Cecilia López Montaño
Cuando dos expresidentes de la República aparecen en el escándalo de los Pandora Papers y no dicen nada y además, ni siquiera se toman la molestia de dar una explicación por inocua que sea. Cuando nada menos que el actual director de la Dian también aparece en esa lista y el presidente de la República, su jefe, no dice nada; y peor aún, cuando nada menos que la vicepresidenta de la República y su socia la ministra de Trasporte, no solo forman parte de esa lista y además rodeadas de un personaje de dudosa ortografía, es evidente que la ética pública pasó de moda en este gobierno. La verdad es que en medio de la resignación que nos caracteriza este nuevo escándalo que está a punto de tumbar al presidente en Chile aquí ni siquiera se ha considerado como tal.
Pero este tipo de problemas vienen desde antes. Un ministro que se enreda con su tesis de doctorado por acusaciones de plagio quedó en nada y seguramente pasará lo mismo con la reciente denuncia también de plagio nada menos que de la presidenta de la Cámara de Representantes, la consentida del gobierno y especialmente del presidente Duque que carga con ella para todas partes.
Se trata de Jennifer Arias, presidenta de la Cámara de Representantes, quien le dio a El Espectador que le sigue la pista, la excusa más increíble posible. Explicó que “no podía divulgar su tesis de maestría en la Universidad Externado porque no encontraba el computador en el que la tenía guardada.” Que tal. Una afirmación inconcebible nada menos que de una representante de los colombianos en este importante cuerpo del poder legislativo. En un país normal, donde la ética no se haya borrado de la mente de los funcionarios públicos, ya le habría costado su salida.
En síntesis, en este gobierno que está dedicado a viajar a donde lo inviten y no a gobernar, ya no sorprende y seguiremos viviendo en un mundo donde esas reglas mínimas de una sociedad civilizada no existen porque todos aquellos con responsabilidad política se sienten por encima de las leyes. En los meses que quedan de este doloroso período presidencial seguiremos viviendo episodios que confirman que esas normas que deben regir una democracia se violan olímpicamente sin que el país se inmute.
Por fortuna ya tenemos que empezar a construir el futuro que no puede ignorar la ética pública. Y para que esto no suceda tenemos que ponerle la lupa no solo a los candidatos sino también a las campañas. Sumarle a este período otro gobierno donde los funcionarios no tienen costo político cuando incumplen con las reglas mínimas de comportamiento, es inaceptable. Pobre país si esto sucede y pobres nosotros sus habitantes. Por ello, volvamos a poner la ética pública en el lugar prioritario que le corresponde si queremos salir de este período tan duro para el país.