La Nación
La educación superior como derecho fundamental 1 26 septiembre, 2023
COLUMNISTAS OPINIÓN

La educación superior como derecho fundamental

El reciente proyecto de ley que el Gobierno nacional radicó en el Congreso de la República, busca cumplir la promesa de campaña de reconocer el derecho a la educación en todos sus niveles volviéndolo fundamental. La principal novedad de la iniciativa es que este dejaría de ser un servicio y pasaría a ser un derecho, lo que implica que todas las personas tendrían la facultad de exigir su prestación, aun en los casos del acceso a la educación superior.

Este es tal vez el principal problema que busca atacar el proyecto de ley: la deficiencia en la cobertura de jóvenes que no pueden acceder a la educación universitaria, ya sea de nivel técnico, tecnológico o universitario. Según el Ministerio de Educación, se calcula que unos 2 millones de bachilleres no tienen acceso, lo que deberá mejorar, si la ley es aprobada.

Actualmente la normativa constitucional (artículo 44) reconoce que la educación es un derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes y el artículo 67 establece que dicha garantía es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social, cuya materialización se encuentra en cabeza de la familia, la sociedad y el Estado, previendo que su obligatoriedad comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.

Es decir, que hasta hoy la educación superior no tiene un carácter esencial, según lo ha dicho la Corte Constitucional, que excepcionalmente la ha protegido mediante acciones de tutela en casos de violación de acceso o permanencia, pero no como medio para exigir el ingreso. Actualmente, el Estado solo está en la obligación de ir ampliando la cobertura de manera progresiva, en la medida de sus posibilidades.

Es por ello que este proyecto de ley estatutaria vendría a cambiar radicalmente la vigente Ley 30 de 1992. Sin embargo, el mayor inconveniente serían los grandes recursos que se requieren para este loable propósito, pues la garantía de todo derecho siempre tiene un costo que deberá ser asumido con dineros del presupuesto general de la Nación y, si no son suficientes, probablemente con más impuestos.