La Misión de Observación Electoral, MOE, registró 563 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales durante el 2020.
La violencia contra líderes políticos, sociales y comunales en el país se recrudeció durante 2020, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19.
Se registraron 563 hechos de violencia en todo el territorio nacional. Esto representa un aumento en los registros del 70 por ciento en comparación con 2018 y del 2 por ciento frente a 2019.
Según cifras de la MOE durante el 2020, 167 líderes fueron asesinados, un 32,5% más que en 2019. Los más afectados fueron los liderazgos sociales y comunales, frente a los cuales los homicidios incrementaron en un 80% y 50% respectivamente, en relación con el año anterior. No obstante, las amenazas fueron la agresión más reiterativa del año, con un total de 326 casos.
“Los ataques contra la vida de los líderes se concentraron en los departamentos de Cauca, Norte de Santander y Antioquia. Asimismo, la violencia se recrudeció significativamente durante el segundo semestre del año en los departamentos de La Guajira, Chocó y Nariño. Por lo que se requiere de la intervención urgente de autoridades del distinto orden territorial para proteger la vida de los líderes y lideresas en todo el país”, indica el informe.
“Para la MOE estas cifras resultan preocupantes, pues son evidencia del aumento acelerado en los patrones de violencia. Esta situación debe ser señal de alarma para las autoridades, de cara a los procesos electorales del 2022, ya que la MOE ha sido enfática en la existencia de una relación entre la violencia contra los liderazgos y los hitos del calendario electoral”, asegura un comunicado de la entidad.
Con relación a las zonas en el país en las que se implementaron los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), se registraron 268 hechos violentos durante el año anterior y ocurrieron 102 homicidios, es decir, que “concentran el 61 % de las muertes violentas del país”. En todos los 16 espacios priorizados en el país, que corresponden a los más afectados por la debilidad institucional, la pobreza, las economías ilícitas y el conflicto arado, se presentaron hechos de violencia contra los liderazgos locales.
“En estas zonas, los embates del conflicto y la débil presencia del Estado se combinan con diversos grupos o intereses que buscan el control de las mismas, quedando en medio distintos líderes que trabajan para proteger su territorio”, dijo Alejandra Barrios Cabrera, directora de la MOE.