En el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro que se conmemora este 28 de septiembre, diversas organizaciones que trabajan por los derechos sexuales y reproductivos han denuncian el surgimiento de nuevas barreras y la profundización de las existentes para acceder a este procedimiento.
Lucía Sánchez
La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), aún en situaciones ya despenalizadas en Colombia desde hace 14 años, es una práctica estigmatizada. Actualmente, la pandemia ha agudizado las barreras para que las mujeres puedan acceder a este procedimiento.
En el país, se reconoció el derecho de las mujeres a acceder a la IVE bajo la Sentencia C-355 de 2006, en las tres circunstancias reconocidas por la Corte Constitucional: cuando el embarazo es producto de violación, implica un peligro para la vida de la mujer o existe una malformación del feto.
En el departamento, la Red Huilense de Acompañamiento en Derechos Sexuales y Reproductivos Rhuda, es una de las organizaciones que, en medio de la crisis sanitaria, ha seguido prestando el servicio de asesoría y apoyo a las mujeres que desean interrumpir su embarazo.
Dana Barrera, integrante de Rhuda, asegura que “nuevas barreras se sumaron a las existentes para acceder a este procedimiento. En el Huila, nos hemos enfrentado a casos en los que las entidades de salud dicen que nos prestan el servicio de IVE, de hecho, hubo un caso donde ayudamos a una chica para que se trasladara a la ciudad de Neiva porque en su municipio no le garantizaron este derecho”.
Según la politóloga, a razón de la pandemia, un argumento que han venido manifestando las IPS y EPS “es que esta no es una atención vital, que se deben sacar citas médicas, lo cual está rotundamente prohibido por la ley”.
La emergencia sanitaria, también evidenció, de acuerdo a Barrera Yate, “que las mujeres optan por hacer un ejercicio de aborto en casa para no enfrentarse a todas estas trabas institucionales. El Huila no es ajeno a esta situación, de hecho, se presentó un aumento de este procedimiento en casa que no es necesariamente inseguro, pero sí muy alejado del sistema de salud”.
Para la médica, Erika Saldarriaga, también activista e integrante de esta organización, “una de las principales y persistentes barreras para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, es que muchas instituciones de salud todavía no tienen claros los alcances de la sentencia que reconoció el derecho de las mujeres a este procedimiento, aunado a que tampoco tienen una difusión clara de las rutas de atención para las pacientes que deseen acceder a esta práctica. Lo anterior orilla a las mujeres, a desistir del aborto por las vías institucionales y seguras; y a optar, por comprar pastas en la farmacia que terminan dejando complicaciones”.
A lo anterior, según Saldarriaga, se suman unas nuevas barreras, entre estas, el temor de las mujeres a asistir a un centro de salud donde se pueden contagiar de covid-19.
Además, “hay centros médicos que no consideran este procedimiento una urgencia y ponen muchas trabas, a pesar de que legalmente se debería resolver, en menos de cinco días. En Neiva, al menos se ha hecho un ejercicio de concientización sobre el tema, tenemos a Profamilia, la información circula más fácil, pero en municipios alejados, donde hay hospitales de primer nivel, todo es más complejo para las mujeres, empezando porque tienen que desplazarse a otra ciudad”, complementa la médica.
Barreras en regiones
El 24 de abril el Ministerio de Salud publicó un comunicado con el que aclaró que las instituciones prestadoras de salud, aún en medio de la pandemia, tenían que continuar con la atención relacionada con la salud sexual y reproductiva, lo cual incluye la asesoría y suministro de métodos anticonceptivos y las IVE que se amparen dentro de las tres circunstancias despenalizadas por la Corte Constitucional. Pese a este lineamiento, las barreras no se han hecho esperar en medio de la pandemia.
La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres es otra organización social que trabaja con mujeres que necesitan acceder a la IVE. Su misión principal es brindar acompañamiento legal para que el servicio se entregue a través del sistema de salud.
Según un estudio de esta organización, entre el 1 de marzo y el 31 de agosto de 2020, La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres acompañó a un total de 65 mujeres, niñas y adolescentes, que enfrentaron barreras de acceso a la IVE. De ellas, 22 casos corresponden a migrantes venezolanas y cinco a mujeres pertenecientes a comunidades indígenas.
La mayoría de mujeres acuden a La Mesa cuando se encuentran en el segundo o tercer trimestre y han recibido ‘peros’ por parte del sistema de salud. De acuerdo al informe de la entidad, del total de casos atendidos, el 31,2% se encontraba dentro del primer trimestre del embarazo; el 48,4%, dentro del segundo trimestre; y el 20%, en el tercer trimestre.
Embarazos no deseados
La Red Huilense de Acompañamiento en Derechos Sexuales y Reproductivos Rhuda, también alerta sobre dos situaciones que podrían haber disparado los embarazos no deseados en el confinamiento social, el difícil acceso a métodos anticonceptivos y la violencia sexual, una de las más preocupantes en el entorno intrafamiliar.
“Durante el confinamiento total fue difícil el acceso a anticonceptivos porque muchas instituciones no priorizaron esos servicios, cerraron consulta externa, dejaron solo urgencias, y las mujeres no pudieron asistir a sus controles de planificación familiar, ahí tuvimos una dificultad bastante amplia”, expresa la activista, Erika Saldarriaga.
A esto se le suma, que, según el Instituto Nacional de Salud, el Huila está ocupando el vergonzoso primer lugar en violencia de género e intrafamiliar, donde la violencia sexual presenta una preocupante incidencia. “Todo esto va siendo un caldo de cultivo para el aumento de los embarazos no deseados”, finaliza la médica.
Por lo anterior, diversas organizaciones hacen un llamado a las instituciones a garantizar el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y eliminar las barreras que siguen enfrentando para acceder a este servicio de salud.
Campaña de sensibilización
La Red Huilense de Acompañamiento en Derechos Sexuales y Reproductivos, Rhuda, en el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, este 28 de septiembre desarrollará una jornada de incidencia sobre el tema, en articulación con instituciones de salud y diversas entidades, en los municipios de Neiva, Garzón, La Plata y Pitalito.
“Nos propusimos hacer un ejercicio de incidencia hacia las instituciones que deben garantizar La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), pero también, frente a las mujeres que requieran esta práctica”, indicó Dana Barrera, integrante de esta organización.
Rhuda es una articulación regional de activistas conformada por trabajadoras sociales, psicólogas, médicas, psicólogas, profesoras, politólogas y otras profesionales, que procuran brindar un acompañamiento integral a las mujeres que quieren interrumpir su embarazo.
Aborto en cifras
➤En 2006 la Corte Constitucional despenalizó parcialmente el aborto en Colombia y exigió que los centros de salud, públicos y privados, tengan personal capacitado para prestar el servicio de interrupción voluntaria del embarazo, pero, aun así, solo el 11 % de estos tienen rutas de atención.
➤Entre 1998 y el 2019, a la Fiscalía General le llegaron 5.833 denuncias por delitos de aborto en Colombia.
➤En el país, según Profamilia, se realizan cada año 398.000 abortos clandestinos, de ellos se estima que el 30 % presenta algún tipo de complicación y el 10 % desencadena en la muerte de la gestante.
➤De acuerdo a Profamilia, cerca de 70 mujeres mueren anualmente en Colombia por abortos clandestinos
Departamentos con mayor crecimiento de noticias criminales por aborto en 2019
Huila ————– 125%
Putumayo ———100%
Cesar —————-50%
Antioquia ——-35,70%
Quindío ————25%
Tolima ———-18,80%
Fuente: Fiscalía General de La Nación.
