Los límites que impone nuestro modelo político, social y económico dificultan una reforma radical para el Congreso, sin embargo algunos cambios en lo político y lo electoral podrían facilitar ciertas reformas al parlamento, especialmente en lo referente a la corrupción y cúmulo de privilegios. Actualmente padecemos de un perverso y antidemocrático sistema electoral, que permite que la obtención de votos esté ligada al poder económico de la campaña, los electores son comprados bajo varios mecanismos; a su vez los financiadores de los políticos, una vez elegidos, reclaman la contraprestación por su inversión.
El gobierno ha nombrado una misión para una reforma electoral y el presidente ha propuesto que sea el Estado el único que financie las campañas, al menos por determinado tiempo. Aunque son muchos los contradictores del financiamiento oficial, del voto obligatorio y de la lista única, sería conveniente experimentar esta modalidad, pues la actual es un total fracaso; dicho cambio podría reducir los efectos del poder económico y la compra de votos, dificultar la injerencia de los financiadores al aumentar el porcentaje de votación y desaparecer las costosas campañas individuales del voto preferente. Dicha financiación oficial obligaría a mejor organización de los partidos por el trabajo permanente, carnetización de afiliados y elaboración de un programa del partido, en especial para que sea la principal motivación para el elector. Por supuesto que se necesitarían una serie de medidas complementarias como un régimen estricto para los valores a financiar, sanciones a quien compra o vende votos, etc.
No nos hagamos ilusiones sobre las reformas en las cuales intervenga el Congreso, estas no erradicarán las causas de los problemas, ya que esto afectaría sus privilegios, aspecto tratado en anterior entrega. Han sido muchas las propuestas frustradas de quienes han promovido la revocatoria o la reducción salarial; dicha limitación, unida a la apatía y desconocimiento del entorno político de la mayor parte de la población, hacen que no existan condiciones para una reforma estructural; por tanto la referida misión electoral y el reciente código de ética para congresistas en nada cambiará la situación; en cuanto al referendo que está en marcha para reducir sueldos de congresistas, puede tener dichos inconvenientes, ojalá logre su objetivo, y aunque es un mecanismo limitado, estimularía acciones más contundentes como la presión popular para la convocatoria a una Constituyente que permita cambios en todos los aspectos. Aunque se perdió una buena oportunidad cuando en el Acuerdo de paz no hubo compromisos para cambios estructurales, pues se aceptó que nuestro modelo de Estado sería intocable; ojalá en el proceso con el ELN esto se corrija.rodovaldi@hotmail.com