La coordinación y los planes de defensa, diseñados un mes antes, no funcionaron esa madrugada cuando se produjo la violenta arremetida de por lo menos 200 hombres del frente ‘Joselo Losada’ de las Farc.
El ataque ocurrió a la media noche. Los subversivos atacaron la base militar ubicada en el cerro San Sebastián en la parte alta con morteros, granadas de mano, ráfagas de fusil y cilindros cargados con dinamita y metralla.
A esa misma hora, otro comando guerrillero de la columna Teófilo Forero’ asaltaba los conjuntos residenciales Altos de Manzanillo y Casa Blanca, en el oriente de Neiva y secuestraron a tres personas, entre ellos el empresario Luis Ernesto Bernal y el ganadero Luis Fernando Borrero Solano. El tercero, Maximiliano Jurado, un trabajador fue dejado luego en libertad.
Esta última incursión armada que le costó la cabeza a los mandos militares y organismos de seguridad del Huila sirvió como ‘distractor’ para evitar una contraofensiva militar en Santa María.
VIOLENTO ATAQUE
Los 25 soldados profesionales, orgánicos del Batallón Tenerife, que integraban la patrulla ‘Atlas 3’ reaccionaron al violento ataque se prolongó hasta el amanecer.
En el otro lado del poblado, estaba segunda compañía ‘Fuego 2, integrada por soldados campesinos, ubicada en el sur de Santa María. Ellos apenas escucharon las explosiones, tomaron posiciones pero no prestaron apoyo requerido.
Un suboficial al mando, no autorizó el contra-ataque, como era lo previsible, según la orden de operación que se había impartido semanas antes del salvaje atentado que dejó doce uniformados muertos, entre ellos el teniente Andrés Pulido, quien comandaba el destacamento militar y cinco soldados heridos.
Entre ellos estaban los soldados Jimy Javier Mosquera Méndez y José Villapool Muñoz Peña, cuyos familiares acaban de ganar la primera batalla para que el Estado les reconozca, en calidad de víctimas, una indemnización plena.
INMINENTE INCURSIÓN
La embestida subversiva fue perpetrada el 24 febrero de 2004, en desarrollo de una escalada de violencia en diferentes regiones del país. En este caso, todos presagiaban la incursión de la guerrilla.
El ataque estaba advertido. Días antes, las autoridades locales y voceros de la comunidad denunciaron la posibilidad del ataque.
Los mandos militares tenían información sobre la presencia de subversivos que estaban rodeando la pequeña población. Durante dos consejos de seguridad con los alcaldes de los municipios cercanos evaluaron la situación y les ofrecieron protección.
Ante esa inminente incursión armada los mandos militares diseñaron un plan de reacción y contrataque y un plan defensa, para repeler la acción armada.
“Deben extremar medidas de seguridad. Deben ejercer control del personal” indicaba una de las ordenes de operaciones. Nada sirvieron. Adicionalmente, los soldados llevaban dos meses en el mismo lugar. Aunque la orden era moverse, no lo hicieron.
SIN APOYO
Desde abajo los soldados campesinos, escucharon los disparos al segundo pelotón, en el cerro San Sebastián pero no hubo ningún apoyo.
“Nosotros esperábamos sólo ordenes, pero en ningún momento nos dieron órdenes. Tampoco dejaron dispar el mortero”, expresó uno de los soldados campesinos.
“Fue falta de mando, falta de verraquera, ya que nos habían comunicado que mi teniente estaba muerto”, relató otro soldado en el extenso expediente disciplinario.
“Nosotros no efectuamos ningún plan de reacción, los soldados campesinos no nos apoyaron en el momento del ataque, ellos llegaron al otro día ya cuando estaba aclarando”, relató el soldado José Gregorio Ninco, quien sobrevivió.
Esos testimonios, soportaron una acción de reparación colocada por los familiares de los soldados profesionales Jimmy Javier Mosquera y José Villapool Muñoz Peña.
