; rocería de zona verde y limpieza de las señales de tránsito. Además, se contrató el mantenimiento rutinario a todo costo en la vía cruce Guacacallo Bordones en una longitud de 23,41 kilómetros; en la Ruta 45 – Guacacallo – Oritoguaz, en una longitud de 17,59 kilómetros y cruce Oritoguaz – Saladoblanco en una longitud de 7,20 kilómetros, además de otras carreteras en el norte del Huila.
El contrato fue liquidado el primero de junio de 2020 sin objeciones.
“En estas condiciones, consideramos que la investigación preliminar que abrió la Contraloría no tiene soportes. El auditor o la persona que hizo la inspección no verificó que el mantenimiento rutinario sí se realizó a pesar de la falta de recursos económicos”, afirmó.
Polémico hallazgo
En el caso de la carretera Gigante-Zuluaga, objeto de la investigación fiscal, las inversiones ascendieron 3.956 millones de pesos. El acta de inicio fue suscrita el 18 de diciembre de 2014 y se liquidó, sin objeciones, el 2 de septiembre de 2016.
Sin embargo, meses después la vía comenzó a registrar un deterioro prematuro, lo que originó la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal.
“Nos encontramos ante una vía que por la falta de mantenimiento, se ha empezado a deteriorar prematuramente, además de la mala calidad del material utilizado, ha generado fisuras de carácter progresivo, lo que ocasiona un amplio desgaste y por ende afecta el tránsito de esta vía”, concluyó la Contraloría en un informe técnico que sirvió de soporte inicial para abrir la investigación fiscal.
“Vamos a soportar con documento en mano que si hicimos mantenimiento ordinario. Además dice la Contraloría que la calidad de la obra no fue la mejor, pero eso sí, los que tendrán que responder por eso son los que la construyeron y la interventoría en ese momento”, insistió.
Mala calidad
Como lo admitió en su respuesta a la Contraloría, desde antes se había solicitado la ejecución de la póliza de estabilidad por las falencias de calidad, reportadas.
“Claro, dijo, además, habíamos notificado a las aseguradoras porque estaban vigentes las pólizas de estabilidad que es por cinco años y nos correspondía hacer los requerimientos para que las aseguradoras respondan”.
Hasta el cierre de la pasada vigencia, la póliza ni la cláusula de estabilidad no se había hecho efectiva.
Fuerte impacto
Adicionalmente, la vía Gigante-Zuluaga-Garzón recibió una presión imprevista al haber sido convertida en una carretera alterna por la pérdida de la calzada en el sitio ‘Bengala’ entre Garzón y Gigante, lo que originó el cierre de la vía principal.
Entre octubre y diciembre de 2019 la vía Gigante-Zuluaga-Garzón, sirvió como una variante con un impacto que afectó la infraestructura.
El alto e inesperado flujo vehículo, incluyendo vehículos de carga, carrotanques y buses de transporte público aceleró el deterioro de la carpeta asfáltica.
“Sin embargo, ante esta emergencia, la administración departamental gestionó los recursos y permitió la rehabilitación de este y otros tramos, claves para esta zona productora”, explicó Liscano.
Cuello de botella
El mantenimiento de las vías secundarias a cargo de las gobernaciones y las terciarias a cargo de los alcaldes constituye el principal cuello de botella, ya que se tiene que financiar con recursos propios.
Las transferencias de la Nación se destinan exclusivamente para atender necesidades básicas insatisfechas en salud, educación, saneamiento básico y agua potable.
El mantenimiento de vías urbanas y rurales no aplica en esta destinación forzosa. Por lo tanto tiene que financiarse con recursos propios o con recursos del crédito, lo que explica el considerable rezago.
Estas carreteras constituyen cerca del 90% de las vías del país, están en total abandono a pesar de ser estratégicas para el desarrollo nacional y la competitividad.
“En el Huila son cerca de 1.200 kilómetros de estas vías que debemos atender con las limitaciones presupuestales, lo que hace difícil ejecutarlos. Aun así, durante la pasada administración hicimos dos mantenimientos y rehabilitamos algunos tramos”, explicó Liscano Parra.
Además, la red vial de segundo y tercer orden, carece de la infraestructura básica; en su mayoría no tiene sistemas de drenaje imprescindibles para garantizar estabilidad y perdurabilidad. El mantenimiento que se realiza intermitentemente no asegura estabilidad, considerando la alta vulnerabilidad en las zonas campesinas.
Los reparos
Según la Contraloría, el proyecto no ha cumplido con los fines y objetivos, para el cual fue elaborado por los daños prematuros que registra la vía.
“Esto constata una ineficiente gestión fiscal, denotando una ausencia de gestión y seguimiento contractual y pos-contractual por parte del Departamento del Huila ante la ausencia total de labores de mantenimiento rutinario necesarios para el normal funcionamiento y conservación de la vía” concluyó.
Lo anterior, acotó, se puede establecer claramente que se ha generado, por un inadecuado seguimiento contractual y post contractual por parte de la Gobernación del Huila, la interventoría y el contratista.
La falta de limpieza de las cunetas, la demora en el retiro de los escombros y las basuras ocasiona un deterioro mayor.
