Luis Fernando Pacheco G.
Hace un año dejé mi cargo como Jefe de la Oficina de Paz y Derechos Humanos para asumir otras tareas, y decidí no utilizar mi participación en escenarios académicos, medios de comunicación o diálogos públicos para cuestionar las acciones la nueva administración. Hoy romperé excepcionalmente ese propósito para señalar, con profundo respeto, la inconveniencia de la reforma en la estructura municipal en estos momentos.
Una ampliación de la nómina de la Alcaldía en medio de la crisis que se avecina el próximo año (y no erróneamente este, como señalan algunos) constituye una irresponsabilidad, máxime sin estudio técnico que sustente su conveniencia y valore los retos en materia fiscal, en infraestructura (la administración municipal ya presentaba antes de la reforma un problema de espacio físico para las dependencias ya existentes) y que despeje cualquier duda sobre intereses burocráticos para haber adelantado dicha reestructuración.
¿Cuáles fueron los debates en el Concejo, en el seno de la Academia o en los respectivos foros públicos para sustentar el desmesurado crecimiento de direcciones, secretarias y oficinas asesoras? Cuantificar exclusivamente la nómina de los nuevos cargos constituye, de entrada, un error fáctico, porque olvida que dichos funcionarios directivos necesitarán personal que apoye las diversas tareas administrativas que han sido asignadas. Lo anterior obliga a la ciudadanía a adelantar un proceso de veeduría respecto en qué porcentajes y rubros se habrán incrementado los contratos de prestación de servicios para la vigencia actual respecto el año anterior, y cuáles serán sus perfiles.
En medio de una de las crisis económicas más severas, previendo una disminución en el pago de impuestos y en un departamento que históricamente parece tener al agro y al Estado como únicos empleadores, agrandar la burocracia administrativa parece un despropósito que pocos señalan.
Pero además, hay un elemento teleológico que no se puede desconocer: la estructura orgánica de la Alcaldía había sido modificada cuatro años antes. La administración pública conlleva el reto de generar cambios que perduren por lo menos una década; el desorden que generó la fusión de seis ministerios (en tres) durante el primer gobierno de Álvaro Uribe y su escisión nuevamente ocho años después en el primer gobierno de Juan Manuel Santos aun resuena por las consecuencias negativas en la gestión.
El concejo como coadministrador tiene la tarea de evitar que cada Alcalde decida el tamaño de la nómina con el impacto inmediato en las arcas municipales, probablemente en la calificación fiscal y en la imagen de la entidad territorial. Ya es suficiente la idea de que “cada circo trae sus payasos, para que también decida el tamaño de la carpa”.
@luisferpacheco