Por: Germán Alfonso López Daza
Un amplio debate surgió esta semana a raíz de la tarea que una docente de una institución educativa en Cali dejó a sus estudiantes de grado noveno, sobre las ejecuciones extrajudiciales que realizaron miembros del ejército.
El centro de la polémica está en una de las preguntas que realizaba la docente a sus estudiantes y que consistía en indagar cuál era la responsabilidad del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el tema de los falsos positivos.
El tema causó honda controversia en las redes y el pronunciamiento de sectores del partido de Gobierno, pues se acusaba a la profesora de estar adoctrinando a sus estudiantes con temas y cuestionamientos que posiblemente estaban siendo direccionados o tergiversados, con el fin de manipular la opinión de sus discentes.
El fondo de esta controversia radica en la libertad de enseñanza y sus alcances, principio que ha sido reconocido y protegido por la Corte Constitucional, tanto a todas las instituciones de educación -sean éstas públicas o privadas-, como a los docentes, investigadores y estudiantes, siendo el destinatario el educador.
Este derecho fundamental garantiza a los profesores a presentar un programa de estudio, investigación y evaluación que a su criterio, impactará en el mejoramiento del nivel académico de los educandos. La libertad de cátedra no solo persigue la protección ideológica del profesor, sino que garantiza la libre difusión de ideas, y por tanto el beneficio del alumno, al recibir una enseñanza plural y libre.
Como todos los derechos, la libertad de cátedra no es absoluta, sino que tiene un límite constituido por los fines del Estado. En este punto es donde radica la responsabilidad del docente para impartir contenidos programáticos de forma lógica y razonada, con posiciones críticas, fundamentadas y sin tergiversaciones ni manipulaciones. Su función hoy día no solo debe ser la de transmitir información – pues gran parte de ella está disponible en la web-, sino motivar la producción de conocimiento crítico. Esa es la gran responsabilidad que hoy ostenta el educador colombiano. (*Dir. Grupo Nuevas Visiones del Derecho – USCO).
