La Comisión de Seguimiento a Delitos Electorales advierte que antecedentes disciplinarios de excombatientes frenarían la posibilidad de que puedan inscribirse. El procurador asegura que no cuenta con mecanismo para suspender estas sanciones.
A pocos días de que se abran las inscripciones para candidatos al Congreso, la Comisión de Seguimiento a Delitos Electorales alertó por un lío de orden jurídico y administrativo que podría dejar por fuera de esta posibilidad a excombatientes que estén pensando en postular sus nombres para la contienda.
Según lo advirtió el registrador Juan Carlos Galindo Vacca, para la inscripción de las candidaturas se requiere que el certificado de antecedentes disciplinarios aparezca en limpio, lo cual no ocurre en el caso de exguerrilleros y el efecto inmediato sería la suspensión de sus derechos políticos.
Aunque el Consejo Nacional Electoral tendría la última palabra sobre si inscribe o no estas candidaturas, la decisión que se tome podría tener posteriores implicaciones como nulidades o incluso la comisión de delitos. Por ello, Galindo en nombre de la Comisión exhorta al Congreso, al Gobierno y a la Corte Constitucional para que busquen, en el marco de sus competencias, una solución inmediata.
Este escollo se suma a los muchos que se han registrado en el marco de la implementación de la Justicia Especial para la Paz (JEP) y los acuerdos de paz con las Farc.
Precisamente, este viernes se conoció la carta del procurador Fernando Carrillo le envió al Alto Consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo Rueda y al Ministro del interior, Guillermo Rivera, en la que advierte sobre a falta de un mecanismo que permita registrar el efecto suspensivo de sanciones que existan en contra de algunas personas que busquen acogerse a la JEP.
“Para efectos de definir las condiciones en que dichas personas puedan ejercer cargos o tareas públicas, y participar en procesos electorales, es preciso establecer el mecanismo jurídico que permita registrar el efecto suspensivo”, precisa el documento.
Si bien el Ministerio Público reconoció el artículo que establece la interrupción de acciones disciplinarias y penales que cursen en contra de “los miembros de organizaciones rebeldes que hayan firmado un acuerdo de paz con el Gobierno”, también precisó en su misiva que no disponía hasta el momento de un mecanismo que le permita registrar esa suspensión en el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causales de Inhabilidad (SIRI).
Por ese motivo, la Procuraduría solicitó la aprobación de una norma de carácter reglamentario que le permita registrar la novedad de suspensión de penas, lo mismo que evaluar si es necesario incluir una norma específica en el contenido de la Ley Estatutaria de la JEP que se tramite ante el Congreso de la República. Cabe recordar que se trata de una carrera contra el tiempo ya que el 11 de diciembre cierran las inscripciones de candidatos y el 30 de noviembre se cierra la posibilidad de tramitar proyectos por la vía del fast track.
La petición de la Procuraduría se conoce luego de que los integrantes del nuevo partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, la Farc. Anunciaran que Rodrigo Londoño Echeverry, quien fuera máximo comandante de los secretariados de la guerrilla, será su candidato a la presidencia y que otros miembros del antiguo secretariado, Iván Márquez y Jesús Santrich, encabezarán la lista de candidatos a Senado y Cámara, respectivamente.