La Lista Clinton, como se le conoce a la lista negra de empresas y personas sospechosas de tener relaciones con dinero proveniente del narcotráfico en el mundo, fue emitida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en Ingles) del Departamento del Tesoro de E.U. y creada en octubre de 1995, por la Orden Ejecutiva 12978, emitida por el presidente Bill Clinton como parte de una serie de medidas en la guerra contra las drogas y el lavado de activos. Las personas naturales o jurídicas que aparecen en dicha lista no pueden hacer transacciones financieras o tener negocios comerciales con los Estados Unidos y las empresas gringas que tengan relación con ellas incurre en un delito. En Colombia, la nación más afectada por la guerra contra el narcotráfico, más de mil personas y 600 empresas han aparecido en esta lista desde 1995. Aparecer en ella no es ninguna prueba de delito en el país, pero sus transacciones bancarias y comerciales si se ven seriamente afectadas dado que ninguna entidad, les abrirá una cuenta, les pagarán un cheque o realizará ningún tipo de transacción comercial. De hecho se convierten en unos parias al margen de la vida económica. Personas que nunca han tenido ninguna relación con dinero ilícitos se han visto seriamente afectados al aparecer en ella bien por haber trabajado en un empresa que fue registrada allí o simplemente incluida por error y después nadie las compensa por los daños y perjuicios que esto les ocasiona.
Esta tragedia la están viviendo cerca de 80 exguerrilleros de las FARC, quienes por haber participado en la Comisión Internacional de la organización, fueron registrados en la Lista Clinton, y después de cinco años de haber entregado las armas, haber firmado el Acuerdo de Paz y demostrar un estricto cumplimiento de los mismos, poco han podido beneficiarse del Acuerdo porque su nombre está allí registrado, y nadie ha podido sacarlos de la tal lista, a pesar de sus muchas gestiones, convirtiéndose en un veto para cualquier actividad económica. No pueden retirar dinero de ninguna entidad financiera, ni asociarse empresarialmente, porque en Colombia, del presidente Duque para abajo, todos temen a esa lista y es lo que más respetan. Como el gobierno se ha negado a hacer gestiones en esta materia (de hecho ha congelado casi todo lo relacionado con el proceso de paz), los afectados y sus organizaciones deberían recurrir a la Corte Constitucional y parlamentarios demócratas de los propios Estados Unidos como Alexandria Ocasio Cortez, para la defensa de sus derechos vulnerados.