Las enfermedades mentales son alteraciones de tipo emocional, cognitivo y/o de comportamiento en las cuales se ven afectadas las emociones, la motivación, la cognición, la conciencia, la conducta, la percepción, la sensación, el aprendizaje o el lenguaje. Esto hace que a las personas que padecen enfermedades mentales les sea difícil adaptarse al entorno cultural y social en el que viven, con el sufrimiento que eso conlleva.
Y es que según la Organización Mundial de la Salud, las condiciones generadas por la pandemia del COVID-19 han llevado a un aumento en el número de personas con nuevas condiciones de salud mental o que experimentan un empeoramiento de condiciones pre-existentes. Por ejemplo, la depresión es hoy uno de los principales trastornos que está afectando a la población. También se han incrementado las cifras de suicidios y de intentos de autoeliminaciones.
Semejante realidad se agrava con las barreras que tienen los pacientes con problemas de salud mental a la hora de buscar atención profesional. Por eso, no es honroso que el Huila sea hoy uno de los cinco departamentos del país en los que no exista una política de salud mental.
“Se evidencia que las EPS no cuentan con suficientes redes de prestadores de servicios, lo que genera falta de oportunidad en la atención de pacientes. Tampoco existe continuidad en los tratamientos de quienes padecen enfermedades mentales y se evidenciaron deficiencias en la atención de los programas de drogadicción”, hacen parte de las observaciones que ha emitido la Defensoría del Pueblo sobre el tema.
Que la Gobernación del Huila y las Alcaldías establezcan la salud mental como un componente fundamental en sus agendas, se hace hoy imperativo. Claramente, se necesitan programas que incluyan no sólo la ocupación de los trastornos mentales sino la promoción de la salud mental.
Como reza la Organización Mundial de la Salud: “No hay salud sin salud mental”.