El abogado Hugo Tovar Marroquín analiza cuáles son los principales aspectos que rodean la polémica sobre la Reforma a la Justicia. El abogado Hugo Tovar Marroquín analiza cuáles son los principales aspectos que rodean la polémica sobre la Reforma a la Justicia. NELSON ROJAS OSORIO LA NACIÓN, NEIVA Al parecer la Reforma a la Justicia que avalaron en el Congreso de la República tuvo un antecedente legislativo que fue
el que creó el marco conceptual para que los congresistas votaran a su favor la polémica ‘contrareforma’. Se trata, según el abogado Hugo Tovar Marroquín, de un precedente que ha pasado inadvertido, cual es el de haber modificado a comienzos de este año, a través de otro acto legislativo, la norma que establecía el conflicto de intereses de los congresistas en las reformas constitucionales. Esto fue lo que permitió que el Congreso, con el beneplácito del Gobierno, estableciera normas que benefician a los congresistas sancionados e investigados, lo mismo que a ciertos aforados. ¿Qué opinión le merece la Reforma a la Justicia que se aprobó en el Congreso? Deplorable que la administración de justicia hubiera sido objeto de tan grotesco manoseo por parte del Gobierno, de las mayorías parlamentarias de Senado y Cámara, de magistrados de las Altas Cortes y de los partidos que intervinieron en su diseño y aprobación. Lo que comienza mal termina mal. Ya desde la presentación del proyecto de acto legislativo se vislumbraba lo que sería un bodrio que nada iría a resolver sobre los males, ya endémicos, en uno de los servicios básicos a cargo del Estado, como lo es la justicia. A la reforma todo el mundo quiso meterle mano y al final nadie ha querido responsabilizarse de los desafueros. ¿Cuáles fueron las principales barbaridades aprobadas en su concepto? Existe un precedente que ha pasado inadvertido, cual es el de haber modificado a comienzos de este año, a través de otro acto legislativo, la norma que establecía el conflicto de intereses de los congresistas en las reformas constitucionales. Esto fue lo que permitió que el Congreso, con el beneplácito del Gobierno, estableciera normas que benefician a los congresistas sancionados e investigados, lo mismo que a ciertos aforados. El Gobierno de Santos fue complaciente con el Congreso en esos despropósitos, porque el Presidente quiere estar bien con todo el mundo, satisfacer todos los apetitos e intereses, y por eso tenemos una reforma que no sirve para nada, excepto para favorecer intereses de altos dignatarios y no para solucionar los problemas más agobiantes de la administración de justicia. Todo esto ha sido de veras una barbaridad jurídica y política. ¿Quiénes y cómo se beneficia con esta reforma a la justicia? Lástima que su pregunta no pudiera estar orientada a señalar en qué medida los ciudadanos y las personas en general se benefician de la reforma. Es duro reconocer que los principales beneficiaros de la reforma son quienes la aprobaron e intrigaron en su propio beneficio. Los cambios de competencias en materia de investigación y juzgamiento y en cuanto a inhabilidades, son tan graves como la ampliación del período de los magistrados y la edad de retiro forzoso, por ser el resultado de indebidas concesiones e intrigas entre ramas del poder. ¿Qué se puede esperar de una reforma que entra cojeando frente a una justicia que siempre ha cojeado? ¿Cuáles son realmente los problemas de la justicia colombiana actualmente? Uno es la falta de confianza de los asociados en la administración de justicia. Esto es en extremo grave. Otro, la morosidad desesperante en el trámite de los procesos, que es una forma perversa de denegación de justicia. También las limitaciones en materia de financiación es otro problema mayúsculo, pues con tantos conflictos sociales, en materia penal, civil, laboral, de familia, en fin, cualquier dinero es insuficiente para solucionar la congestión de los despachos judiciales. Toda esta congestión deviene en buena parte de una espiral de injusticias que se reciclan y a su vez incrementan esos mismos conflictos. ¿Qué es lo que realmente se debe cambiar en el Congreso en relación a la justicia colombiana? Todos los factores que inciden en la mala calidad de la justicia y en la falta de confianza en ella, lo mismo que en la congestión, sin desconocer que vivimos los embates de una monstruosa contracultura que destruye valores morales y transforma negativamente realidades sociales. También debe restablecerse el fuero militar, para bien de nuestra Fuerza Pública. Lo cierto es que un país que no conoce la verdadera exaltación de su justicia como supremo valor de la sociedad, está condenado a permanecer en la barbarie. ¿Qué medida debe adoptar el presidente Juan Manuel Santos frente al tema? Es el gran responsable político de esta debacle. Repito, es el resultado de querer satisfacer a todo el mundo, desde los intereses más mezquinos de congresistas hasta los más oscuros de quienes por la fuerza de las armas ilegales pretenden destruir el Estado y establecer un nuevo régimen. Ahora el Presidente está en una encrucijada, pues desconocer el poder constituyente del Congreso, por absurdo este que sea, pondría al país al borde del caos. Ya el Congreso no tiene competencia para rectificar la reforma o, mejor, la ‘contrareforma’. La fórmula de objetar el acto legislativo es paliativa, transitoria, pues la solución de fondo la tendría la Corte Constitucional. Entretanto, que entre el Diablo y escoja.
