El gobierno Santos, manifiesta interés de asumir la responsabilidad política, jurídica y económica, para generar condiciones para construir la paz. Dice el Ministro que será con ingeniería y arquitectura nacionales. El gobierno Santos, manifiesta interés de asumir la responsabilidad política, jurídica y económica, para generar condiciones para construir la paz. Dice el Ministro que será con ingeniería y arquitectura nacionales.
Deben asegurarse, que esa ingeniería no sea al estilo de los criminales Nule, o de otros muchos delincuentes, esparcidos por la geografía nacional, al asecho para pescar en cualquier río revuelto. Evitarlos será el primer desafío.
Mucho han hablado de paz, los gobiernos, los políticos y hasta los especuladores del mismo cielo azul. Hasta ahora, todo ha sido engaño, oportunismo calculado y especulación mezquina. Para algunos el conflicto es un negocio. El vergonzoso ranking, en inequidad y desarrollo humano, que afronta y padece Colombia, evidencia todo.
La construcción de la paz nacional, demanda una profunda reingeniería, del marco legal y práctica del poder político y económico equitativos y con estos, la redefinición y práctica del derecho a la propiedad, en general y a una vida digna, para todos. No puede ser simple discurso retórico. Ahí está el detalle y lo difícil.
¿Los dueños seculares del poder económico y político lo permitirán?
Resolver el problema de la estructura de tenencia de la tierra, no es fácil. La solución de este problema es vertebral, para la construcción de condiciones de paz. Gamonales políticos y empresarios de genuina estirpe derechista y retardataria, harán lo que sea necesario para impedirlo. Tienen mucho poder.
Basta recordar cifras: 0.4% de propietarios, poseen títulos del 61% de las mejores tierras cultivables y predios superiores a 500 hectáreas. 2.428 familias controlan el 53% de las tierras cultivables. 2.2 millones de familias campesinas sobreviven en el resto. El resto de familias no tienen nada. Hay más de 9 millones de familias colombianas.
La construcción de paz, demanda profundos cambios jurídicos y desarrollo y acatamiento pleno de las normas sociales y económicas, consagradas en la constitución del 91. El desafío es cósmico. Exige enfrentar intereses poderosos, de la clase política, de las grandes empresas nacionales e internacionales, usufructuarias seculares del poder económico y político colombianos.
El presidente Santos, dice que los que más tienen, deben tributar más. El predicado es correcto, sano y progresista. Del dicho al hecho hay mucho trecho.
¿Qué hará con la seguridad inversionista y con la locomotora minera, que por exenciones, deducciones y elusión, deja de pagar al fisco, más de $10 billones por año? La paz demanda esos dineros.
El marco jurídico, para la construcción de la paz, exige práctica plena y total de soberanía. Debe ser amplio. No como el Uribe, que lo pretendió y lo insistió siempre, solo para los narcoparacos. Claro, cada quien da de lo que tiene.
En ese Marco Jurídico transicional, deben caber todas las organizaciones al margen de la ley y los militares y policías encartados, con problemas directamente relacionados con el conflicto interno. La normatividad legal transicional, lo debe definir, reglamentar y regular. Ojalá esta vez sí haya verdad.