OMISIONES PROTUBERANTES
Los dos militares, naturales de Pitalito y Saladoblanco, respectivamente, ingresaron al Ejército Nacional como soldados regulares el 2 de febrero de 1998 y el 9 de diciembre de 1999, respectivamente. El 26 de septiembre de 2001fueron incorporados como soldados profesionales, asumiendo los riesgos que asumían.
Sin embargo, las omisiones protuberantes, la imprevisión y la falta de apoyo se convirtieron en elementos claves para determinar la responsabilidad estatal y por lo tanto, la indemnización a los familiares de los dos militares. Esa decisión, adoptada por el Tribunal Administrativo del Huila, abre las puertas para otras acciones similares.
BATALLA JURÍDICA
Lograr la reparación, distinta a las garantías prestacionales a la que tenían derecho los uniformados muertos, no fue nada fácil.
El 14 de marzo de 201 el Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión de Neiva denegó las pretensiones, manifestando que los soldados profesionales en su calidad de servidores públicos al ingresar a las fuerzas militares en forma voluntaria aceptaron los riesgos que le son propios de la actividad militar. Esa es la tesis general que se argumenta en estos casos.
El despacho judicial, consideró que “el daño ocasionado no deja de ser el resultado de un acto propio de la actividad militar, razón por la cual los familiares de las víctimas podrían acceder sólo a la indemnización legal.
Además, concluyó que la falla en el servicio no quedó demostrada. Tampoco el riesgo excepcional y anormal que se les hubiere sometido a los soldados profesionales Mosquera Méndez y Muñoz Peña.
El Ministerio de Defensa explicó que la muerte de los soldados profesionales Mosquera Méndez y Muñoz Peña, ocurrió cuando desempañaban funciones propias de su cargo, sometidos a un riesgo inherente al servicio. Además, aunado a que la muerte de los uniformados fue ocasionada por un tercero (la guerrilla). “Por lo tanto- dijo- condenar a la institución por los daños ocasionados sería contrasentido”.
FALLO REVOCADO
La tesis inicial fue rebatida en segunda instancia. El Tribunal Administrativo acaba de revocar esta decisión y, en consecuencia, ordenó la indemnización plena y complementaria para los familiares de estos dos uniformados.
Para el magistrado Gerardo Iván Muñoz, los riesgos que asumen al ingresar voluntariamente a las fuerzas militares, no son suficientes para excluir la responsabilidad del Estado cuando existe omisión de apoyo en combate.
“No es posible afirmar que todo riesgo inherente a la actividad militar puede liberar o eximir de su responsabilidad al Estado, ya que de hacerlo se estaría sacrificando el pleno ejercicio de los derechos, y se negaría la tutela eficaz de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
La indemnización legal y la indemnización plena no son, en principio, excluyentes entre sí. En este caso, demostrada la falla en el servicio ordenó el pago de una indemnización equivalente a 700 salarios mínimos para los familiares de los dos militares.
La decisión, quedó en firme el 19 de enero pasado y hace tránsito a cosa juzgada. La medida, abre otra compuerta para la reparación de las demás víctimas.
Relevo en los mandos militares
El atentado a la base militar de Santa María y el asalto a los conjuntos residenciales Altos de Manzanillo y Casa Blanca, provocó una encendida reacción nacional que le costó la cabeza a los mandos militares de la zona.
Por una orden presidencial, el comandante del Ejército, general Martín Orlando Carreño, que llame a calificar servicios al general Héctor Martínez Espinel, comandante de la Novena Brigada.
Las dos acciones armadas provocó igualmente el retiro fulminante del director del DAS en Neiva, capitán Joaquín Espinosa; y del comandante de la Policía del Huila, coronel Hernando Soto Rodríguez.
Años después el general Héctor Martínez Espinel y otros tres oficiales fueron exonerados de toda responsabilidad por estos dos hechos. La Procuraduría General de la Nación concluyó que no hubo negligencia.
Desde entonces, los altos mandos se abstuvieron de concurrir a cocteles, ceremonias o festejos públicos.
Los solidados muertos durante la ofensiva guerrilla.
Graves omisiones facilitaron la violenta incursión armada.