“Derecho, política y sociedad”
Germán Alfonso López Daza*
La fuerte ola invernal que azota a gran parte del país y el paso del huracán Iota por la costa Caribe -que impactó directamente a San Andrés y devastó a Providencia-, puso en evidencia la fragilidad de la población que está en la línea de pobreza, la cual es la que sufre con mayor rigor los estragos de los fenómenos naturales.
Cuando el país no se acaba de reponer por las consecuencias económicas y sociales producidas por la pandemia del Coronavirus, ahora debe enfrentar la catástrofe ocasionada por el desbordamiento de ríos en varios departamentos, así como la anegación de grandes áreas de cultivos, afectando directamente a los sectores sociales más necesitados.
En Colombia, buena parte de las familias que viven en la pobreza extrema tienden a asentarse en áreas marginales y de alto riesgo como en las riberas de los ríos, laderas y zonas inestables que forman amplios cinturones de miseria en las grandes ciudades. Estas personas son especialmente las más vulnerables a las catástrofes naturales.
Según estimaciones de la ONU, cada año los desastres cuestan a la economía mundial aproximadamente 520 mil millones de dólares, desplazando a millones de personas y empujando a muchos de ellos a la pobreza extrema.
En el mismo sentido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), indicó que la pobreza extrema en Colombia subiría al 14,3% en 2020, desde el 10,9% registrado en 2019. Sin embargo, con la presente emergencia invernal se desconoce si estas previsiones podrían subir aún más.
Preocupa que los recursos para la atención a esta población junto con los que serán destinados para la reconstrucción de San Andrés y Providencia sean insuficientes y, como ha ocurrido tradicionalmente con anteriores tragedias naturales, se malgasten o se desvíen hacia la corrupción.
El Gobierno nacional tiene el gran reto de ayudar a los más necesitados que han sufrido con rigor la temporada invernal y la devastación producida por el huracán, evitando que nuevamente se caiga en la desilusión por la tradicional ineficacia del Estado frente a las emergencias. (*Dir. Grupo Nuevas Visiones del Derecho – USCO).