El asesor de Paz del Huila, Diego Tello, habla sobre el recrudecimiento de la guerra en el sur del país. Reconoce que el conflicto, con disidencias a bordo, se reconfiguró. No descarta diálogos humanitarios como salida.
Jesús Antonio Rojas Serrano
Para el asesor de Paz de la Gobernación del Huila, Diego Tello, la guerra se reconfiguró. Y justifica su afirmación haciendo una radiografía sobre cómo se están moviendo las llamadas disidencias de las Farc por Cauca, Caquetá, Putumayo, Nariño, Meta y Huila. “Es una bomba de tiempo”, advierte.
En entrevista con LA NACIÓN, el también exconcejal de Neiva ve con buenos ojos el ‘pacto por la vida y la paz’ planteado por excombatientes de las Farc y organizaciones sociales.
¿Qué significa para la Administración Departamental el ‘pacto por la vida y la paz’?
Fue un evento en el que más de 30 organizaciones sociales –entre ellas de excombatientes como Corporeconciliación, de la que hacen parte ‘Fabián Ramírez’, ‘Sonia’ y Víctor Silva– nos entregaron un documento que llamaron ‘pacto por la vida y la paz’ dirigido no solo a la Gobernación del Huila sino a las Gobernación del Caquetá, las Naciones Unidas, Pastoral Social, a los países que vienen financiando temas alrededor del acuerdo de paz como Suecia, Noruega, Suiza y Cuba, y a los grupos ilegales que están en los territorios. Básicamente, nos están pidiendo que como Gobernación participemos de ese escenario que busca decirles a los actores armados que saquen a los civiles de sus acciones militares. Es un ejercicio legítimo del derecho internacional humanitario y vamos a estar prestos, y desde que le apueste a evitar que se acaben vidas por culpa del conflicto que lastimosamente se mantiene, vamos a estar acompañándolo.
¿Qué percibe de los exguerrilleros de las Farc que firmaron el acuerdo de paz en el Huila?
Nosotros en el Huila tenemos 503 personas en proceso de reincorporación. Han sido 6 excombatientes entre 2020 y 2021. Por directriz del señor Gobernador, hay una decisión de seguir impulsando la implementación del acuerdo de paz, especialmente, en reincorporación, dándoles oportunidades a las personas que decidieron dejar las armas. Hemos encontrado que en el Huila estas personas, en su inmensa mayoría, están comprometidas. Percibimos en ‘Fabián Ramírez’, en ‘Sonia’, en Víctor Silva, ‘Ramiro Durán’ y en muchos más, un compromiso real de quedarse en la vida legal. Desafortunadamente, muchas dificultades en la implementación del acuerdo de paz han hecho que varios excombatientes hayan retornado a la ilegalidad al no encontrar garantías. Eso es lo que nos preocupa. El señor Gobernador ha dicho: aquí lo que se trata es de salvar vidas y de evitar que la gente vuelva a la guerra. Para nosotros, la paz no es únicamente discursos, sino que estamos promoviendo todas las alternativas productivas para estas personas que creyeron en la institucionalidad. En términos generales, las personas en reincorporación están haciendo un buen ejercicio.
¿Qué dicen ellos frente al acuerdo de paz?
‘Sonia’ decía: la paz no está completa. Hubo una gente que no llegó al acuerdo de paz, otros que se retiraron porque no existieron garantías y no hubo oportunidades. Ellos hablan de seguir promoviendo un diálogo como la solución a la crisis humanitaria que se presenta hoy en el país. Pienso que si bien esto es algo muy complejo, también tiene algo de razón porque en Colombia quedó demostrado que en 60 años de confrontación armada, la guerrilla no se pudo tomar el poder por la vía de las armas, pero tampoco el Estado pudo derrotarla por esa misma vía. Yo creo que ese mensaje que ellos están dando de seguirle apostando al diálogo es, efectivamente, la ruta para resolver cualquier conflicto. A ellos los noto muy optimistas de que la solución política sigue siendo la alternativa ante la guerra que está escalando no sólo en el Huila sino en buena parte del país, pero especialmente en el sur de Colombia, en donde el conflicto se viene reconfigurando. En Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Huila y Meta se vienen elevando los niveles de conflictividad. Desafortunadamente, es una bomba de tiempo.
¿Comparte en su totalidad eso de que la paz no está completa?
Totalmente. El Gobernador lo ha dicho en repetidas ocasiones: la firma del acuerdo de La Habana fue tan solo un primer momento para superar las causas que dieron origen a la guerra y las cuales son netamente sociales. La desigualdad ha sido el alimento de la guerra y el acuerdo de paz fue un primer punto de entrada. El Eln, estos sectores que llaman disidencias…Hay mucho todavía por recorrer en el país para parar el desangre. No se nos puede olvidar una cifra alarmante: cerca de 300.000 personas han muerto en los 60 años de la guerra. Es como si cogiéramos a Popayán y lo desapareciéramos de un momento a otro. Ese es el número de gente que ha muerto por la confrontación que dejó además secuelas irreparables. Dentro de esas 300.000 personas hay gente de todo tipo: paramilitares, guerrilleros, soldados, policías y pobres. La historia ya nos demostró que la guerra no genera ninguna salida y que siempre se debe optar por el diálogo. Y si es necesario pensar en un nuevo escenario de diálogo, un tema que le compete al Gobierno Nacional, ojalá, se pueda dar. En las zonas de donde salieron las Farc por el acuerdo, el Estado no llegó. Ahora, el Estado está llegando a ocuparlas otra vez, pero por la vía militar para hacerle confrontación a los grupos ilegales, y volvemos a repetir historias, a las cuales toca salirles al paso con propuestas de solución política y de diálogo.
