Esto de la corrupción cuando se origina en el sector oficial se manifiesta cada vez en forma sorprendente. Al estilo de Maquiavelo, en su célebre conclusión de que “el fin justifica los medios”, y que a partir de semejante teoría se aferran a ella quienes consiguen sus propósitos ¡a como dé lugar!, sin importarles lo perversos que resulten, ahora vemos que el sistema para obtener el vencimiento de términos en los procesos penales, disciplinarios y fiscales, es lo que se ha puesto de moda. Desde luego que este denigrante procedimiento se logra cuando el indiciado cuenta con suficientes recursos, sobre todo económicos, para pagar abogados defensores mañosos y sobornar a los llamados “mandos medios”, que son los que tienen a la mano los expedientes. Su misión es encajonarlos, hacerlos perdidizos cuando el funcionario fallador los solicite para su revisión final, y así llevarlo hasta que se le olvide, ante la enorme cantidad de investigaciones. Cuando él se percata de su existencia, ya porque conoció otro caso que lo hizo recordar del que hace tránsito bajo su competencia, o que por la misma circunstancia ha sido objeto de presión para que se agilice, entonces, en el momento de emitir la calificación, resulta que por cuestión del tiempo el denuncio que conoció toda una opinión, no solo en el plano regional, si no del país, el procesado queda exonerado del merecido castigo por que lo que ha sido causal de falta gravísima que amerita cárcel o “muerte política” ha prescrito. He ahí la explicación que se tiene cuando se conoce de fallos condenatorios por delitos menos graves y más recientes con penas ejemplarizantes, por que los imputados no tuvieron plata para adoptar dicho procedimiento, que, en cambio, las investigaciones que han sido motivo de escándalo, muchas de ellas con gigantesco detrimento patrimonial protagonizado por personas que se han enriquecido ilícitamente, al igual que sus secuaces, utilizan el botín para incursionar en campañas electorales, consiguen su pretensión comprando conciencias descaradamente y ahora ya en el poder trazan la estrategia, otra vez haciendo uso de de la contratación para recuperar el dinero fácil invertido y desde luego el utilizado para sobornar, que es lo que se tipifica como, repito, vencimiento de términos. Y POR ULTIMO: Los colombianos esperamos que el nuevo fiscal General, Eduardo Montealegre, imponga le credibilidad en esa institución, y no se vuelvan a repetir las artimañas de los ladrones y ladronas… de cuello blanco burlándose de la justicia y de la sociedad al rehuir a las citaciones judiciales sin que les pase nada.