La Ley 100 de 1993 instaló un modelo de salud que se encuentra desgastado y que ha producido estragos en la vida de los colombianos. La década del noventa consolidó la perspectiva neoliberal, se promovió la eficacia de los entes privados y los derechos se transformaron en mercancías. El sistema de salud se transformó en un mecanismo para acumular capital proveniente del Estado en arcas privadas; se llegó incluso a financiar campañas electorales con estos dineros. Se estima, de acuerdo con Fabio Serna (2023), que la Ley 100 produjo en un periodo de trece años (1998-2011) 5,4 veces más muertes que el conflicto armado en sesenta años.
El modelo de salud es perverso porque se concentra en el tratamiento de la enfermedad y no en su prevención. Con esto se lucran grupos empresariales que controlan las Empresas Promotoras de Salud (EPS) y las compañías farmacéuticas. Las mafias que tercerizan y juegan con la vida de las personas presionan para que los eslabones más débiles de la cadena, pacientes y personal de la salud, vivan en una constante precariedad que va aniquilando el bienestar ciudadano. Entre 1998 y 2011 ocurrieron en Colombia 2.677.170 muertes; de todas estas, 1.427.535 eran evitables si se hubieran atendido correctamente. Es decir, más de la mitad de esas vidas se hubieran podido salvar. Por otra parte, alrededor del 80% del personal que labora en el sector de la salud se encuentra tercerizado, lo cual afecta la garantía de este derecho fundamental. Los defensores del modelo aducen que lo público es ineficiente y que por eso nuestra salud debe estar en manos de los privados; sin embargo, las EPS vienen acumulando una deuda gigantesca con la red pública hospitalaria y con los prestadores privados de servicios, a pesar de que el Gasto Total en Salud pasó del 3.5% del PIB en los noventa al 8% en el año 2021. De 200 EPS se han liquidado 170, todas ellas por insolvencia financiera; entre 2003 y 2015 fueron liquidadas 102. En este momento existe una deuda de 16.6 billones de pesos por parte de las 27 EPS activas. Estas cifras evidencian un fracaso rotundo en términos económicos del actual modelo de salud.
Frente a esto se propone una reforma que debe ser discutida por el conjunto de la ciudadanía, de manera que se logre un sistema que cuide la vida. Este se centra en la prevención, la mejora de condiciones laborales, el fortalecimiento de un modelo público, el pago directo a prestadores públicos y privados y el avance científico y tecnológico. El debate está abierto y nuestros cuerpos andan cansados de esperar citas que suele cumplir primero la muerte.