El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, habla con LA NACIÓN y reitera su preocupación por la escalada de violencia que vive el país. Y lanza pullas: “El liderazgo se mide por la capacidad de escuchar, no de darle la espalda a las minorías o a quienes piensan diferente. Un gobernante fuerte escucha; uno débil, reprime”.
¿Qué opinión tiene frente a la crisis que vive el país por cuenta de la imparable racha de asesinatos de líderes sociales?
Vivimos tiempos difíciles en los que los actores armados ilegales libran una fuerte disputa por el control territorial, el narcotráfico aumenta, se escuchan palabras que creíamos no volverían a oírse como masacres, no cesa el asesinato de los líderes sociales y es contundente el clamor de la sociedad por justicia social, equidad y fin de la confrontación.
¿Cuál es la salida?
Ante el creciente clima de intolerancia y polarización, el Ministerio Público impulsa el diálogo social como un antídoto contra la violencia, convencido de que la obligación del Estado es escuchar a la ciudadanía, validar a quienes ejercen la oposición como interlocutores y garantizar la protesta social, que es un derecho fundamental. Respetar y escuchar las demandas de la oposición es la esencia de un Estado democrático. El liderazgo se mide por la capacidad de escuchar, no de darle la espalda a las minorías o a quienes piensan diferente. Un gobernante fuerte escucha; uno débil, reprime. Un líder demócrata respeta el disenso; no lo atropella. Un Estado fuerte asume el diálogo como fuente de autoridad.
¿En qué dirección se ha movido la Procuraduría General de la Nación?
La Procuraduría ha convocado con éxito cinco Cumbres de Diálogo Social que han concluido en la necesidad de que se eleve esta herramienta a política de Estado y sea declarada de uso privilegiado para tramitar conflictos y evitar la reedición de nuevos ciclos de violencia motivados por fenómenos políticos o sociales.
¿Cuándo será la sexta?
El próximo 29 de octubre se realizará la Sexta Cumbre con la esperanza de avanzar en la construcción de nuevos consensos y alternativas para atender las heridas y revitalizar el tejido social de Colombia. Escuchar y la vez ser escuchados es la clave para dejar atrás el ciclo de confrontación que ha mantenido el país sumido en un charco de sangre y al Estado contando cadáveres y haciendo declaraciones inocuas que no solucionan la crisis. La metodología implementada por el Ministerio Público para avanzar en el diálogo social es un activo social que debe ser apropiado por los líderes y las comunidades para que eche raíces profundas y se establezca como un instrumento efectivo para la administración y transformación de la conflictividad social.
¿Por qué promover el diálogo social?
Las Cumbres de Diálogo Social son una respuesta a la invitación que le hizo al país el Papa Francisco durante su visita a Colombia para generar una “cultura del encuentro fraterno que nos permita abrirnos a los hermanos, descubrir la riqueza de la diversidad, sanar heridas, tender puentes y abrir caminos para la convivencia en la justicia y en el bien común”. El diálogo social es un antídoto eficaz e insustituible para recuperar la salud de nuestra vida democrática. Un antídoto que está a la mano de todos. Solo basta voluntad política y generosidad para hacerlo de consumo masivo.
¿Cómo debe ser ese diálogo? ¿Qué tanto puede servir?
Se promueve el diálogo social, polifónico, respetuoso, propositivo, asertivo y productivo. Ese ha sido un compromiso vital desde el primer día. Por ello, hemos impulsado las Cumbres de Diálogo Social, para acercar a los extremos, vencer la polarización, desactivar la estigmatización de los líderes sociales, convocar a la sociedad civil y abordar los temas que generan inconformidades y motivan la protesta y movilización social. Se trata de un escenario para buscar soluciones a los problemas y salidas a la crisis, pero sobre todo construir confianza.
Siete meses y medio después, ¿Qué ha dejado la pandemia?
La pandemia del coronavirus ha aumentado las cifras de pobreza, demolido la confianza colectiva, disparado el desempleo, colapsado la industria, quebrado a la clase media y lanzado a la miseria a millones de ciudadanos. La protesta social hierve en los territorios ante la ausencia del Estado, su escasa respuesta a las demandas de las comunidades y su incapacidad para controlar los territorios. Ante ese panorama, la Procuraduría General de la Nación no mira para otro lado ni desconoce su obligación constitucional de trabajar para garantizar los derechos humanos. Con la Constitución en la mano asumimos nuestro compromiso de ser parte de la solución.