Cuando usted habla de que se está reconfigurando el conflicto en el sur del país, ¿A qué se refiere concretamente?
En el Cauca, nuestro vecino por el occidente, tenemos tres estructuras fuertes de disidencias como las han llamado, pero que ellas se autodenominan Farc: la ‘Carlos Patiño’, una columna que opera en Argelia, Balboa y la zona del Cañón del Micay, en donde hay 10 mil hectáreas de coca; la ‘Jaime Martínez’, que controla el sur del Cauca; y la ‘Dagoberto Ramos’, que opera en el Páez, Inzá y todos los límites con el Huila; ellos, literalmente, están controlando territorio. Con las comunidades lo hemos podido constatar. En la zona rural de Neiva, Aipecito, Chapinero, San Luis, este grupo es el que quemó recientemente un vehículo de Coomotor, ha ejecutado algunas acciones contra población civil. Son los mismos que secuestraron a un ciudadano español cuando se movilizaba entre el Cauca y el Huila. Son muchas cosas que han venido pasando. No se sabe si también fueron los responsables de la masacre que se dio en la zona rural del municipio de La Plata. Hay presencia de ellos desde el occidente de la zona rural de Neiva, bajando por Palermo, Teruel, Santa María, Íquira y Nátaga. Ellos además controlan el negocio de la marihuana ilegal tipo cripy, que sale del norte del Cauca, pasa por el Huila, llega al Caquetá y es enviada río abajo hasta el Brasil, en donde es vendida en Latinoamérica. Estoy hablando sólo del Cauca. Súmele ahora todo el tema de los cultivos ilícitos en Nariño. En Putumayo ya hubo una reconfiguración de un grupo que se llama ‘Comandos defensores de la frontera’ y que se unió con la ‘Segunda Marquetalia’, la estructura de ‘Iván Márquez’ y ‘El Paisa’. En el Caquetá, hay también presencia indiscutible de gente de ‘Gentil Duarte’ e ‘Iván Mordisco’. Allí también hay presencia de la ‘Segunda Marquetalia’. Este panorama hace que se entienda que hay una reconfiguración y que obviamente, los niveles de confrontación se vayan a aumentar.
Bajo esa radiografía que usted plantea, ¿Dónde queda la población civil?
Eso es lo que nos preocupa. Por eso, el ‘pacto por la vida y la paz’ que nos presentan se convierte en una alternativa a la única alternativa que se ha venido planteando y es la vía militar. Si bien es necesario entender que la fuerza pública debe estar en estos territorios, al haber actores ilegales de por medio, la población civil queda sometida a las armas. Y este ‘pacto’ le dice a los grupos que están en los territorios –no sólo a los ilegales sino también a los legales como la Policía y el Ejército—que a los excombatientes no hay que estigmatizarlos o señalarlos.
¿No le parece apresurado plantear un nuevo escenario de diálogo con estas estructuras ilegales?
Estas organizaciones sociales no nos están planteando un nuevo proceso de paz. Lo que están pidiendo son acuerdos o diálogos humanitarios que permitan en medio de esa confrontación, dejar a los civiles por fuera. Eso es lo que nos están pidiendo a través de este ‘pacto’. Es el Gobierno Nacional, a través del Alto Gobierno y el Alto Comisionado para la Paz, que va a determinar si en Colombia pueda darse o no un proceso de paz. Eso no está en el resorte nuestro como Gobernación o Alcaldías, pero sí está en nuestro resorte es impulsar iniciativas que busquen parar los muertos. Es un ejercicio meramente humanitario.
Aprovecho esta oportunidad para preguntarle algo: ¿Qué pasó con los dineros de la paz prometidos para el Huila?
En el Huila, tenemos solo un municipio dentro de los PDET, Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, que es Algeciras. No es cierto que hayan llegado recursos de la implementación del acuerdo de paz porque todo se ha focalizado a los PDET. Es lamentable porque en el Huila no hemos empezado a implementar el proceso de paz, más allá de lo que se está haciendo en Algeciras y de algunas iniciativas en temas de seguridad y de protocolos. Estamos trabajando en implementar un plan integral de paz. Estamos en la tarea. El próximo viernes, el señor Gobernador va a sostener una reunión con el alto consejero para la Estabilización, Emilio José Archila, para determinar cuáles serán los recursos y los compromisos del Gobierno Nacional para ayudar a implementar el acuerdo en el Huila.